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EL DIARIO digital
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El juez Marcelo Dos Santos declaró la caducidad de instancia en el expediente iniciado por Vialidad Nacional. En paralelo, el fuero penal avanza con la ejecución de bienes dispuesta en la condena por administración fraudulenta.
El Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, declaró la caducidad de instancia en la demanda civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, por un reclamo de $22.300 millones.
La decisión respondió a un planteo de la defensa de la expresidenta, encabezada por Luis Goldin, que alegó inactividad procesal por más de seis meses. El magistrado entendió que correspondía aceptar el pedido ya que "el incidente de perención de la instancia no es interruptivo del plazo, sino estrictamente suspensivo".
En su fallo, Dos Santos remarcó que la caducidad no busca castigar la negligencia de las partes, sino "evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y de una buena administración de justicia".
De esta manera, la vía civil quedó cerrada, aunque en el fuero penal el Tribunal Oral Federal 2 mantiene vigente el decomiso de bienes. El TOF rechazó recientemente un pedido de Cristina Kirchner para frenar la ejecución, y ratificó que el monto fijado en la condena es "inconmovible" en esta etapa del proceso.
La expresidenta volvió a rechazar el criterio utilizado por los peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver y negó tener bienes relacionados con los delitos por los que fue condenada. "No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto de ese episodio", afirmó en su presentación.
Los jueces del TOF recordaron que el fallo por administración fraudulenta contra el Estado ya fue revisado en distintas instancias, y descartaron la existencia de arbitrariedad. Cristina Kirchner anticipó que, si la Cámara de Casación no le da la razón, llevará el caso a la Corte Suprema e incluso a organismos internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 2 sigue adelante con la ejecución de la sentencia.
