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EL DIARIO digital
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José Gabriel Espinoza fue removido mediante un decreto presidencial después de no presentarse a una interpelación legislativa. Óscar Mario Justiniano quedó al frente de la cartera de manera interina, mientras la controversia será analizada por la Justicia constitucional.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara una moción de censura en su contra.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto Presidencial 5678, publicado en la Gaceta Oficial. En su reemplazo fue designado de manera interina el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano Pinto, quien conducirá ambas áreas hasta que sea nombrado un nuevo titular de Economía.
La salida de Espinoza profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso boliviano en medio de la crisis económica y de las dificultades que enfrenta el Gobierno para conseguir respaldo legislativo para sus reformas.
Por qué fue censurado el ministro
La Asamblea Legislativa censuró a Espinoza el martes 18 de agosto, luego de que el funcionario no se presentara a una sesión de interpelación.
El ministro había sido convocado para responder preguntas sobre la política económica, la planificación macroeconómica y las medidas adoptadas frente a la escasez de combustibles y divisas.
Espinoza solicitó postergar la interpelación porque debía cumplir compromisos oficiales en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente viajar a Brasil. El Congreso rechazó el pedido y decidió avanzar con la votación.
La moción de censura obtuvo 91 votos afirmativos, 34 negativos y cuatro abstenciones, sobre un total de 129 legisladores presentes.
La discusión por los dos tercios
El Gobierno cuestionó inicialmente la validez de la resolución legislativa y sostuvo que la censura no había reunido la mayoría exigida por la Constitución.
La controversia se centra en la interpretación de los dos tercios necesarios. El Congreso consideró suficiente alcanzar esa proporción entre los legisladores presentes en la sesión. Con 129 asistentes, se necesitaban 86 votos y la moción consiguió 91.
El Ejecutivo, en cambio, argumentó que los dos tercios debían calcularse sobre la totalidad de los 166 integrantes de la Asamblea Legislativa. Bajo esa interpretación, eran necesarios 111 votos.
Espinoza anunció entonces que recurriría al Tribunal Constitucional Plurinacional para cuestionar el procedimiento y solicitar una revisión de la censura.
El plazo para concretar la destitución
La Asamblea notificó formalmente al Poder Ejecutivo el jueves 20 de agosto. A partir de esa comunicación comenzó a correr el plazo establecido por la Ley 1350, que obliga al presidente a remover dentro de las 24 horas al ministro censurado.
En paralelo, se presentó una acción de amparo constitucional contra la resolución del Congreso. La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió el planteo y fijó una audiencia para el lunes 24 de agosto.
El decreto presidencial aclaró que, hasta el momento de la destitución, no existía ninguna medida cautelar ni orden judicial que suspendiera los efectos de la censura.
Por ese motivo, el Gobierno resolvió cumplir el plazo legal y remover a Espinoza, aunque dejó establecido que la decisión se adopta sin perjuicio de lo que pueda resolver posteriormente la Justicia constitucional.
Justiniano asumió de manera interina
Para garantizar la continuidad del Ministerio de Economía, Paz designó de forma transitoria a Óscar Mario Justiniano Pinto.
Justiniano se desempeña como ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua y quedará a cargo de la conducción económica hasta que el mandatario designe a un reemplazante definitivo.
El decreto no estableció un plazo para el nombramiento del nuevo ministro.
Una salida en un momento económico sensible
Espinoza integraba el gabinete desde la asunción de Rodrigo Paz, en noviembre de 2025, y era uno de los principales responsables del programa económico del Gobierno.
También había participado en las negociaciones con organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional. En julio, Bolivia alcanzó un entendimiento para acceder a financiamiento, pero el programa todavía necesita la aprobación del Congreso boliviano y del Directorio Ejecutivo del FMI.
La destitución se produce mientras el país enfrenta problemas de abastecimiento de combustibles, escasez de moneda extranjera, bajo crecimiento y protestas contra las medidas de ajuste.
El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con sus reformas económicas, pero la censura evidenció que la relación con la Asamblea atraviesa un momento de creciente conflictividad.
Legisladores opositores y algunos representantes del oficialismo respaldaron la salida de Espinoza y consideraron que los ministros deben concurrir al Congreso cuando sean convocados para explicar sus políticas.
El conflicto todavía no está cerrado
Aunque Espinoza dejó formalmente el cargo, la controversia jurídica continuará.
La audiencia del 24 de agosto deberá analizar la acción de amparo y determinar si la votación legislativa respetó los requisitos establecidos por la Constitución boliviana.
Una resolución favorable al exministro podría cuestionar la validez de la censura, aunque sus efectos concretos sobre la destitución dependerán de la decisión que adopte la Sala Constitucional.
Por el momento, Justiniano quedó al frente del Ministerio de Economía y el Gobierno deberá reorganizar su equipo en una etapa decisiva para el programa económico boliviano.
