Vacunación histórica y agroindustria "ni-ni"

Una de cal...

Las respuestas de la población y del Estado contra la pandemia tuvieron en la semana que se fue un par de costados positivos, de esos que permiten mirar hacia el futuro con optimismo y con la sensación de que quizá en algún momento este tiempo oscuro encuentre un alivio más estable.

El desarrollo del plan de vacunación más grande de la historia argentina suma a un sector de la comunidad que todavía no estaba contemplado en nuestro país: a partir de este martes, cuando comiencen las aplicaciones, la inmunización ya será una realidad para la niñez y la adolescencia.

Sumar a ese sector poblacional, sobre todo a quienes padecen además alguna comorbilidad –que son los primeros en la fila oficial–, despierta no solo la satisfacción de las familias involucradas directamente sino también un bienestar general ante la posibilidad del acceso a ese derecho por parte del sector que más debe ser protegido.

Esa realidad, después de más de un año de pandemia y de largos meses desde que están las vacunas disponibles –siempre relativamente–, es el fruto de un plan que con limitaciones y carencias, pero también recibiendo cuestionamientos muchas veces desproporcionados, se extiende a todas las geografías y las edades, en un número y con una diligencia y una calidad nada desdeñables.

El Gobierno Nacional calculó que el mes que se acaba de iniciar será el de aplicación de las segundas dosis de manera masiva, mientras sigue acordando con diversos laboratorios para la llegada de millones de vacunas.

Siempre es saludable en un sistema democrático que existan críticas sensatas y cuestionamientos oportunos, pero en la mayoría de los casos el pataleo de los sectores opositores no ha estado a la altura de las circunstancias, a tal punto que por momentos reafirma la sensación de que pretende hacer electoralismo con las muertes, los contagios o las cosas que salen mal.

El devenir del discurso opositor ha variado según el momento y los intereses en juego, primero para denunciar que no se compraban vacunas, después para advertir que eran veneno, más tarde para reclamar por las demoras existentes, luego para quejarse de los modos de la relación política del Estado con los países y empresas proveedoras, en el mismo proceso inventando "coimas" y poniéndole nombre y apellido al lobby a favor de Pfizer, y así…

En el camino, desde ya que hay reclamos y opiniones genuinas que marcan defecciones, aquellos privilegios injustificables, algún retardo que pudo preverse, pero casi nadie ha discutido la eficiencia de un plan de dimensiones impresionantes, como tampoco se ha negado la impronta federal de ese programa.

Sin embargo, una de las exigencias favoritas de las oposiciones jurisdiccionales fue la de que las provincias compraran vacunas por su cuenta, como si el acceso a ese bien tan demandado hubiera sido tan sencillo.

En las últimas horas la experiencia de San Juan (provincia gobernada en este caso por el frente oficialista) es ejemplo concreto de una fallida comercialización en ese sentido: las vacunas nunca llegaron, pero además el precio pactado multiplicaba varias veces el que pagó el Gobierno Nacional, y encima a la provincia le está siendo complejo recuperar la millonada de pesos que puso como "seña".

Tampoco está mal, aun en campaña, que cuando las evidencias respecto de alguna cuestión se hacen tan patentes, la dirigencia política pida disculpas y admita errores.

…y una de arena…

En una provincia en la que desde que es provincia se escucha que su razón de ser es la producción agroganadera, llamaron la atención algunos resultados de una encuesta que se hizo en el sector agroindustrial con la idea de conocer su realidad y de estudiar posibles políticas a futuro.

Ese relevamiento se hizo sobre 74 empresas de nuestra provincia, de las cuales 59 aportaron al trabajo brindando sus respuestas concretas, ante la solicitud de un estudio profesional financiado por la Universidad Nacional de La Pampa.

Más importante resulta una tarea en ese sentido en tiempos en que los actores políticos posan su mirada también sobre el sector agroindustrial, especialmente en territorio pampeano, ya sea para advertir sobre comportamientos supuestamente inconvenientes del Estado o para exigir que se tomen medidas en tal o cual sentido.

Desde hace años, casi sin distinción de banderías políticas, la dirigencia de la provincia es consciente –o al menos eso plantea en sus discursos habituales y sus plataformas electorales– de la necesidad de generar empleo privado.

Uno de los interrogantes que la encuesta justifica es si es el sector agroindustrial el indicado para posar esas expectativas, puesto que de acuerdo a lo que se percibe en el primer análisis de esos números no es justamente el sector dinamizador de la economía, que apuesta a la modernización y que invierte de manera sistemática.

Sin generalizar, la encuesta muestra estos números que inquietan: el 56% no realiza inversiones en investigación y desarrollo. El 56% no cuenta con un proceso de planificación estratégica y tampoco tiene formalizada de alguna manera la estructura organizacional. El 68% no tiene un plan de motivación e incentivos. El 64,4% no ha realizado capacitaciones formales en la empresa. El 66% no segmenta los clientes. El 64% no cuenta con estrategias de servicios posventa. El 61% no cuenta con acuerdos comerciales con proveedores o clientes. El 54% no realiza ninguna estrategia de promoción o publicidad.

Al contrario de lo que ese mito cuenta sobre "el campo" y sus sectores asociados, resulta –siempre tomando como base ese relevamiento, que seguramente podrá ser profundizado o analizado más en detalle con la totalidad de los números– que la mayoría del complejo agroindustrial pampeano no planifica de manera estratégica, ni investiga, ni capacita ni motiva a sus empleados.

A la luz de esa evidencia, si se tratara de otro sector social, los medios del establishment estarían prestos a bautizar a la agroindustria como "ni-ni": así operaron con las juventudes estigmatizadas como que "ni estudian ni trabajan".

También les calzarían el mote de "planeros" si se revisaran las abundantes relaciones económicas que esos sectores tienen con el Estado, que mediante gasto público acude en su auxilio con préstamos baratos, el pago de porcentajes de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, o subsidios que atienden no solo durante los períodos de crisis, sino también ante otras contingencias, por ejemplo climáticas.

Del otro lado del mostrador, sin embargo, siempre aparece la protesta porque –dicen los sectores patronales– pagan impuestos que consideran excesivos.

También aparece exacerbada la supuesta capacidad de ocupación de mano de obra del sector, si se toma en cuenta que esas 74 empresas –molinos harineros, plantas de alimentos balanceados, mataderos y frigoríficos, plantas lácteas, tostadoras, vitivinícolas, aceiteras y forestales– les dan empleo a menos de 3000 personas.

Ninguna circunstancia es blanca o negra, o se define totalmente a favor de alguno de los lados de la supuesta grieta, pero este trabajo sí parece echar luz sobre determinadas cuestiones que muchas veces aparecen tapadas por algunas leyendas a fuerza de repetición y a veces sin mucho sustento real.