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EL DIARIO digital
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El Senado trata la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. El gobierno de Alfredo Cornejo cuenta con los votos para aprobarlo, mientras organizaciones socioambientales denuncian riesgos hídricos y falta de información técnica.
Mendoza vive este martes una jornada decisiva. Desde las 9.30, la Cámara de Senadores debe votar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino —conocido como mina San Jorge— en Uspallata. Con capitales suizos y argentinos, la iniciativa prevé una inversión total de US$559 millones y podría operar durante 27 años. El despacho ya cuenta con la aprobación de Diputados y hay un escenario favorable al gobernador Alfredo Cornejo, quien impulsa el desarrollo minero como uno de los pilares de su gestión.
"Mi primer mandato fue poner la casa en orden, pero ahora nos hemos propuesto abrir la casa al progreso, y la minería será el motor de ese progreso", dijo Cornejo en marzo. El mandatario recibió este lunes el respaldo del presidente Javier Milei: "Esta nueva Argentina crecerá de la mano del campo, la energía y la minería", publicó en X.
El oficialismo también buscará avanzar con otras tres iniciativas: el Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y las DIA del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II.
Protestas y fuerte operativo de seguridad
La sesión transcurre en un clima de tensión. La Asamblea Popular por el Agua convocó a una movilización masiva bajo la consigna "El agua no se negocia". Desde el lunes, manifestantes marchan hacia la capital provincial para concentrarse frente a la Legislatura. El gobierno ordenó reforzar la seguridad ante la posibilidad de incidentes.
Las organizaciones socioambientales alertan por el impacto que la megaminería podría tener sobre las reservas hídricas en una provincia que atraviesa 15 años de sequía. Señalan dos riesgos centrales: la contaminación de la cuenca de Uspallata —que desemboca en el río Mendoza, del que dependen más de 1,5 millones de habitantes— y el aumento del estrés hídrico por el uso intensivo de agua en la explotación del cobre. Como antecedente mencionan el derrame de cianuro ocurrido en 2015 en Veladero, San Juan.
Marcelo Giraud, geógrafo de la UNCuyo e integrante de la Asamblea, sostuvo a TN: "No tenemos garantías de que la mina, tal y como está diseñada y aprobada por el gobierno, no pueda llegar a contaminar con sustancias tóxicas el acuífero de Uspallata".
La ministra de Ambiente, Jimena Latorre, rechazó las críticas: "Es falso que haya riesgos de contaminación de la cuenca del Mendoza", aseguró. Sin embargo, informes del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo señalan que la información presentada por la empresa es "insuficiente" o "deficiente" para evaluar el verdadero impacto.
Dudas por el empleo y diferencias en los números
Otro punto en debate es el esquema de empleo que promete la compañía. En el expediente oficial se mencionan 1200 trabajadores para la etapa de construcción y 700 para la operación. No obstante, en un comunicado de enero la propia empresa habló de 3900 empleos en la fase de obra y 2400 en la operación, cifras que no coinciden con la documentación técnica presentada.
TN consultó a la firma por estas diferencias y las denuncias de posibles riesgos ambientales, pero no obtuvo respuesta.
El antecedente de 2019 pesa sobre la discusión
La provincia tiene un antecedente reciente marcado por protestas históricas. En diciembre de 2019, el entonces gobernador Rodolfo Suárez impulsó cambios a la Ley 7722 —que desde 2007 restringe el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la minería metalífera— para flexibilizar la actividad. La reacción social fue inmediata: miles de mendocinos protestaron en defensa del agua, con marchas masivas y cortes de ruta. En menos de diez días, el gobierno debió dar marcha atrás y restituir la normativa original.
Ese episodio vuelve hoy como referencia obligada para quienes advierten que aprobar el proyecto San Jorge implica reabrir un conflicto ambiental y político de alto impacto. El Senado definirá si Mendoza retoma el camino de la megaminería o si mantiene el freno que la sociedad impuso hace cinco años.
