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EL DIARIO digital
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El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por siete de los condenados, quienes apuntaban contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales por supuestas anomalías en las primeras declaraciones de la causa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un nuevo recurso interpuesto por siete de los ocho rugbiers sentenciados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, cometido en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell. En esta ocasión, la presentación judicial giraba en torno a una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni y diversos funcionarios, a quienes la defensa acusaba de supuestas irregularidades durante los actos iniciales de la instrucción.
El fallo fue suscripto por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes determinaron que el recurso carecía de la fundamentación exigida y no rebatía de manera efectiva los fundamentos de la resolución objetada.
La acción legal estuvo a cargo del letrado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los imputados objetaban las circunstancias en que se llevaron a cabo las declaraciones indagatorias en las horas inmediatas al crimen.
Los cuestionamientos de la defensa
Los planteos sostenían que, durante las indagatorias, no se les informaron debidamente los hechos imputados ni las evidencias recolectadas en su contra. Asimismo, se cuestionó el modo en que se redactaron y suscribieron las actas de dichos testimonios.
De acuerdo con el escrito, existían discrepancias temporales y dudas vinculadas con la observancia de las normativas estipuladas en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Basándose en estas objeciones, Tomei promovió una acción penal por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Entre los acusados figuraban Zamboni, quien condujo la pesquisa por el homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; y el juez de Garantías David Mancinelli, junto con otros integrantes del poder judicial.
Dicha denuncia fue desestimada por ausencia de dolo, y tampoco prosperaron las solicitudes probatorias adicionales introducidas por la defensa. A partir de allí, el legajo transitó por distintas instancias hasta arribar al máximo tribunal del país.
El itinerario judicial del expediente
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores había admitido que los rugbiers asumieran el rol de particulares damnificados en la causa contra los funcionarios, dándoles intervención formal como querellantes.
Pese a ello, la pesquisa no registró avances. La desestimación se ratificó en sucesivas instancias y se desecharon las objeciones posteriores de la defensa, tales como los reparos al mecanismo de revisión de la denuncia.
En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó un recurso de queja y, en abril de 2026, hizo lo propio con otra vía extraordinaria. Por último, el caso llegó a la Corte Suprema nacional, la cual desestimó el reclamo debido a falencias en su argumentación.
El fallo del máximo tribunal no constituye una revisión de las penas dictadas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sino que se circunscribe de forma exclusiva a la denuncia entablada por los siete sentenciados contra los operadores judiciales.
El marco de las condenas
Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue ultimado en las primeras horas del 18 de enero de 2020 en las inmediaciones del local bailable Le Brique, en Villa Gesell, tras sufrir una golpiza perpetrada por una pluralidad de agresores.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores impuso la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi en carácter de coautores del homicidio.
En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios.
Durante marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ratificó las sanciones, si bien modificó la tipificación legal al descartar la agravante de alevosía y conservar la de concurso premeditado de dos o más personas.
Desde entonces, los equipos letrados impulsaron diversos recursos para impugnar los fallos judiciales. Este nuevo fallo adverso de la Corte Suprema implica un nuevo escollo en dicho derrotero procesal, si bien se trata de un expediente escindido de la causa principal por el homicidio.
