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EL DIARIO digital
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El Palacio San Martín cuestionó con dureza el documento difundido por Londres que avala la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y niega competencias a la Argentina. La gestión de Javier Milei ratificó el despliegue de acciones legales y penales contra las firmas involucradas.
La controversia diplomática entre la Argentina y el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo cruce este martes, a raíz de la difusión de una guía oficial británica orientada a corporaciones interesadas en invertir en el archipiélago. El texto convalida la gestión de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, y afirma que Buenos Aires carece de autoridad para sancionar a los operadores comerciales que trabajen en la zona.
Desde la Cancillería argentina, bajo la conducción de Pablo Quirno, emitieron un comunicado para manifestar su "más enérgico rechazo" al texto y tildaron de "actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas" a las operaciones promovidas por Londres en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, el Ejecutivo ratificó el reclamo soberano sobre los archipiélagos al recalcar que integran el territorio nacional y permanecen "ilegítimamente ocupados por el Reino Unido".
Los ejes del documento de Londres
El manual editado por el gobierno británico lleva por nombre "Doing business with the Falkland Islands" y defiende el derecho de los residentes locales a administrar su economía y explotar los recursos naturales basándose en el principio de autodeterminación. Al mismo tiempo, categoriza a las islas como un Territorio Británico de Ultramar, ratifica su postura de soberanía sobre el área y aclara que no habrá negociaciones sobre este punto "a menos que y hasta que los isleños así lo deseen".
En el plano corporativo, el escrito asegura que la Argentina no detenta jurisdicción sobre las personas o firmas que operen comercialmente en el archipiélago, y brinda asistencia a aquellas entidades que reciban comunicaciones legales o penalidades procedentes de Buenos Aires.
El nudo del conflicto: el proyecto petrolero Sea Lion
Uno de los focos centrales de la disputa se vincula con la iniciativa hidrocarburífera Sea Lion, emplazada en la Cuenca Malvinas Norte y llevada adelante de manera conjunta por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Ante este escenario, la Cancillería anticipó que intensificará las acciones para salvaguardar la soberanía y proteger los recursos nacionales, detallando que ya se formalizaron protestas diplomáticas ante representantes del Reino Unido e Israel por el avance de dicho proyecto. El Gobierno nacional recordó que las labores de exploración y extracción en la plataforma continental exigen el aval de las autoridades del país y se rigen por la normativa interna.
En este sentido, la administración de Javier Milei reafirmó la vigencia del marco punitivo e inhibitorio contenido en las Leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, aplicable a firmas, inversores y proveedores que intervengan en operaciones petroleras carentes de autorización argentina.
Acciones administrativas y judiciales en curso
Como parte de la estrategia oficial para contrarrestar estas operaciones, la cartera comandada por Quirno informó las siguientes medidas concretas:
Envío de aproximadamente 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas radicadas en 30 jurisdicciones internacionales.
Apertura de 60 expedientes administrativos.
Formulación de tres denuncias penales por parte del canciller, las cuales involucran a diez empresas y a sus respectivos directivos.
El Palacio San Martín aseveró que ninguna directiva comercial o cartilla redactada por una potencia extranjera puede anteponerse a la legislación argentina ni al derecho internacional, con especial mención a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A su vez, advirtió que mantendrá activos todos los resortes administrativos, judiciales y diplomáticos para obstaculizar extracciones inconsultas.
El marco de Naciones Unidas
En su descargo, el Gobierno trajo a colación la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que demanda a ambos países agilizar las tratativas por la soberanía y abstenerse de modificaciones unilaterales en el territorio en disputa. Para la Cancillería, los emprendimientos petroleros alrededor de las islas infringen abiertamente dicha pauta multilateral.
Pese a la escalada retórica, el Ministerio de Relaciones Exteriores exteriorizó su voluntad de sostener "un diálogo constructivo y sustantivo" con Londres para destrabar el diferendo soberano, conforme a los lineamientos de la Resolución 2065 y normativas conexas de las Naciones Unidas, mientras que el Reino Unido ratificó que excluirá la soberanía de cualquier debate salvo que los isleños resuelvan lo contrario.
