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El ministro Martín Soria mantuvo un encuentro con los ministros del máximo organismo judicial y planteó "preocupaciones" como la "mesa judicial" que funcionó durante el macrismo y las demoras en causas de lesa humanidad.

Como sucede con muchas reuniones protocolares, la primera del ministro de Justicia, Martín Soria, con los jueces de la Corte Suprema, empezó con sonrisas tibias e incluyó un comentario afectuoso de uno de los supremos sobre el padre del ministro, el fallecido gobernador de Río Negro, Carlos "el Gringo" Soria. Fueron unos minutos de distensión impostada, hasta que el funcionario del gobierno nacional desplegó un papel que no leyó demasiado y, como quien recita un manifiesto, empezó y terminó con críticas, máximas y reclamos: "Estamos ante una situación de gravedad institucional que atraviesa todo el Poder Judicial, pero, desde el Gobierno y desde la sociedad en general, se percibe que es causada en buena medida por el funcionamiento de la propia Corte Suprema".

"Vinimos a expresar nuestra preocupación", remarcó con una referencia a "los últimos cinco años", en obvia alusión al desempeño cortesano a partir del gobierno de Mauricio Macri. En menos de media hora habló de la "mesa judicial", las visitas de jueces a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, el abuso de las prisiones preventivas, el espionaje, el uso político y el manejo de los tiempos de las decisiones según a quién afecten (repitió varias veces las frases "indecorosa pasividad" para las causas de derechos humanos y "sospechosa celeridad" para las cuestiones corporativas), y hasta revolvió en las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tanto como cortesanos como, hace poco, como presidente y vice del del tribunal.

"Debimos decirle algo más, ¿no?", preguntó Rosenkrantz a sus colegas como quien se queda con las ganas, cuando terminó el encuentro y pasaron al acuerdo a firmar sentencias. La exposición de Soria lo tocaba directo: no sólo por su nombramiento, que Macri intentó por decreto, sino por las alusiones a su amigo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, con quien en una causa judicial sobre amenazas al Grupo Indalo se detectó que tenían por lo menos 59 llamadas entre sí. "El principal diseñador de la política judicial del gobierno anterior, actualmente se encuentra prófugo de la Justicia en Uruguay", dijo Soria sobre Pepín.

Antes había hecho frente a los supremos un repaso de hitos judiciales del gobierno de Cambiemos: "Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del Ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, se modificaron doctrinas para mostrar prisiones preventivas en la tapa de algunos medios, se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales", con el objetivo, subrayó, de "llevar a cabo una persecución política sin precedentes".

Frente a la catarata de cuestionamientos, el único supremo que dijo algo ya sobre el final, cuando se acercaba la despedida, fue Rosatti.

-- Apreciamos la sinceridad con la que vino a expresar su planteo, somos respetuosos de las opiniones y de la división de poderes. Nadie está exento de que lo critiquen. También estamos preocupados y vemos, por ejemplo, que aquí no ha surgido el problema de la gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial --entonó el presidente supremo.

Era una forma sutil de introducir uno de los temas ásperos no mencionados de la jornada: el Consejo de la Magistratura, organismo que debe elegir a los jueces, y el fallo supremo que se avecina para declarar inconstitucional la composición actual de ese cuerpo, vigente desde 2006.

-- Discúlpeme, Horacio, claro que es una preocupación, como las vacantes de la Procuración, de ahí la reforma que impulsamos. Pero no vine a hablar de supuestos fallos sobre el Consejo que anuncian los medios, en otra muestra de politización de la Justicia. Ustedes hablan por sus fallos, o así debería ser. Sería una falta de respeto ponerse a opinar sobre el diseño legislativo de un órgano autónomo como el Consejo, que ustedes tienen bajo análisis --replicó Soria.

Con una leve chicana, agregó que si los supremos se habían explayado sobre el tema cuando en 2016 se reunieron con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, no era su problema. Ese año había entrado al tribunal el expediente contra el organismo: los supremos decidieron congelarlo, hasta ahora.

El timing supremo
La reunión se hizo en el señorial Salón de Embajadores de la Corte, donde los jueces y Soria se sacaron una foto. El único que sonríe es Ricardo Lorenzetti. En el centro se asoma una araña de cristales colgantes. En el lugar estaba también la jefa de gabinete de Soria, a quien intentaron desplazar del salón cuando comenzaba el encuentro. "Perdón, ¿la señorita?", preguntó un supremo. "Sería bueno una mujer en esta sala", devolvió Soria, con mordacidad. El asunto de la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco quedó revoloteando, pero no formó parte de la charla. Todo el mundo conoce la dificultad del Gobierno para conseguir dos tercios de los votos en el Senado en caso de postular una candidata.

Con el correr de los minutos, el clima se puso cada vez más tenso. Uno de los momentos más incómodos se produjo cuando el ministro de Justicia acusó a la Corte de incurrir en "la utilización política de los tiempos procesales". Usó la frase "indecorosa pasividad" para remarcar lo que demoró en resolver algunas causas por delitos de lesa humanidad --como el expediente contra Carlos Blaquier, seis años, o el del asesinato de Floreal Avellaneda, ocho años-- y otras donde la tardanza continúa, como la de la masacre de Capilla del Rosario, pendiente hace cuatro años. También, entre los casos de violaciones a los derechos humanos, cuestionó la demora, desde 2019, en planteos en el caso de la muerte de Santiago Maldonado. Soria les advirtió a los cortesanos que podrían ser sancionados a nivel internacional, ya que cuatro relatorías de Naciones Unidas advirtieron su preocupación en una comunicación conjunta por la cantidad de juicios pendientes y en particular los retrasos de la Corte.

Para comparar, el ministro señaló otro grupo de causas caracterizadas por la "sospechosa celeridad", donde hay "factores de poder o interés corporativo", dijo, y puso como ejemplo el fallo sobre los nombramientos por el mecanismo de traslado, a dedo, de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py. El tribunal les admitió un per saltum y, si bien dijo que los traslados no pueden ser definitivos, lo hicieron con una fórmula que permite que todavía sigan en esos puestos mientras se concursan los cargos. Luego habló de "cajoneos" funcionales a determinados intereses, donde entraría el caso del expediente que pide invalidar la composición del Consejo de la Magistratura. Se refirió a la violación del "plazo razonable" y sugirió que la Corte podría regular plazos y asuntos prioritarios. La última agenda que armaron los supremos fue en 2019, y no se cumplió. Junto con estos temas cuestionó cómo usan el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, para no dar fundamentos en ciertos temas, otra forma de "utilización política" del poder. Cuestionó que el tribunal solo desarrolla fundamentos en el 1 por ciento de las causas. "Sabemos que la regulación del 280 es un problema de fondo pero la Corte puede modificar su uso en la práctica", acotó.

Ya por la mitad de su exposición y ante la mirada atónita del tribunal, Soria dijo que hay "una irregularidad de origen que genera sospechas de parcialidad" por la cual dos de los actuales cortesanos, Rosatti y Rosenkrantz "aceptaron ser designados por decreto", aunque luego intervino el Senado. Para rematar el comentario, juntó aquel momento con la reciente elección de autoridades en la Corte. "Las sospechas se reavivan cuando esos dos jueces pasan a ser las máximas autoridades de la Corte en el marco de una traumática elección", para lo que recordó que fueron consagrados con un voto y dos autovotos. Para terminar, planteó que por más leyes que apruebe el Congreso "si la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación". Recordó que el propio Rosenkrantz había hablado en la apertura de un año judicial de la "falta de legitimidad" del Poder Judicial. Propuso, entonces, abrir un "diálogo institucional, franco y sincero".

La sensación que queda flotando es que los supremos, bastante calladitos, buscarán el momento de hacer ruido, seguramente con fallos. Por lo pronto, al rato que terminó el encuentro el tribunal ordenó que la Nación le reembolse a la provincia de Santa Fe cerca de 87 mil millones de pesos de la coparticipación, correspondientes a dos causas en las que el tribunal le dio la razón a la provincia, en noviembre de 2015, pero la sentencia no se cumplió. El nuevo fallo, que hace el cálculo de lo adeudado, fue firmado por Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La semana próxima podría salir el que declararía la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura. El Gobierno dejó un escrito avisando que envió un proyecto de ley, para reformar el organismo, aunque en la Corte no parece tener mucho eco.

Fuente: artículo de Irina Hauser en Página 12