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EL DIARIO digital
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El Parlamento de Israel dio un paso que promete escalar la tensión interna y externa: aprobó una ley que habilita la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinatos terroristas. La votación en la Knéset fue ajustada pero contundente: 62 votos a favor y 48 en contra, tras casi 12 horas de un debate cargado de acusaciones cruzadas.
La iniciativa no solo endurece el esquema punitivo, sino que introduce una grieta jurídica explosiva: en la práctica, la norma apunta directamente a los palestinos residentes en Cisjordania.
Pena de muerte "automática" y justicia en dos carriles
El núcleo de la reforma es claro: los tribunales militares deberán imponer la pena capital como regla general en casos de terrorismo cometidos por palestinos en Cisjordania. La cadena perpetua queda relegada a excepciones poco definidas, lo que deja margen a interpretaciones —y sospechas.
En contraste, los ciudadanos israelíes seguirán siendo juzgados en tribunales civiles, donde la pena de muerte no es obligatoria y enfrenta más restricciones. Traducido al lenguaje llano: un mismo delito, dos sistemas judiciales, dos posibles destinos.
Netanyahu y la línea dura: respaldo político total
El primer ministro Benjamin Netanyahu no solo avaló la medida, sino que bajó al recinto para votar a favor. Detrás del proyecto aparece la figura del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, referente del ala más dura del gobierno.
- "Se acabó la impunidad", lanzó Ben Gvir, en un mensaje que apunta tanto a la opinión pública israelí como a los actores del conflicto. La narrativa oficial es clara: más castigo, más disuasión.
- Derechos humanos en alerta: "Ley inmoral y discriminatoria"
Desde la oposición y organismos de derechos humanos, la reacción fue inmediata. Legisladores denunciaron que la ley es "populista, inmoral y no igualitaria", mientras que diversas organizaciones advierten que institucionaliza una discriminación legal basada en la identidad.
El punto más crítico: la norma, tal como está redactada, prácticamente excluye a ciudadanos judíos israelíes de enfrentar la pena capital, incluso en casos de terrorismo. La vara no es la misma, y eso enciende alarmas dentro y fuera de Israel.
Un precedente con impacto regional
La ley no será retroactiva —ni siquiera alcanzará a los responsables de los ataques del 7 de octubre—, pero abre la puerta a un escenario judicial inédito en la región. También deja planteado un interrogante incómodo: hasta qué punto esta medida busca justicia y hasta qué punto responde a una lógica política de endurecimiento.
En medio de un conflicto que ya acumula décadas de tensión, la decisión del Parlamento israelí no pasa desapercibida. Es, en los hechos, un mensaje de poder. Y como todo mensaje de este calibre, no llega sin consecuencias.
