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EL DIARIO digital
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La audiencia fue encabezada por el juez federal Martín Cormick y había sido solicitada por la UBA. Las partes plantearon sus posiciones sobre el cumplimiento de la Ley 27.795, mientras continúa vigente una medida cautelar que ordena actualizar salarios y programas estudiantiles.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tuvo este viernes una nueva instancia judicial. Representantes del Gobierno y del sistema universitario participaron de una audiencia convocada para intentar acercar posiciones en torno a la aplicación de la Ley 27.795.
El encuentro fue encabezado por Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, y concluyó pasadas las 13 sin una resolución de fondo.
La audiencia había sido solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la conformidad del Gobierno nacional. También participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Durante la reunión, cada sector expuso sus argumentos frente al magistrado. Los planteos quedaron registrados en un acta firmada por los participantes, pero no se alcanzó un acuerdo ni se adoptaron nuevas medidas sobre el cumplimiento de la norma.
Una ley ratificada después del veto presidencial
La controversia gira alrededor de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso durante 2025.
El presidente Javier Milei vetó inicialmente la iniciativa mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, las cámaras de Diputados y Senadores insistieron posteriormente con la sanción original al reunir los dos tercios de los votos, por lo que la norma quedó convertida en ley.
El Gobierno la promulgó a través del Decreto 759/2025, pero sostuvo que su ejecución debía permanecer suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
La decisión del Ejecutivo fue cuestionada por las universidades y los gremios docentes y no docentes, que reclamaron el cumplimiento inmediato de una norma vigente y recurrieron a la Justicia mediante un amparo colectivo.
Qué establece la Ley 27.795
La legislación tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y dispone actualizaciones para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
También ordena recomponer los salarios del personal docente y no docente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor, además de convocar a una paritaria nacional para el sector.
Otro de sus puntos centrales es la actualización de los programas de becas y bienestar estudiantil, entre ellos el Progresar. La norma contempla además recursos para hospitales universitarios, infraestructura, equipamiento, ciencia, tecnología y actividades de extensión.
La cautelar que dejó firme la Corte
El conflicto llegó a la Corte Suprema después de distintas presentaciones judiciales del Gobierno contra una medida cautelar favorable al sistema universitario.
El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el planteo presentado por el Estado nacional y dejó vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Esos artículos están relacionados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes, y con la recomposición de las partidas destinadas a becas, programas estudiantiles y políticas de bienestar universitario.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que rechazó el recurso porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
De esta manera, la discusión principal sobre la constitucionalidad y el alcance de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo continúa abierta, mientras la cautelar permanece vigente.
Los recursos acordados en junio
La audiencia se desarrolló después de que el Gobierno y las universidades alcanzaran en junio un entendimiento para incrementar parcialmente los fondos destinados al sistema.
Ese acuerdo contempló una suba del 24,33% para los salarios universitarios, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta alcanzar los $50.000 millones.
Desde el sector universitario reconocieron esos avances, pero advirtieron que no representan el cumplimiento integral de la Ley 27.795. Los gremios también sostienen que las mejoras salariales acordadas resultan inferiores a la recomposición establecida por la legislación.
El conflicto continúa abierto
La reunión de este viernes permitió que las partes volvieran a plantear sus posiciones dentro del expediente, aunque no produjo una solución inmediata.
Las universidades reclaman la ejecución completa de la ley y de la medida cautelar vigente. El Gobierno, en cambio, mantiene sus objeciones relacionadas con la disponibilidad de recursos y las exigencias establecidas por la normativa presupuestaria.
El juez Cormick deberá evaluar ahora las presentaciones incorporadas al expediente y definir los próximos pasos. Mientras tanto, el conflicto seguirá abierto tanto en los tribunales como en el ámbito político y gremial.
