Opinion

Una cumbre contra la violencia antifederal y otro episodio de la politiquería de la sospecha

El gobernador Sergio Ziliotto, convocado a una cumbre con pares de otros signos políticos para defender a las provincias de la ofensiva libertaria, que pisotea el federalismo y odia al periodismo; los subsidios millonarios a fundacionales locales habilitaron un debate sobre el accionar de esas organizaciones, pero también de legisladores que denuncian sin sustento.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

El gobernador Sergio Ziliotto será parte de la cumbre que le próximo martes mostrará en Entre Ríos, una vez más, la sensata preocupación por la ofensiva antifederalista de un gobierno que pretende pisotear todas las reglas que han sido parte del funcionamiento democrático de las instituciones argentinas.

Con referentes de distintos signos políticos y la presencia del Consejo Federal de Inversiones, ese día las provincias harán sentir su descontento con las políticas nacionales de vaciamiento y ajuste, que afectan seriamente la calidad de vida de las poblaciones y también ponen en riesgo la subsistencia futura de las distintas jurisdicciones nacionales.

El caso de La Pampa es paradigmático: la provincia fue una de las primeras que hizo los deberes que exigió el Ministerio de Economía para el llamado "Plan Canje", pero fue el propio oficialismo nacional el que después archivó ese posible pacto, cuando comprendió que lo que había era una multimillonaria deuda del gobierno central con la Provincia: $115.000 millones que Milei se quedó en sus cajas y que le corresponden a la población pampeana.

Por eso mismo la presencia de Ziliotto es requerida también por sus pares del PRO o del radicalismo, que reconocen en la figura del pampeano a un gobernador que defiende el interés de su provincia, a la que además puede desde hace mucho tiempo presentar como ejemplo de equilibrio fiscal, desendeudamiento y orden en las cuentas.

El anfitrión del encuentro será Rogelio Frigerio, que formó parte del gobierno nacional de Mauricio Macri, y se prevén las presencias de al menos otros cuatro gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Ziliotto. Fueron invitados además los mandatarios Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Se sabrá una vez que ocurra ese encuentro qué volumen tiene la cumbre y cuáles son los gobernadores decididos a hacerse respetar y a garantizar un destino para las provincias a su cargo, y cuáles prefieren seguir en ese juego de supuestos "tomas y dacas", en el que de todos modos el federalismo sale perdiendo y el gobierno libertario pisotea derechos establecidos por ley.

La violencia que desarrolla La Libertad Avanza desde el poder tiene múltiples formas y estilos: así como por un lado agrede a las provincias dejándolas sin fondos, en las redes sociales milita sin dubitar el "odio al periodismo", un discurso cargado de crueldad, pretendiendo poner a la prensa en el lugar de "casta" y agitando episodios como el que sufrió un fotógrafo del diario "Tiempo Argentino" a manos de Santiago Caputo, el integrante del Triángulo de Hierro que maneja a su antojo el aparato de Inteligencia de la Nación.

Esas situaciones de verdadero riesgo representan un peligro para el funcionamiento de la democracia tal como la conocemos, y si no aparecen remedios institucionales a tiempo se corre el riesgo de ingresar en un escenario que se suponía que no iba a volver nunca más.

…y una de arena…

La Legislatura provincial puso en discusión durante la semana que se fue el planteo que hizo la diputada radical Gisela Cuadrado respecto del manejo que un grupo de fundaciones hace de subsidios millonarios que perciben de manera sistemática.

La legisladora hizo esa presentación en tono de denuncia y el debate sirvió para que tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social como desde las organizaciones se esclarecieran las tareas que realizan esas entidades, convocadas por el Estado para afrontar una serie de actividades, y financiadas desde las arcas públicas con ese cometido.

La enorme mayoría de los dineros se destinan al pago de salarios de las personas que ejercen tareas profesionales imprescindibles en vínculo con niñeces y adolescencias vulneradas. Queda flotando una pregunta: ¿por qué el Estado tiene que "tercerizar" esas acciones y no puede hacerse cargo de modo directo de las labores y de los pagos de quienes trabajan?

A grandes rasgos, las explicaciones dejaron conformes a quienes se involucraron en el asunto, e incluso a la diputada que promovió poner la situación en agenda, aunque no se privó de señalar algunas circunstancias que considera anómalas o que al menos le generan ruidos.

Entre ellas, citó con cierta congruencia el caso de una entidad cuya fundadora es desde hace un tiempo funcionaria del área Social que distribuye los dineros en cuestión: si bien ya no es parte de la entidad, su cónyuge es el presidente y su hijo el tesorero, según se ventiló en la reunión de comisión.

Lo que sonó poco serio es que, como se dejó constancia en el encuentro, la propia diputada ni siquiera había hecho un movimiento para contactarse previamente con las entidades a las que puso bajo la lupa, además metiéndolas a todas en una misma bolsa.

Un modus operandi similar -que es el de aludir a millones del dinero público y tirar esa piedra sin más precisiones- empleó la misma legisladora cuando puso en el blanco al movimiento cooperativo, sobre el que también arrojó sospechas y acusaciones.

La tarea de un legislador no puede agotarse en recorrer boletines oficiales, hacer denuncias públicas rimbombantes sin sustento en otros ámbitos, o poner en duda el funcionamiento de toda organización que tenga algún vínculo con el Estado. 

Ese accionar, aunque pueda tener rédito rápido en las redes sociales, desprecia a la política bien entendida a favor del bien común y abona a la politiquería del escándalo barato.

A su vez, es una marca cultural para la política y la comunidad pampeana, el desvío de fondos a fundaciones como forma de corrupción, una maniobra que a fines de los '90 y principios de este siglo terminó judicializada con procesamientos y condenas. 

Pero justo es decir que los mecanismos de control han mejorado notablemente desde entonces y que así como el rol del Tribunal de Cuentas se ha potenciado y transparentado, también se ha generado otra educación y otra conciencia en las autoridades políticas y la administración pública respecto del manejo de fondos.

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