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EL DIARIO digital
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Acuerdo controversial
Lo que ha encendido las alarmas en el ámbito judicial estadounidense es un reciente acuerdo entre Hayden Davis y el estudio Burwick, que lidera una demanda colectiva de damnificados. Según informaron a la jueza Jennifer Rochon, el empresario se comprometió a transferir 500 millones de $LIBRA a una billetera vinculada al proyecto "Viva La Libertad" (VLL) en Argentina. La sorpresa es mayúscula, ya que el valor actual de esta criptomoneda es prácticamente nulo y carece de liquidez.
Expertos como el ingeniero en blockchain Fernando Molina, señalaron en redes sociales que de esa billetera asociada a VLL "solo se puede retirar 20,8 millones de Libra por mes a partir del 16 de agosto", lo que hace incomprensible el pedido del estudio a la jueza. La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué los afectados aceptarían un acuerdo con un activo sin valor? Este "enigma" profundiza la sospecha de maniobras para "despegar" a Davis de la acusación de estafa.
Transferencias millonarias
Mientras tanto, en Argentina, la investigación de la justicia federal porteña cobra nueva fuerza. Aparecieron más transferencias millonarias sospechosas de Davis, superando ya los 5 millones de dólares, realizadas en momentos muy cercanos al escándalo. Una de las más llamativas ocurrió el 30 de enero: Davis, estando en Argentina, envió 507.400 dólares a una billetera virtual solo 42 minutos después de que Milei publicara una foto con él tras una reunión.
Asimismo, se detectó que un día antes de que Milei posteara sobre $LIBRA, Davis envió 1.275.000 dólares a una plataforma de exchange. Otros movimientos sospechosos incluyen el envío de casi 2 millones de dólares a otra wallet diez días antes del lanzamiento del token. La querella del dirigente Juan Grabois y su equipo de abogados, así como la de Martín Romeo (experto del sector y damnificado), han solicitado a la fiscalía de Eduardo Taiano y a la jueza María Servini que se reconstruya la ruta de estos pagos y se identifique a sus destinatarios.
Estas revelaciones reavivan la insistente pregunta sobre la naturaleza de la relación entre Davis y el Presidente y su entorno, y si existió un acuerdo para "tokenizar" la economía, tal como el propio Davis ha sugerido.
Un acusado elusivo
Hayden Davis, por su parte, ha intentado eludir la competencia de la justicia neoyorquina, manifestando que no cometió estafa y que prefiere que todo tramite en Buenos Aires, con la aparente expectativa de que en los tribunales argentinos la acusación se desactive. En una declaración judicial "espontánea" en EE.UU., Davis vinculó el desplome de $LIBRA a que Milei borrara el tuit original de promoción, y afirmó que podía devolver los 100 millones de dólares que tenía en su poder, un reconocimiento implícito de retener fondos ajenos. Sin embargo, nunca devolvió nada y sus cuentas fueron congeladas por $57 millones. Llamativamente, el Gobierno argentino tampoco lo ha denunciado.
En la causa que tramita en Comodoro Py, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto a Milei y Karina Milei, reconocen su relación con "Viva la Libertad" y replican la teoría de Davis sobre el supuesto fin de apoyar pequeños emprendimientos.
Fallas en el control
La investigación también reveló que ni Kelsier Ventures ni Kip Protocol, las empresas vinculadas al proyecto, fueron inscriptas en la Comisión Nacional de Valores. Además, no hay constancia migratoria de la entrada al país del CEO de Kip Protocol, Julian Peh, sobre quien la fiscalía pidió información a Interpol.
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes, ha pedido la detención de Novelli y Davis, argumentando que "ambos imputados podrían sustraerse del accionar de la justicia" debido a su capacidad económica y contactos internacionales. También reclamó la indagatoria de Javier y Karina Milei.
El análisis de dispositivos electrónicos y celulares secuestrados a Novelli, Sergio Morales (ex asesor de la CNV) y Terrones Godoy, así como la información de plataformas de exchange como Binance, parece estar demorado, generando la frustración de los abogados querellantes, quienes buscan la reconstrucción de la ruta de los fondos drenados de $LIBRA.
Una audiencia clave está convocada por la jueza Rochon para el 19 de agosto, donde se espera que se resuelvan planteos centrales, incluyendo si el expediente será reconocido como una causa colectiva. Mientras tanto, las "maniobras extrañas" de Davis y las dudas sobre el rol de figuras cercanas al poder, mantienen en vilo a miles de damnificados y a la opinión pública.