"Sin industria no hay nación": La respuesta de la UIA a los dardos de Milei
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EL DIARIO digital
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La entidad que agrupa a las pymes envió una nota al Senado para que se supriman los artículos 126 al 132 del proyecto. Señaló riesgos de "inseguridad jurídica y conflictividad laboral" y cuestionó cambios sobre aportes, convenios por empresa y la facultad del Estado para suspender acuerdos.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se pronunció sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y alertó que algunos cambios propuestos, especialmente en materia de negociación colectiva, podrían derivar en mayor inestabilidad y disputas en el ámbito laboral.
En una nota enviada al Senado, la entidad solicitó la supresión de los artículos 126 al 132 del texto, al considerar que su aplicación podría contrariar el objetivo de la reforma y abrir un escenario de incertidumbre para empleadores y trabajadores. En ese planteo, la CAME sostuvo que las modificaciones proyectadas afectarían el marco de los convenios colectivos y el equilibrio de las partes.
"El artículo modificatorio de la ley de negociación colectiva vigente desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral. Además de resultar incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados, y cuya consecuencia será generadora de mayor imprevisibilidad y conflictos", expresó la organización en el documento.
En relación al artículo 128, la CAME cuestionó que se veten los aportes obligatorios para asociaciones empresarias mientras se preservan los de los sindicatos. Consideró que esa diferencia sería desigual y discriminatoria, con impacto directo en la representación patronal a nivel nacional y en el equilibrio de las negociaciones colectivas.
Sobre los artículos 130 y 131, la entidad objetó el criterio de priorizar convenios por empresa por encima de los sectoriales. A su entender, esa lógica fragmentaría el marco regulatorio de las actividades económicas, generaría disparidades salariales "injustificadas" y vulneraría el principio de igual paga por igual labor.
Además, la CAME también apuntó contra el artículo 132, al advertir que otorga al Estado la potestad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como "distorsiones económicas graves" o "interés general". Según la cámara, se trata de una facultad discrecional que suma imprevisibilidad y dificulta la planificación tanto de empresas como de trabajadores.
El texto fue firmado por el presidente de la CAME, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn. Allí remarcaron que las recomendaciones buscan construir una norma que asegure "estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad".
De acuerdo con lo planteado, el oficialismo intentará aprobar la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias previsto del 2 al 27 de febrero.
