El Tesoro movió US$781 millones con el Banco Central: limpió deuda, pero las reservas sintieron el golpe
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EL DIARIO digital
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Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito puso bajo la lupa la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti. El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre pagos en efectivo por más de $51 millones y US$374 mil, operaciones inmobiliarias, viajes, criptomonedas y deudas con particulares. Uno de los datos que más sobresale del análisis fiscal es una diferencia superior a $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos relevados del grupo familiar. Ahora deberá justificar el origen de los fondos.
Los números encendieron las alarmas en Comodoro Py.
El fiscal federal Gerardo Pollicita puso el foco sobre la evolución patrimonial atribuida a Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti y presentó ante el Juzgado Federal N°4 un extenso requerimiento para que se explique de dónde salió el dinero utilizado en una serie de operaciones realizadas durante el período investigado.
El expediente no gira alrededor de un gasto aislado. La fiscalía puso sobre la mesa propiedades, remodelaciones, viajes internacionales, pagos en efectivo, tarjetas, billeteras virtuales, criptomonedas y deudas privadas.
Y hay una cifra que sobresale: durante el período analizado se relevaron pagos en efectivo por $51.715.080,41 y US$374.081,66.
El dato que llamó la atención: casi el 93% de los gastos en dólares habría sido en efectivo
El requerimiento fiscal señala una marcada diferencia entre la utilización de efectivo en pesos y en moneda estadounidense.
Según el análisis incorporado a la causa, alrededor del 19% de los gastos en pesos fueron realizados en efectivo. En dólares, en cambio, esa proporción habría escalado hasta un llamativo 92,9%.
Es precisamente esa circulación de divisas la que ahora deberá ser explicada.
Durante 2024 fueron identificados pagos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En 2025, la cifra alcanzó $14.895.324,02 y US$273.534,14.
Entre enero y mayo de 2026 aparecen otros $3.670.000 y US$11.350,69.
En conjunto, el análisis contabilizó gastos generales por $272.820.832,20 y US$402.578,12, de los cuales $51,7 millones y US$374 mil habrían sido afrontados en efectivo.
Más de medio millón de dólares declarados
Otro capítulo sensible del expediente apunta a una tenencia superior a US$500.000 declarada por Adorni.
La fiscalía pretende reconstruir cómo se habría formado ese capital.
De acuerdo con el requerimiento, deberá brindar precisiones sobre una operación consignada como "venta de activos" y explicar qué bienes fueron vendidos, cuándo se concretaron esas operaciones, quiénes fueron los compradores, cuánto dinero estuvo involucrado y cuál fue el circuito bancario, bursátil o registral de esos fondos.
La existencia posterior de dólares declarados, según el criterio fiscal plasmado en el expediente, no alcanzaría por sí misma para determinar cómo se constituyeron las tenencias ni para vincularlas con los desembolsos efectuados anteriormente.
US$245 mil para remodelar una vivienda
La lupa también llegó al ladrillo.
Uno de los puntos específicos está relacionado con US$245.000 que habrían sido pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de una propiedad ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La fiscalía busca determinar de dónde salió el dinero utilizado para esas obras y reclama documentación respaldatoria.
Pero el interrogante no termina con la remodelación: también se solicitaron precisiones sobre los fondos utilizados para comprar el lote y afrontar la tasa de ingreso al country.
Otro inmueble mencionado es un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito.
Allí también se pretende reconstruir el origen del dinero destinado a la adquisición y conocer las características concretas de la operación.
Incluso los muebles quedaron bajo análisis: según el requerimiento, parte del mobiliario destinado al departamento habría sido pagado en dólares y en efectivo.
Viajes al exterior y un regreso en business
Los movimientos turísticos del grupo familiar constituyen otro de los capítulos del expediente.
La investigación relevó viajes entre 2024 y 2026 con destinos como Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos, además de desplazamientos dentro de la Argentina.
Entre los gastos informados aparecen US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos, además de consumos en moneda nacional correspondientes a otros destinos.
Un episodio puntual mencionado en el análisis corresponde a un viaje a Estados Unidos en marzo de 2026.
Los pasajes correspondientes a la comitiva oficial fueron cubiertos por el Estado, mientras que Angeletti habría abonado US$5.144,55 por su regreso en clase business.
También aparecen gastos importantes en turismo nacional.
Una estadía en Bariloche durante junio de 2024 habría involucrado consumos por $3.100.462, además de $4.931.994 en alojamiento.
La fiscalía quiere conocer particularmente la procedencia del efectivo utilizado en viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares.
La cuenta que no cerró: $43 millones de diferencia
Probablemente uno de los puntos políticamente más delicados sea la comparación entre los ingresos comprobados y los egresos atribuidos al grupo familiar.
Según el requerimiento, durante el período analizado los ingresos comprobados de Adorni y Angeletti alcanzaron $229.752.283,20.
Los gastos relevados, en cambio, fueron de $272.820.832,20.
La diferencia asciende a:
$43.068.549.
Ese desfasaje forma parte de las explicaciones reclamadas por la fiscalía.
Los egresos relevados incluyen seguros de vehículos, expensas, electrodomésticos, impuestos, servicios, viajes, tarjetas y otros consumos.
El punto central de la pesquisa no es solamente cuánto se gastó, sino qué fondos permitieron financiar la diferencia entre los recursos acreditados y las erogaciones identificadas.
Las deudas también crecieron fuerte
Otro número que llamó la atención de los investigadores corresponde al pasivo declarado.
Las deudas habrían pasado de $92.440.268,79 a $317.312.719,68, es decir, terminaron en un nivel superior a tres veces el monto inicial.
Según el análisis fiscal, el incremento estaría relacionado con la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares.
El dato también deberá ser explicado, particularmente porque durante ese mismo período no se habrían registrado obligaciones bancarias de características semejantes.
Terceros, facturas y pagos que no pudieron conciliarse
La investigación avanza además sobre la presunta utilización reiterada de terceros para realizar compras o afrontar determinados gastos.
La fiscalía pretende conocer quién pagó, con qué dinero y cómo fueron posteriormente reintegradas esas sumas.
El análisis habría detectado también 20 comprobantes informados ante ARCA durante 2024 y 2025, por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, movimientos bancarios o plataformas digitales.
A ellos se sumarían 16 facturas emitidas por una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coincidirían con los montos asentados en los respectivos comprobantes.
La Justicia busca determinar si las operaciones efectivamente existieron, cuándo fueron canceladas y cuál fue el origen del dinero utilizado.
Criptomonedas, otro capítulo del expediente
La investigación patrimonial tampoco dejó afuera los criptoactivos.
El requerimiento reclama detalles sobre las operaciones realizadas con criptomonedas y, fundamentalmente, el origen del capital utilizado para comenzar esas inversiones.
Según la documentación mencionada en la causa, declaraciones rectificativas habrían incorporado cuatro cuentas de activos virtuales, mientras que un informe de la SIFRAI habría vinculado al investigado con otros activos de esa naturaleza.
También se solicitaron precisiones respecto de la valuación de las mejoras declaradas tanto en el departamento de Caballito como en la propiedad del Country Indio Cuá.
Veinte preguntas y 15 días para contestar
El requerimiento elaborado por Pollicita tiene 207 fojas y está estructurado en 20 puntos.
El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y establecer la procedencia de los fondos involucrados en las operaciones observadas.
Según trascendió, Adorni dispondrá de 15 días para responder los cuestionamientos y acompañar la documentación que considere pertinente.
El expediente se encuentra enmarcado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Por el momento, las observaciones descriptas constituyen elementos y requerimientos de la fiscalía que deberán ser respondidos y evaluados dentro del proceso judicial; no implican por sí mismos una declaración de culpabilidad.
Pero políticamente el problema ya está servido: US$374 mil utilizados en efectivo, más de medio millón de dólares declarados, US$245 mil destinados a una remodelación, viajes internacionales y una diferencia superior a $43 millones entre ingresos y gastos conforman una fotografía patrimonial sobre la que la Justicia ahora exige respuestas.
Y esta vez, más que discursos, reclama papeles.
