La Pampa

Extorsión con planes sociales: disputa por la competencia de la investigación

Tanto el juez federal Baric como la jueza provincial Florencia Maza interpretaron que no corresponde a sus jurisdicciones establecer si hubo integrantes de organizaciones sociales que cometieron delitos. Define la Corte Suprema.

Una disputa por la competencia de la investigación paralizó las causas vinculadas a las supuestas extorsiones que se denunciaron ante el Poder Judicial y que ponen bajo la lupa a distintos dirigentes de organizaciones sociales que administran planes de empleo.

A partir de trascendidos públicos, denuncias concretas y testimonios, la fiscala Iara Silvestre había impulsado una investigación para establecer si se cometieron delitos, pero una disputa entre el juez federal Juan José Baric y la jueza provincial Florencia Maza obligó a que la Corte Suprema de Justicia tenga que resolver cuál de esos ámbitos es el indicado para intervenir.

Esa situación puede demorar, incluso con plazos que son una verdadera incógnita, cualquier avance para resolver los hechos.

Los pasos iniciales se dieron en la Justicia Federal cuando la fiscala Iara Silvestre motorizó una investigación a partir de denuncias públicas por diversas anomalías y presuntas extorsiones.

Pero incluso antes de los últimos trascendidos -posteriores a los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- habían existido otras acusaciones que ya eran parte de distintos expedientes, y que datan en algunos casos del año 2019. Quedaron bajo la lupa el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y el MTV-Miles.

El juez Baric, al tomar contacto con esos tres expedientes, se declaró incompetente y envió las actuaciones al Poder Judicial provincial.

Después, una causa fue rechazada también por la la jueza Maza, que no aceptó la declinación de la competencia y devolvió la documentación a la Justicia Federal. Entonces Baric insistió en que no es competencia federal, trabó contienda y envió el expediente para que la Corte defina.

Una primera denuncia trascendió en El Diario a partir de los dichos de los hermanos Adonis y Elián Gómez. Después apareció el relato de una beneficiaria de un plan social que se presentó públicamente como "Carla" y finalmente se conoció el testimonio de Guadalupe Alvarado.

Los hermanos Gómez fueron llamados a declarar y brindaron su testimonio. Contaron que se anotaron para trabajar con el Movimiento Evita en diciembre del año pasado y entraron en febrero de este año, con una carga horaria de 4 horas diarias tres días a la semana. "Mario Tomaso nos dijo que por entrar el convenio, con el que cobrábamos el doble, le teníamos que dar una retribución para apoyar al Movimiento, comprar insumos", acusaron.

El Movimiento Evita desmintió esos manejos, pero separó a Mario Tomaso de sus funciones. Tomaso es hermana de Liliana Tomaso (referente de la agrupación y funcionaria del área de Agricultura Familiar) y cuñado del diputado Leonardo Avendaño.

"Carla" (nombre postizo) es vecina del barrio Santa María de La Pampa y denunció maltratos: contó que le pedían aportes de dinero y la obligaban a vender productos y entregar el efectivo recaudado. Precisó que trabaja con el Movimiento Evita desde hace 2 años. Algo muy parecido relató Guadalupe Alvarado.

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