Fabián Salvioli: "Es muy poco probable que el Comité de Derechos Humanos otorgue medidas provisionales a Cristina Kirchner"

El especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos Fabián Salvioli analizó la presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y consideró "muy poco probable" que el organismo adopte medidas provisionales que modifiquen en forma inmediata su actual situación.

En una extensa entrevista con los periodistas Dr. Jorge Nemesio y Eduardo Villada en LU100 Radio Capital AM 1040 FM 102.5, Salvioli explicó en detalle cómo funciona el organismo internacional que integró durante ocho años y que llegó a presidir durante los últimos dos.

El especialista buscó despejar especialmente dos interpretaciones que, según señaló, suelen aparecer en el debate público: el Comité no funciona como una instancia de apelación de los tribunales argentinos y tampoco determina si una persona es culpable o inocente.

"Lo que revisa es si hubo violaciones al Pacto. No determina si, en este caso, la expresidenta es culpable o inocente de los hechos que se le imputan", explicó.

Qué es el Comité de Derechos Humanos

Salvioli explicó que Argentina integra un tratado internacional denominado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que posee jerarquía constitucional en el país.

Ese instrumento creó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"El Comité está compuesto por 18 personas de distintos países del mundo, expertos independientes que son elegidos en la Asamblea de Estados Parte de Naciones Unidas", detalló.

Una característica central, aclaró, es que sus miembros actúan a título personal.

"No representan a los gobiernos de los países de los cuales son nacionales", señaló.

Entre las funciones del organismo está la posibilidad de recibir denuncias individuales por presuntas violaciones a derechos reconocidos por el Pacto.

Salvioli comparó ese mecanismo con el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque explicó que pertenecen a sistemas diferentes.

"Es una suerte de juicio"

Cuando una persona presenta una denuncia, el Comité inicia un procedimiento en el que también interviene el Estado denunciado.

"El Comité recibe esas denuncias y lleva adelante una suerte de juicio. Es un procedimiento similar a un juicio, donde de la denuncia se le da traslado al Estado y luego se determina si hubo o no violaciones de los derechos invocados", explicó.

Salvioli remarcó que se trata de un mecanismo disponible para cualquier persona que cumpla con las condiciones necesarias para presentar un caso.

"No hay que haber sido funcionario público. Hay peticiones de todo tipo de personas de más de 140 países del mundo", señaló.

Y aclaró que los casos presentados por exfuncionarios representan apenas una pequeña porción del total.

Qué reclama Cristina Kirchner

Según explicó Salvioli, en la presentación de la expresidenta aparecen diferentes derechos cuya eventual vulneración deberá analizar el Comité.

Entre ellos mencionó las garantías del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente y una discusión vinculada con la proporcionalidad de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Se plantea la desproporción en relación con la pena de inhabilitación respecto de la pena principal", explicó.

Sin embargo, volvió a remarcar que el organismo internacional no revisará la causa como si fuera un tribunal superior de la Justicia argentina.

"El Comité de Derechos Humanos revisa si hay violaciones al Pacto. No es una instancia de apelación de lo que deciden los tribunales nacionales", afirmó.

¿Puede habilitarla nuevamente para ser candidata?

Uno de los interrogantes centrales de la entrevista fue si el organismo podría adoptar una medida que permita a Cristina Fernández recuperar temporalmente sus derechos políticos.

Salvioli explicó que existen las denominadas medidas provisionales, que pueden solicitarse mientras el Comité analiza el fondo de un caso.

En términos generales, esas medidas buscan evitar que se produzca un daño irreversible antes de la resolución definitiva.

"Como poder ocurrir, puede ocurrir", respondió cuando se le preguntó si el Comité podría adoptar una decisión provisoria.

Pero inmediatamente marcó su evaluación a partir de la experiencia acumulada dentro del organismo:

"Eso no va a ocurrir. La situación es diferente de la que tenía Lula".

Más adelante moderó esa afirmación señalando que, jurídicamente, la posibilidad existe, aunque la considera muy remota.

"Es muy poco probable, de acuerdo con los antecedentes que hay, que esas medidas provisionales se le otorguen", explicó.

La diferencia con el caso Lula

Durante la entrevista se trazó una comparación con la presentación que realizó Luiz Inácio Lula da Silva.

Salvioli explicó que existe una diferencia jurídica relevante.

"En el caso de Lula no había condena firme", señaló.

Según detalló, cuando se produjo aquella presentación, la cuestión todavía no había sido resuelta por el máximo tribunal brasileño.

"El asunto todavía no había sido resuelto por el máximo tribunal cuando fue privado del ejercicio de los derechos políticos y de la libertad", indicó.

En cambio, consideró que la situación de Cristina Fernández presenta mayores similitudes con otro antecedente.

"El caso de la expresidenta es más asimilable al de Rafael Correa", afirmó.

El antecedente de Rafael Correa

Salvioli recordó que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa también presentó un caso ante el Comité de Derechos Humanos.

Según explicó, Correa solicitó medidas provisionales y estas no fueron concedidas.

"Las medidas provisionales que pidió Correa fueron rechazadas", señaló.

Ese antecedente es uno de los elementos que Salvioli toma en consideración al analizar qué podría ocurrir con la presentación argentina.

De todos modos, aclaró que el eventual rechazo de una medida urgente no significa que el caso de fondo esté perdido.

"Esto no quiere decir que no vaya a ganar el caso", remarcó.

Una decisión definitiva podría demorar cinco años

Otro aspecto importante es el tiempo.

Salvioli advirtió que quienes esperen una resolución inmediata del organismo deberían considerar los plazos habituales del sistema internacional.

"Un proceso ante el Comité lleva una media de cinco años", explicó.

Como ejemplo volvió a mencionar el caso de Rafael Correa, presentado en 2020 y que, según señaló durante la entrevista, todavía aguardaba una resolución.

Por eso consideró difícil que una eventual decisión definitiva del organismo internacional tenga efectos inmediatos sobre el calendario político argentino.

"Eso lleva un período que no va a ser de menos de cinco años", afirmó.

Qué podría disponer el Comité si encuentra violaciones

Si finalmente el organismo concluyera que se vulneraron derechos reconocidos por el Pacto, podría solicitar al Estado argentino medidas para reparar esa situación.

"Si se prueba efectivamente lo que dice la acusación, el Comité dirá que ha habido violaciones de derechos e indicará que el Estado tiene que restituir los derechos que fueron vulnerados", explicó Salvioli.

Como ejemplos mencionó una eventual privación ilegítima de la libertad o una privación arbitraria de derechos políticos.

"Si está privada ilegítimamente de la libertad, dispondrá que debe ser puesta en libertad. Si se le han privado arbitrariamente los derechos políticos, también se le deben restituir", explicó.

Pero insistió en que ese análisis requiere un procedimiento extenso y complejo.

Las medidas urgentes son excepcionales

Salvioli explicó además en qué tipo de situaciones suelen adoptarse medidas provisionales.

Uno de los ejemplos habituales es el de una persona que podría ser deportada hacia un país donde existe riesgo de tortura.

En ese supuesto, el Comité puede pedir que la deportación o extradición se suspenda hasta que se resuelva la denuncia.

Otro caso típico son situaciones vinculadas con la pena de muerte.

"Las medidas provisionales tienen que ver con gravedad y urgencia", señaló.

Por eso consideró significativo que hayan transcurrido meses desde la presentación argentina sin que exista, hasta el momento mencionado en la entrevista, una decisión sobre ese pedido.

"El solo hecho de que la presentación haya sido hace algunos meses y el Comité todavía no haya decidido nada sobre las medidas provisionales está diciendo algo", analizó.

"El Comité tiene miles de casos"

Salvioli también pidió poner los tiempos del organismo en perspectiva.

"El Comité tiene miles de casos. No tiene este caso solamente", señaló.

Explicó que existen peticiones provenientes de numerosos países y en diferentes idiomas, lo que incide sobre los tiempos administrativos y jurídicos.

"Para cada persona su caso es fundamental", afirmó.

Y puso como ejemplo a familiares de personas desaparecidas que también deben esperar varios años para obtener una decisión.

Según indicó, aun con esas demoras, el Comité suele resolver más rápidamente que determinados mecanismos del sistema interamericano.

"En el sistema interamericano a veces tardás una media de diez años hasta que la Comisión tome una decisión y después el asunto puede ir a la Corte. Hay casos que pueden llevar veinte años", explicó.

Derechos políticos y el derecho de la ciudadanía a elegir

Salvioli planteó además una dimensión que consideró importante cuando las decisiones judiciales involucran a personas que ejercieron cargos públicos.

"Los casos de funcionarios o exfuncionarios públicos tienen que ser tratados con la mayor transparencia y con la mayor garantía de justicia", afirmó.

La razón, explicó, es que una inhabilitación política no afecta únicamente a la persona sobre quien recae.

"Cuando se toma la decisión de decir que alguien está inhabilitado para ejercer cargos públicos, también se está diciendo a la ciudadanía que no puede votar por esa persona", sostuvo.

Por eso consideró que este tipo de casos requiere especial rigurosidad.

"No es un comité de izquierda ni está al servicio de los K"

Sobre el final, Salvioli cuestionó las interpretaciones partidarias sobre el organismo de Naciones Unidas.

Contó que en otras entrevistas le preguntaron si el Comité de Derechos Humanos era "de izquierda" o si podía estar "al servicio de los K".

"Pero no es así", respondió.

Recordó que sus integrantes son especialistas internacionales provenientes de distintos países y universidades.

Mencionó, entre otros ejemplos, académicos de instituciones como La Sorbona o la Universidad de Tokio.

"Son personas de una altísima reputación moral e intelectual que no están al servicio absolutamente de nadie", afirmó.

Su función, remarcó, es aplicar el tratado internacional.

Tampoco puede declarar inocente a Cristina

Salvioli cuestionó también la interpretación inversa: pensar que una eventual decisión favorable del Comité significaría automáticamente declarar inocente a Cristina Fernández.

"Tampoco es cierto", aseguró.

Para que exista una violación de las garantías judiciales, explicó, el organismo debe encontrar un nivel especialmente grave de arbitrariedad.

"No basta con que haya una injusticia, porque el Comité no es una instancia de revisión", reiteró.

"Tiene que haber un grado de arbitrariedad tan enorme que el Comité identifique que existe una violación a las garantías judiciales conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", agregó.

Salvioli evitó adelantar si eso efectivamente ocurrió en la causa judicial argentina.

"Yo no tengo elementos para decir si es así o no, porque no he leído la causa de la Corte Suprema, que tiene miles de fojas. No puedo afirmar ni una cosa ni la otra", aclaró.

Una trayectoria vinculada con La Pampa

Durante la entrevista, Salvioli repasó además su extensa relación académica con la Universidad Nacional de La Pampa.

Recordó que fue el primer profesor titular de la cátedra de Derecho Internacional y destacó al actual equipo docente.

También explicó que continúa vinculado con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas a través de la Especialización en Derechos Humanos y diferentes programas relacionados con la materia.

Salvioli fue además integrante durante ocho años del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo presidió durante los últimos dos de ese período.

Precisamente desde esa experiencia buscó bajar expectativas respecto de una solución inmediata para la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Su conclusión fue clara: la presentación internacional puede seguir adelante y eventualmente derivar en una decisión favorable si se prueban violaciones al Pacto, pero el Comité no revisará su culpabilidad o inocencia y una resolución definitiva difícilmente llegue antes de varios años.