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EL DIARIO digital
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El caso sacude a uno de los entornos más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. El empresario Marcelo Porcel fue procesado por la Justicia en una causa explosiva que investiga abusos sexuales contra al menos diez menores. La resolución confirma un cuadro judicial gravísimo, aunque con una decisión que genera ruido: seguirá en libertad.
El fallo incluye un embargo por 112 millones de pesos, prohibición de salida del país y una batería de restricciones. Pero no hay detención. Y ahí empieza la polémica.
Delitos graves y un patrón reiterado
Según la investigación, Porcel fue considerado presunto autor de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por tratarse de menores de 13 años y por el vínculo de cercanía con las víctimas. A esto se suman cargos por corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.
El expediente describe una mecánica repetida: encuentros en ámbitos privados —desde su domicilio hasta oficinas y un departamento en Puerto Madero— donde, según las denuncias, se generaban situaciones de vulnerabilidad. Alcohol, apuestas online y un entorno que, para la Justicia, habría sido funcional a los delitos.
No se trata de un hecho aislado. La causa reúne al menos diez denuncias, lo que configura un concurso de delitos y refuerza la hipótesis de un comportamiento sistemático.
Pruebas que complican
Uno de los puntos más sensibles del expediente son los peritajes sobre dispositivos electrónicos. Allí se encontraron imágenes y mensajes que, según la causa, respaldan los testimonios de las víctimas. Parte de ese material habría sido reconocido por denunciantes y sus familias.
Además, la Justicia ordenó allanamientos y el secuestro de computadoras y teléfonos, consolidando un volumen probatorio que, al menos en esta etapa, fue suficiente para dictar el procesamiento.
Medidas, pero sin prisión
El juez Carlos Manuel Bruniard dispuso una restricción perimetral de 300 metros respecto de las presuntas víctimas, el colegio y el club donde los menores realizaban actividades. También interviene el fiscal Pablo Turano, mientras que la querella —representada por Pablo Hawlena Gianotti— había solicitado la detención.
Sin embargo, el empresario continuará en libertad. Una decisión que, si bien puede encuadrarse en criterios procesales, abre interrogantes sobre el riesgo procesal y la protección de las víctimas.
Un apellido pesado y un caso en expansión
Porcel no es un desconocido en ciertos círculos. Vinculado a negocios inmobiliarios y agropecuarios, es presidente de Campazu S.A. y forma parte de una familia con historia empresarial: es hijo de Néstor Porcel, uno de los impulsores de Argencard.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, pero explotaron públicamente en 2024, cuando comenzaron a acumularse las denuncias formales.
La causa sigue abierta. Y todo indica que puede escalar aún más: hay nuevas presentaciones en análisis y un expediente que todavía está lejos de cerrarse.
Por ahora, el dato que incomoda es claro: procesado por delitos gravísimos, pero en libertad. Una combinación que, en la opinión pública, rara vez pasa desapercibida.
