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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó esta tarde que la decisión se tomó para garantizar un acceso universal a los servicios de comunicación. Congelaron todas las tarifas hasta el 31 de diciembre y cualquier nuevo aumento deberá ser autorizado por el Estado.
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EL DIARIO digital
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“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, informó el presidente de la Nación por su cuenta de Twitter.
Agregó que “también hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, señaló.
“De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, indicó.
“La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, aseveró el presidente de Argentina.
El decreto establece que:
Se declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales y se congelan los precios hasta el 31 de diciembre del 2020
Mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se publicará esta noche el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.
Además se congelarán hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias.
La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.
