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EL DIARIO digital
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La suba se aplicará en tres tramos —octubre, noviembre y diciembre— y alcanza a profesionales, instituciones y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad.
El Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, con incrementos que van del 29,7% al 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante el último trimestre de 2025.
La medida fue aprobada tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, de la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, y fue posible por la decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida presupuestaria adicional.
"Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención", señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Alcance del aumento
El ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial que define los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios dedicados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiarios se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
El incremento llega después de casi un año sin actualizaciones —el último había sido del 0,5% en diciembre de 2024— y tras meses de reclamos del sector por la parálisis de servicios y cierres de centros especializados.
Contexto judicial y político
El anuncio se conoció pocos días después de que el Ministerio de Salud acatara la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, para restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. La resolución, apelada en un primer momento por la ANDIS, fue confirmada y publicada el 23 de octubre en el Boletín Oficial mediante la Resolución 13901/2025.
En paralelo, el Foro Permanente de Discapacidad y otras organizaciones reclamaban un incremento del 70%, conforme a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que la suba del 35% fue considerada insuficiente por parte de los colectivos del sector.
"Ordenamos el sistema"
Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida como parte de una política de "normalización y previsibilidad". "Los mismos que ahora critican aumentaron el nomenclador apenas un 93% en 2023, frente a una inflación del 211%. Incluso muchas provincias pagan la mitad de lo que paga Nación, como ocurre con IOMA en Buenos Aires", señalaron fuentes oficiales.
El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, sostuvo que la actualización "no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos", garantizando que los recursos "vayan donde corresponde".
Impacto esperado
El aumento beneficiará a miles de profesionales, instituciones y centros especializados que integran la red nacional de atención a la discapacidad, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios pese a la presión inflacionaria.
"Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días", destacaron desde el Ministerio de Salud.
La resolución que formaliza el aumento será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.
