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La iniciativa que jerarquiza la Convención de Belém Do Pará quedó en condiciones de ser tratada en el recinto del Senado, luego del aval de la Banca de la Mujer. Se trata de un tratado internacional pionero en materia de violencia de género.
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EL DIARIO digital
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La Comisión de Banca de la Mujer del Senado avanzó con el dictamen del proyecto para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.
La iniciativa, que este miércoles fue avalada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedó de esta manera en condiciones de ser tratada en el recinto, donde requiere de los dos tercios de los votos para su aprobación.
La Convención fue adoptada por la Asamblea de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994 y ratificada por Argentina a través de la Ley 24.632.
La presidenta de la comisión, la pampeana Norma Durango (FdT), consideró que la Convención “hoy más que nunca merece tener el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico”. La legisladora explicó que fue “el primer tratado internacional con naturaleza vinculante” y “se ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado pionero en la materia”.
El tratado aborda “el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, considera a “la violencia de género como una violación a los derechos humanos” y establece “mecanismos de protección”, agregó Durango.
Por su parte, la bonaerense Gladys González (Pro) destacó el hecho de “elevar el nivel de esta Convención al resto de los derechos que están consagrados en nuestra Carta Magna”, y lo que eso significa para “el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia”.
La macrista recordó que el proyecto requiere para su aprobación de “una mayoría especial, así que esperamos recibir el acompañamiento de todos nuestros compañeros varones en el recinto”.
A su turno, la santafesina María de los ángeles Sacnun (FdT) habló del desafío para que los derechos allí establecidos “se hagan efectivos”, porque “todos los días vamos siguiendo los distintos índices en cuanto a los femicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres, y vemos como esto se profundiza, y mucho más en pandemia”.
“Es un paso importante, pero es un proceso que implica que nuestros varones entiendan de qué hablamos cuando hablamos de no a la violencia en todos sus aspectos; y a interpretar lo que es la perspectiva de género en cada una de las decisiones que debemos tomar desde los distintos poderes del Estado”, sostuvo María Inés Pilatti Vergara (FdT).
En tanto, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) señaló que en el ámbito judicial es donde “hay un abismo para que se cumplan todas estas convenciones”. “Son siempre las mujeres las que deben juntar todas estas pruebas y son revictimizadas”, apuntó.
En ese sentido, la oficialista subrayó: “Necesitamos que en las instancias judiciales exista realmente perspectiva de género y podamos derribar y terminar con este tipo de violencias. Salvo honrosas excepciones de juezas muy militantes del género, lamentablemente la Justicia es 100% machirula”.
Durante la reunión, la catamarqueña Inés Blas (FdT) lamentó que el “contexto patriarcal machista en este último tiempo, esta época de pandemia, se ha potenciado”, y advirtió que “todo lo que podamos hacer para que las mujeres dejemos de ser violentadas y que ser mujer no nos cueste la vida nunca dejará de ser suficiente”.
La legisladora María Eugenia Duré (FdT) remarcó que la Convención se trata del “primer tratado vinculante que reconoce a la violencia de género como violación de los derechos humanos” y esa debe ser “nuestra base para seguir trabajando en políticas públicas que contengan a nuestras mujeres”.
Con cifras aportadas por la Casa del Encuentro, la fueguina detalló que “desde el 1ro. de enero de 2021 se produjeron 92 femicidios en nuestro país, 5 transfemicidos, y eso se traduce en 103 hijos e hijas que quedaron sin madres, los cuales el 63% son menores de edad”.
Hacia el tramo final, la neuquina Silvia Sapag (FdT) ponderó que en los últimos años se inició “fuertemente un proceso de desconstrucción”, sin embargo observó que “siempre resaltamos los femicidios, porque eso es brutal” pero existen las “pequeñas violencias ejercitadas permanentemente sobre nosotras”.
Por último, la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) pidió “votarla completamente, no se puede votar la Convención en partes”, en respuesta a lo que planteó Silvia Elías de Pérez.
La radical Silvia Elías de Pérez (UCR) alertó que al otorgarle jerarquía constitucional a la Convención, también se le da rango al comité de expertos que interpretan la norma. “Eso no lo comparto”, afirmó.
Entonces, la tucumana argumentó que “este comité, fundamentalmente, se ha transformado en un interpretador de esta norma absolutamente de una manera completamente diferente a la que yo la veo, siento e interpreto”.
Sobre ello, dijo que algunos expertos “consideran tortura a un embarazo no planificado” o “inhumano que una persona no pueda acceder a un aborto”. Por eso, Elías de Pérez anticipó que con un grupo de senadores redactarán las disidencias, porque está “claro que estamos de acuerdo con proteger a la mujer”, pero “no a costa de avanzar sobre la vida de nadie, aunque ese nadie sea no planificado, no deseado”.
Durante la reunión se aprobaron además un conjunto de proyectos de declaración consensuados.
