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Carrió denunció a Alberto Fernández, Massa y Tombolini por recurrir a Camioneros para el control de Precios Justos

En la presentación judicial que firmó junto a los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, la líder de la Coalición Cívica habló del accionar de una "patota paraestatal". 

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EL DIARIO digital

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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente este lunes al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por haber convocado al Sindicato de Camioneros para controlar el cumplimiento del programa Precios Justos, según interpretó, con el objetivo de "amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley".

En la denuncia, que también lleva la firma de los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, los acusa por los presuntos "delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos".

Para Carrió y sus colaboradores, el Gobierno apeló a una "patota paraestatal" a fin de "eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia".

En la presentación judicial argumentaron que el supuesto "acuerdo mafioso" entre dirigentes de Camioneros y funcionarios del Ministerio de Economía se consumó el 13 de diciembre pasado en una reunión reservada.

Según su criterio, desde el Gobierno "dejan (los controles) en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial".

"Es así como Sergio Massa y su Secretario de Comercio, Matías Tombolini han acordado (según sus propias expresiones) con Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el operativo de control, que lleva adelante desde hace días, con otros integrantes de ese gremio", denunciaron.

En esta línea, acusaron al sindicato de ser "un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque".

"Mediante este, se persigue amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley y obviando toda la burocracia estatal", interpretaron.

Vale recordar que días atrás la Secretaría de Comercio intensificó sus controles en los centros de distribución de las principales cadenas de supermercados ante la detección de faltantes de productos pertenecientes al programa Precios Justos con la colaboración de los trabajadores de logística pertenecientes al gremio de los choferes de camiones.

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