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EL DIARIO digital
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Un informe técnico del Ministerio Público Fiscal concluyó que el material audiovisual presenta graves deficiencias que impiden verificar su autenticidad, origen e integridad. La falta de metadatos y de una cadena de custodia confiable pone en duda su valor como prueba judicial.
Un informe elaborado por el Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones (DATIP) del Ministerio Público Fiscal puso bajo la lupa una de las pruebas incorporadas a la investigación que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Según la pericia, los videos agregados al expediente presentan inconsistencias técnicas que impiden garantizar su autenticidad y trazabilidad, lo que debilita su posible utilización como evidencia.
Los especialistas analizaron el contenido de un dispositivo de almacenamiento entregado a la Justicia y concluyeron que no es posible determinar con precisión cuándo fueron grabados los archivos ni comprobar que permanezcan intactos desde su obtención.
Fechas que no acreditan cuándo fueron filmados
Uno de los principales hallazgos del informe indica que las fechas registradas en los archivos corresponden al momento en que fueron copiados al pendrive y no al instante en que habrían sido registrados originalmente.
Esta situación impide establecer una línea temporal confiable para vincular el material con los hechos investigados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Sin metadatos ni garantía de autenticidad
La pericia también reveló que los videos carecen de los metadatos originales, es decir, la información técnica que identifica el dispositivo con el que fueron grabados, la fecha de captura y otros datos fundamentales para certificar su procedencia.
Para los peritos, esa ausencia es compatible con que los archivos hayan atravesado procesos de edición, conversión o transferencia antes de ser incorporados al expediente judicial.
Además, detectaron que varios videos compartían exactamente la misma fecha y hora de modificación, un patrón que suele observarse cuando se realizan copias masivas de archivos.
Todos ellos se encontraban almacenados en una carpeta denominada "copia2406", nombre que hace referencia a una copia efectuada el 24 de junio de 2026.
Un punto clave: falta el código hash
Otro de los aspectos más sensibles del dictamen es la inexistencia del código hash original, una firma digital utilizada para comprobar si un archivo fue alterado desde el momento de su obtención.
Los especialistas remarcaron que, sin ese elemento, no puede garantizarse la integridad del material ni descartar modificaciones posteriores.
Dudas sobre la cadena de custodia
El informe también detectó inconsistencias en la cadena de custodia de la evidencia.
Mientras la documentación judicial hacía referencia al secuestro de un pendrive, el elemento finalmente peritado fue una tarjeta microSD de 32 GB, una diferencia que, según los técnicos, compromete la trazabilidad del material desde su incorporación a la causa.
Un dictamen que debilita la prueba
En sus conclusiones, el DATIP sostuvo que los archivos no cumplen con los estándares técnicos exigidos para una prueba digital, ya que no es posible acreditar de manera fehaciente su origen, autenticidad ni conservación.
Por ese motivo, el laboratorio consideró que el material no reúne las condiciones necesarias para ser considerado una evidencia plenamente válida dentro del proceso judicial, al incumplir los requisitos de integridad y resguardo previstos para este tipo de pruebas.
