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Un jurado de Estados Unidos decidió hoy que el exmarino argentino Roberto Bravo fue responsable de los fusilamientos durante la Masacre de Trelew de 1972 y le impuso el pago de una millonaria indemnización a las familias de las víctimas.
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EL DIARIO digital
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Los familiares de los 16 militantes asesinados y los 3 sobrevivientes iniciaron un juicio civil en Estados Unidos a la espera del segundo pedido de extradición de Bravo para que sea juzgado en Argentina.
Un jurado de ciudadanos y ciudadanas de Florida consideró primero que hubo circunstancias extraordinarias que impidieron a las familias presentarse durante casi 40 años en la justicia de Estados Unidos, una decisión que abrió la puerta a la siguiente, que fue considerar por unanimidad que Bravo fue responsable de los crímenes cometidos contra Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, las cuatro familias que se presentaron en representación del resto.
El jurado decidió además imponerle el pago de daños compensatorios y punitivos a las familias.
Si bien fue responsabilizado por esos cuatro hechos, el fallo lo coloca a Bravo como uno de los ejecutores de la Masacre de Trelew. El jurado no creyó el relato oficial de la dictadura de Lanusse y que repitió Bravo sobre un segundo intento de fuga de los detenidos, sino que consideró, a partir de las pruebas presentadas que fueron asesinados a sangre fría esa madrugada del 22 de agosto de 1972.
Eduardo Capello, sobrino de unas de las víctimas, fue uno de los familiares que viajó a Estados Unidos. En diálogo con Tiempo había señalado que una sentencia que reconociera su responsabilidad en este juicio civil puede ser un gran respaldo al pedido de extradición que realizó la justicia argentina para juzgar a Bravo en el país. “Entendemos que si lo encuentran responsable acá hay muchos argumentos para que el juez lo extradite”, sostuvo.
Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval por la dictadura de Lanusse. Se retiró de la marina en 1979, pero se quedó en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudanía y se convirtió en un importante empresario, que llegó a ser contratista del departamento de Estado. Durante las audiencias reconoció un patrimonio de 6 millones de dólares.
En 2010 se pidió por primera vez su extradición al país para ser juzgado pero fue rechazada y tras la sentencia de 2012, en la que fueron condenados a perpetua 3 de los exmarinos acusados, Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, se realizó un nuevo pedido que aún está pendiente de respuesta.
La participación de Bravo en los hechos nunca estuvo en duda, incluso fue mencionada en un documento secreto de la Armada en el que se instalaba la versión oficial sobre el intento de fuga y se señala que “ante la emergencia, el Teniente Bravo inició el fuego con su PAM”.
En la sentencia de 2012 se reproduce lo que contó Alberto Camps, uno de los 3 sobrevivientes, después de la Masacre. Relató que los hicieron salir de sus celdas, los hicieron formar y que sin razón alguna comenzaron a disparar. Camps se refugió en su celda junto a Mario Alberto Delfino, quien resultó asesinado. Contó que “apareció en su celda el oficial Bravo, portando un arma corta (pistola 45), y les ordenó ponerse de pie. Les preguntó si contestarían un interrogatorio, negándose ambos detenidos. En forma inmediata Bravo abrió fuego, en primer lugar sobre Camps, y acto seguido sobre Delfino. Ambos cayeron, Camps primero por un disparo en el abdomen y Delfino por otro disparo posterior y que determinó su total inmovilización”.
