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EL DIARIO digital
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La semana pasada, el jury ordenó la formación de una causa contra la jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Catán, por mal desempeño de sus funciones.
El procurador general, Mario Oscar Bongianino, tiene seis días hábiles desde el jueves para definir si corresponde formular una acusación contra ambas para que vayan a juicio oral y público.
"Entiendo que están los elementos para que exista una acusación y que esto llegue a debatirse en un juicio oral y público. Si el procurador no acusa, el trámite se termina. A mí me parece que va a haber acusación, porque es lo que ni más ni menos corresponde", dijo Aguerrido en declaraciones a LU 100.
"Nuestra opinión respecto de lo que vimos que se hizo es absolutamente critica. Creemos que si se hubieran tomado algunas decisiones antes de homologar el acuerdo, posiblemente el resultado hubiera sido otro o quizás puntualmente el cuidado personal a Espósito Valenti (la madre de Lucio) no se le otorgaba", precisó el abogado.
"Hablan de un acuerdo que se homologó, y precisamente el control no se hizo antes de homologar. Puede existir que una vez homologado no haya control, pero los intereses que están en juego de cualquier juez de la Familia y el Menor son absolutamente distintos a los que maneja cualquier otro tribunal. En cuestiones de niños hay que tener un interés superior", insistió Aguerrido.
El profesional -que defendió los intereses de la familia paterna de Lucio en el juicio por el infanticidio- remarcó que al niño "le desconocieron su carácter de sujeto de derecho, ni siquiera se lo intentó escuchar. Se le modificó su centro de vida. La misma decisión con control, con intervención de equipos técnicos, sería indiscutible para la tarea de las funcionarias. Pero sin todo eso y con este final, es para analizar si funcionalmente hicieron lo que correspondía o no".
"El procurador tiene los elementos como para hacer una acusación y que esto termine en un juicio oral y público analizando y debatiendo la responsabilidad que se imputa respecto de las funcionarias. Entiendo que es lo mejor que le pueda pasar a la provincia y a las involucradas para defenderse", agregó.
En el final, Aguerrido precisó que "esto no es una confrontación, es una cuestión institucional porque involucra la responsabilidad de funcionarios públicos del poder judicial y hay que resolverla institucionalmente. Para eso está el jury".
