La Pampa

Pidieron 5 años de prisión para Bravo en el juicio por trata

La fiscala Iara Silvestre consideró probado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de trata de personas. En un local de 25 de Mayo acogieron mujeres vulnerables con fines de explotación sexual, según la acusación. "Bravo sabía lo que pasaba ahí adentro", sostuvo.

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EL DIARIO digital

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La fiscala federal Iara Silvestre pidió este viernes una pena de 5 años de prisión para el exjefe comunal y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, en el juicio por trata de personas con fines de explotación sexual que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Además, pidió una pena similar para la dueña del prostíbulo,  Nurys Caraballo Castillo, y tres años de prisión para un comisario, Miguel Angel Oyarse.

Este viernes se realizó el alegato de la fiscalía y el próximo lunes  6 alega el defensor Juan Carlos De La Vega por Caraballo Castillo y la defensora oficial Laura Armagno por Oyarse. El miércoles 8 alegarían Gastón Gómez y Juan Resia por el exintendente. El veredicto está previsto para el 15.

La fiscala Silvestre consideró probado, en el caso de Bravo, el delito de  incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia. 

Carballo fue imputado como autora de ese delito. Y el comisario Oyarse por encubrimiento.

"¿Todo el mundo sabía y el intendente no?"

En la anterior jornada del juicio Bravo había intentado despegarse de la acusación. Afirmó que "uno no puede ser Súperman y estar en todos lados", para intentar zafar de la habilitación de un cabaret de esa localidad donde se explotaba sexualmente a mujeres.

Sin embargo, Silvestre argumentó que Bravo "sabía lo que pasaba" dentro del local cuando prorrogó la habilitación con otro nombre porque inclusive ya había salido el tema en los diarios. "Sabía lo que allí pasaba, tenía noticia por los medios y por denuncias anónimas, todo el mundo sabía que allí funcionaba un prostíbulo. Tenía 8 mil habitantes el pueblo, ¿todos sabían menos el intendente, que le hizo un trámite exprés en un día a esta señora para poder cambiarle el nombre?", planteó.

La fiscala dijo que "no hay forma en la administración pública" que un empleado municipal tramite una habilitación en un solo día "si no hay una orden política explicita" del intendente de la localidad. "Eso no existe, en ese tiempo récord, si no hay una voluntad política de arriba", reafirmó.

"Ni Bravo ni Oyarse pueden decir que desconocían lo que allí sucedía", insistió, durante el alegato.  En julio de 2010 ya había noticias en los diarios de las habilitaciones irregulares. Una de las pruebas fundamentales son las libretas sanitarias que las mujeres debían completar en el municipio, con controles ginecológicos y de enfermedades de transmisión sexual.

 Bravo está imputado por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Además, está acusada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Caraballo, y el comisario Miguel Oyarce.

Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho". La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño de ese cabaret, a cuatro años de prisión. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.

La versión de Bravo

Bravo había pedido declarar la última audiencia del año pasado. "Voy a negar rotundamente, nada más lejos que esto, es triste la situación de estar acá por este delito. Jamás en mi vida imaginé estar acá por esta situación", arrancó.

El imputado recordó que asumió en diciembre de 2007 en medio de boom petrolero y la explosión demográfica de la localidad. Dijo que de chico había vendido diarios y que tuvo la oportunidad de estudiar, por eso quiso volver a la localidad. Dijo que enseguida, como intendente, presentó un presupuesto y un nuevo organigrama de funcionarios, con un manual de funciones, porque la estructura administrativa era muy reducida, que fue aprobado al principio de la gestión.

"Armamos un organigrama de trabajo para dar un salto cualitativo. El organigrama era piramidal, cuatro secretarias, direcciones, coordinaciones y subcoordinaciones", detalló.

Siguiendo esa línea, planteó al tribunal que "es imposible que un ser humano pueda estar en una multiplicidad de actos administrativos" y sostuvo que cuando llegaban a su firma las habilitaciones comerciales ya habían recorrido el camino de la una dirección y de la secretaría correspondiente. "La firma del intendente estaba ahí, pero a partir de lo que me pasó creo que ningún intendente de La Pampa se anima a firmarlas", graficó.

"Es una locura pensar que un intendente, cualquiera, vaya a controlar una verdulería, una carnicería o cualquier local que se habilita", alegó. "En el organigrama se imputó funciones, se delegó en funcionarios. Esta gente que me acompañó cobraba un sueldo, tenía funciones. Uno no puede ser Súperman y estar en todos lados", intentó desligarse.

"A mí nadie me manifestó de alguna irregularidad, ni los funcionarios, ni la policía que controlaba, ni un comentario de un vecino. Si así hubiera pasado, tenía la obligación de denunciarlo como funcionario y yo lo hubiera hecho", se defendió. "¿Vivía solo Bravo en 25 de Mayo? Había policías, la gente que controlaba las libretas en el hospital, Migraciones", prosiguió en la misma línea.

"Si se abre un kiosco y mañana se desvirtúa su objetivo... yo no lo puedo saber. Para eso se delegan funciones... puntualmente, a mí nadie me advirtió ninguna irregularidad", insistió.

"Se habían cumplido los pasos previos. Si alguien me hubiese comentado algo, hubiera actuado en consecuencia, hubiera hecho la denuncia que corresponde", dijo. "No tengo nada que ver con estas personas, nunca fui a estos lugares", enfatizó. En el final de su declaración, Bravo planteó que "no pueden decir de mí más que firmé la habilitación" pero volvió a descargar responsabilidad en la dirección y la secretaría que había tramitado el expediente.

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