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Elaboran ordenanza para la inserción laboral de personas con discapacidad

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Con fondos provenientes de la Ley de Cheque, se creará un “Banco de Ayudas Técnicas” para prestar equipamiento a personas que lo necesiten en General Pico.

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EL DIARIO digital

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La Municipalidad de General Pico anunció que lleva adelante la “construcción colectiva” de un proyecto de ordenanza sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, tanto en el ámbito del Estado como en el privado.

La novedad fue presentada en la reunión del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. El proyecto viene a solucionar un conflicto con la aplicación de la Ley Provincial Nº 2226 del año 2005, denominada “Régimen Especial de Protección Integral para Personas con Discapacidad”, a la que el municipio piquense adhirió, pero que nunca se aplicó.

Con la presencia de la intendenta Fernanda Alonso; el director de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Iván Poggio; el director de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, Ladio Scheer Becher; de la secretaria de Desarrollo Social, Daniela Cabrino; concejalas y concejales, funcionarias y funcionarios municipales y provinciales, y representantes de organizaciones vinculadas a la temática, se llevó a cabo el pasado viernes la última reunión del año del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, en el auditorio de MEDANO.

En primer lugar, la intendenta Fernanda Alonso informó que el pasado jueves recibió la aprobación, por financiación de la Ley de Cheque, de la creación de un “Banco de Ayudas Técnicas”.

“Lo que va a permitir es que el municipio cuente con equipamiento para ser prestado a personas que lo necesiten temporalmente, para facilitar su autonomía”, sostuvo la jefa comunal.

Así mismo, Fernanda Alonso destacó que se está llevando adelante la construcción colectiva de un Proyecto de Ordenanza para ser elevado al Concejo Deliberante sobre la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito del Estado y en el ámbito privado.

“Buscamos que tengan las mismas posibilidades que cualquier otro ciudadano o ciudadana, que necesite insertarse laboralmente y de esta manera que haya un marco normativo que los respalde”, explicó la intendenta.

Participaron también de la reunión, funcionarios del área de obras Públicas del municipio, que se acercaron para contar algunos detalles a las distintas instituciones que participan en el Consejo, sobre las distintas obras que está llevando adelante el municipio, en función de la adaptabilidad, buscando hacer una ciudad más accesible para todas y todos.

“Tenemos algunos proyectos de ordenanza, que ya fueron presentados en el Concejo Deliberante y que queremos trabajarlos. Somos personas sin discapacidad pensando en personas con discapacidad. Siempre la idea es que todo lo que se pueda pensar sea de utilidad para quienes lo necesitan”, sostuvo Daniela Cabrino.

La funcionaria que tiene a su cargo el área social del municipio adelantó que la idea del Consejo, es que se puedan reunir personas idóneas en diferentes temáticas y que sean capaces de dar cuenta de las cosas que se hacen, de cuáles podrían ser beneficiosas y cuáles serían un gasto innecesario.

Reclamo

Semanas atrás, representantes de la Asociación “Te Ofrezco Mi Voz”, que trabaja con personas sordas e hipoacúsicas, se reunieron con la intendenta Alonso e hicieron un reclamo por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta misma asociación, pero con otras autoridades, habían presentado el mismo pedido en 2018, pero que en realidad la queja tiene 14 años.

En diciembre de 2005, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la Ley 2226, denominada “Régimen Especial de Protección Integral para Personas con Discapacidad”, que fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial a fines de enero de 2006.

Allí se establecía la incorporación anual a la planta de personal de, como mínimo, seis personas con discapacidad, bajo autorización y fiscalización del Ministerio de Bienestar Social. Y también se “invita” a Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a lo dispuesto en la ley.

Las autoridades políticas piquenses de aquel momento se tomaron poco más de cuatro años para “adherir” a la Ley Provincial, a través de la ordenanza Nº 48, aprobada por el Concejo Deliberante de Pico en junio de 2010.

Pasaron 10 años de la adhesión a la Ley Provincial 2226 y en General Pico nunca se puso en práctica dicha normativa. Desde el Legislativo piquense señalaban que faltaba reglamentar la ordenanza, aunque las fuentes consultadas en el Ejecutivo interpretan que, quizás, haya que elaborar y aprobar otra ordenanza porque, entre otras razones, la ley establece un cupo de seis personas para una planta permanente (de Provincia) muy superior a la de un municipio, por lo que habría que determinar un cupo inferior para General Pico. Ahora, la intendenta Alonso confirmó la “construcción colectiva” de una ordenanza para dar solución a este tema.

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