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EL DIARIO digital
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Diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto para modificar el Código Penal y elevar la respuesta judicial frente a conductas peligrosas al volante. La propuesta apunta a penalizar determinados niveles de alcoholemia incluso antes de que ocurra un siniestro, garantizar prisión efectiva cuando haya víctimas fatales y cerrar una puerta polémica: que las causas terminen prescribiendo mientras recorren tribunales y apelaciones.
La discusión por las penas aplicadas a quienes protagonizan siniestros viales graves vuelve al Congreso. Los diputados nacionales por Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical, impulsaron una reforma del Código Penal que busca correr el límite de la intervención judicial y endurecer las consecuencias para quienes adopten conductas de alto riesgo al volante.
El proyecto pone sobre la mesa un debate sensible: ¿hay que esperar a que haya una víctima para que determinadas conductas dejen de ser una simple infracción de tránsito y pasen a tener consecuencias penales?
Para los autores de la iniciativa, la respuesta es no.
Alcohol al volante: de infracción a posible delito
Uno de los cambios más fuertes apunta directamente contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
Actualmente, estas situaciones pueden derivar en multas, retención de la licencia y otras sanciones administrativas. La propuesta pretende avanzar un escalón más y establecer que conducir con determinados niveles de alcoholemia pueda configurar un delito, aun cuando el conductor no haya provocado un choque.
El objetivo, según explicó Verasay, es darle herramientas a la Justicia para actuar antes de que una conducta extremadamente riesgosa termine en una tragedia.
La reforma buscaría establecer parámetros capaces de diferenciar una infracción administrativa de aquellos casos cuya gravedad justifique directamente una respuesta penal.
Prisión efectiva cuando hay una muerte
El segundo punto toca una de las mayores fuentes de indignación entre familiares de víctimas de siniestros viales: las condenas que no terminan con el responsable efectivamente detrás de las rejas.
La iniciativa propone endurecer las consecuencias cuando una persona provoca una muerte mientras conduce y busca que las penas impuestas impliquen cumplimiento efectivo de prisión.
Además, plantea ampliar los períodos de inhabilitación para conducir.
La intención es agravar especialmente la respuesta frente a conductas como manejar alcoholizado, exceder las velocidades máximas, escapar después de un siniestro o abandonar a una víctima sin prestarle asistencia.
"Cuando hay una muerte o una lesión irreversible, debe existir una respuesta penal adecuada", sostuvo Verasay.
El otro agujero que buscan cerrar: la prescripción
El proyecto también mete mano en un terreno mucho menos visible para la sociedad, pero determinante dentro de los tribunales: los plazos de prescripción.
Una causa puede atravesar condenas, apelaciones y recursos ante distintas instancias judiciales mientras el reloj continúa corriendo.
El problema aparece cuando ese recorrido se extiende durante años y el paso del tiempo termina jugando a favor del condenado, hasta eventualmente provocar la extinción de la acción penal.
Los legisladores proponen modificar ese mecanismo para que la confirmación de una condena tenga efectos sobre el cómputo de la prescripción, evitando que las demoras propias del sistema judicial terminen convirtiéndose en una salida para quien ya recibió una sentencia adversa.
Una reforma que promete abrir debate en el Congreso
La propuesta de Verasay y Nieri se mete de lleno en una problemática que periódicamente vuelve al centro de la agenda después de tragedias protagonizadas por conductores alcoholizados, excesos de velocidad o personas que abandonan el lugar después de atropellar a una víctima.
La discusión parlamentaria tendrá ahora un punto especialmente delicado: hasta dónde debe llegar el derecho penal antes de que exista un daño concreto.
Los impulsores pretenden justamente anticipar esa barrera. La idea es que ciertas conductas al volante, por el peligro que representan para terceros, puedan dejar de ser tratadas exclusivamente como faltas administrativas.
Si la reforma avanza, manejar alcoholizado bajo determinados parámetros podría dejar de significar solamente una multa y la pérdida de la licencia para convertirse directamente en un problema penal.
Al mismo tiempo, quienes provoquen muertes bajo circunstancias agravantes enfrentarían un escenario mucho más duro: prisión efectiva, mayores períodos sin poder conducir y menos posibilidades de que el paso de los años termine diluyendo una condena.
El proyecto recién comienza su recorrido legislativo. Pero la discusión ya está planteada: endurecer el Código Penal para intentar que la Justicia llegue antes de la próxima tragedia y no solamente después.
