Vialidad Nacional: "no sabemos a qué agencia vamos a ir"
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EL DIARIO digital
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El bloque Comunidad Organizada volvió a reclamar que la marihuana solo pueda ser utilizada con fines medicinales.
El espacio político presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que remita, de forma urgente, la Ley N° 3373, sancionada el 20 de septiembre de 2021, que adhiere a la normativa nacional sobre el uso del cannabis con fines medicinales.
La iniciativa señala que, a pesar de que han pasado más de cuatro años desde su promulgación, la ley permanece inaplicable porque el gobernador Sergio Ziliotto "no cumplió con la reglamentación exigida" en un plazo de 90 días. Esta omisión, afirman desde le sector tiernista, impide el cumplimiento efectivo de una norma vigente.
Según el proyecto, esta falta de reglamentación "ha tenido consecuencias negativas concretas, como la imposibilidad de que la población pampeana acceda gratuitamente al cannabis medicinal con controles de calidad y respaldo sanitario", incluyendo la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo responsable de autorizar cualquier sustancia destinada al consumo humano.
Además, Comunidad Organizada advierte que la ausencia de reglamentación abrió la puerta a cultivos de marihuana en distintos puntos de la provincia, muchas veces justificados con argumentos poco claros o sin fines estrictamente medicinales, lo que –según el bloque– genera "una naturalización del consumo inapropiado de esta sustancia".
En ese sentido, el proyecto propone que el uso del cannabis se limite exclusivamente a tratamientos médicos, dentro de un marco de políticas públicas orientadas a la prevención primaria del consumo de drogas, tanto en ámbitos familiares, escolares como comunitarios.
También se denuncia que el sistema de salud provincial discrimina tanto a consumidores de sustancias psicoactivas como a pacientes que requieren cannabis medicinal recetado, ya que, en la práctica, no acceden a un seguimiento adecuado ni a un producto gratuito y de calidad garantizada, como establece la ley.
