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EL DIARIO digital
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El Gobierno presentó este lunes los lineamientos del proyecto de reforma del Código Penal que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias y dejó abierto el debate sobre dos puntos centrales: la posible eliminación de la figura del femicidio y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Tras la conferencia encabezada por Patricia Bullrich, una fuente del Ejecutivo señaló que "todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas definiciones". La ministra no descartó cambios en la figura del femicidio y respondió en conferencia que la propuesta continúa en análisis. La discusión se reactivó desde que la Casa Rosada impulsara en enero de 2025 un proyecto orientado a la "igualdad ante la ley", que buscaba derogar cupos y normativas consideradas como "discriminación positiva". En ese marco, Javier Milei había afirmado en el Foro de Davos: "Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".
A partir de esas declaraciones, surgió la controversia sobre si eliminar el agravante podría favorecer a condenados por femicidio. Desde el Gobierno señalaron que un eventual cambio no implicaría beneficios ni permitiría invocar el principio de ley más benigna. Entre quienes trabajan en la redacción del proyecto figuran Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal.
Otro de los puntos en evaluación es la imprescriptibilidad de la corrupción. Si bien durante el fin de semana circuló la versión de que el delito pasaría a integrar esa categoría, Bullrich y otras fuentes oficiales indicaron que aún no está definido, aunque tampoco descartaron incorporarlo. En paralelo, el proyecto establece que los funcionarios condenados por corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.
Sí está confirmado que el nuevo Código Penal declarará imprescriptibles delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, atentados terroristas, narcotráfico y secuestros extorsivos. El equipo técnico trabaja sobre la letra final del documento para su envío al Congreso.
Entre los cambios que incluirá la reforma se destacan:
Homicidios simples: la pena máxima pasará de 25 a 30 años.
Homicidios agravados: se incorporarán circunstancias como magnicidios, muertes de autoridades educativas en funciones, víctimas menores de 16 años o mayores de 65, todas con pena perpetua sin límite temporal.
Lesiones por conducción imprudente: la escala cambiará de 2 a 6 años en la modalidad simple y de 3 a 6 años para casos agravados.
Legítima defensa: se modificará la presunción en favor de quien se defiende.
Aplicación federal: regirá para todas las provincias.
Derechos de las víctimas: serán notificadas en primer término cuando el condenado acceda a salidas transitorias o cumpla la pena.
El Gobierno afina los detalles finales del texto para su debate legislativo durante el período extraordinario.
