Nuevos interrogantes por Potasio del Río Colorado

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un nuevo pedido de informes referido al proyecto minero Potasio Río Coloroado, que esconde "muchos interrogantes", según describió. El legislador del bloque Evolución impulsa la iniciativa junto a la diputada nacional por el radicalismo pampeano Marcela Coli.

Este es el tercer proyecto con relación al mismo emprendimiento minero, tras conocerse que el yacimiento fue transferido al Estado de Mendoza, y su gobierno avanza con el llamado a licitación para seleccionar potenciales interesados en asociarse o comprar la mina. "Faltan estudios y explicaciones oficiales que despejen las preocupaciones que genera", advirtió.

En el primero de esos proyectos se requirió a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación Argentina que disponga la inclusión dentro del Plan Anual de Acción de la Auditoría General de la Nación (AGN), la realización de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental.

También se reclamó al Ejecutivo Nacional que arbitre lo conducente a fin de garantizar que se repita el cumplimiento de todas las acciones, procedimientos e instancias exigidas por la legislación nacional para la aprobación ambiental del nuevo proyecto minero.

En un segundo proyecto se abordó "un costado nunca debidamente aclarado", dijo Berhongaray: el Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva que por ley debe contratarse y se desconoce si se efectivizó, aunque todo indica que esta exigencia no se encuentra cumplida.

La nueva iniciativa "recoge la preocupación determinada por el riesgo asociado al transporte del producido de la explotación (cloruro de potasio), desde el yacimiento hasta su destino en el puerto de Bahía Blanca".

"Estamos convencidos de que corresponde avanzar en la elaboración de los estudios pertinentes a fin de determinar la situación socio-ambiental y el potencial impacto en el recorrido, áreas y zonas urbanas afectadas por el tendido ferroviario, previa a la instalación y operación del proyecto minero", insistió el legislador pampeano.

Señaló que "la escasa información disponible da cuenta de que la firma minera obtuvo un documento de concesión para el uso de un predio en la zona portuaria de Bahía Blanca por 50 años con la opción a renovación por 50 años más, y se abrieron conversaciones con Ferrosur para establecer de qué obras ellos se harán cargo y de cuáles la empresa".

Representantes de la firma minera adelantaron en su momento que como el tramo de Estación de Transferencia hasta Cipolletti, el ferrocarril no se utiliza desde hace 40 años, para reactivar esa parte se debe “…relocalizar la gente que tiene su vivienda a la vera de la vía….”

A mediados de julio de 2012, los entonces gobernadores de Neuquén y de Río Negro destacaron los beneficios que reviste el acuerdo firmado por ambas provincias, el Gobierno Nacional y la empresa minera para la construcción, operación y mantenimiento de una vía férrea con un recorrido de alrededor de 350 kilómetros entre Chichinales (Río Negro) y Rincón de los Sauces (Neuquén).

"Nótese que el Proyecto Ejecutivo presentado por la minera -dice Berhongaray- prevé 4 formaciones de trenes, en operación durante 24 horas al día, los 365 días al año, pero llamativamente sólo menciona un corredor ferroviario que atraviesa las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Es decir, omite toda referencia y análisis respecto del paso del ''''tren de potasio'''' por la provincia de La Pampa, evitando por consiguiente relevar las condiciones ambientalmente sensibles a lo largo de dicho recorrido", advierte.

"No se tiene conocimiento del Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias para las localidades pampeanas potencialmente involucradas en el recorrido. El cloruro de potasio puede ser una sustancia contaminante si no se toman las medidas de seguridad en su transporte", recordó.

Añadió que "por supuesto, debe estudiarse el potencial impacto sobre redes de agua potable, servicios cloacales y gas emplazadas debajo de las vías, o próximas a ellas, seguridad de los transeúntes, impacto en fundaciones o cimientos de viviendas cercanas, y otras cuestiones asociadas. Nada de ello han realizado las autoridades hasta el momento", cuestionó.