“Espero que lo condenen a Bravo”

El secretario de Gobierno de 25 de Mayo, Ricardo Poyo, aseguró que “están las condiciones dadas y las pruebas” para que el Poder Judicial condene al exintendente David “Sapo” Bravo por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

Poyo era concejal cuando en el año 2012 denunció a Bravo, entonces intendente, porque logró que el Concejo Deliberante lo autorizara a firmar un convenio con la Coospu (Cooperativa de Servicios) que le permitía transferirle parte de los fondos de coparticipación por regalías petroleras. La ordenanza fue aprobada por mayoría con los votos de los concejales del Movimiento Popular Veinticinqueño. La sospecha era que el convenio permitía al municipio desviar esos fondos hacia la cooperativa con el fin de que no haya control en su uso.

“Lo que se buscaba era pasar dinero de la Municipalidad a la Cooperativa para hacer obras. Primero que eso está totalmente prohibido, y segundo que era una barbaridad, porque en la Cooperativa nadie puede controlar nada”, afirmó Poyo.

“Espero que lo condenen a Bravo, por supuesto, pero uno tiene que acatar lo que la Justicia dice. Están las condiciones dadas y las pruebas a la vista”, dijo en declaraciones radiales.

“Bravo todo lo que toca lo destruye. Desviaba dinero de regalías y coparticipación, aunque sacaba más de regalías porque era el dinero más importante que ingresaba a la Municipalidad”, señaló.

Sobre el tiempo que pasó desde la denuncia, Poyo dijo que “estas son las cosas que le hacen mal al sistema, debería ser mucho más rápida. Todo el mundo se queja de la lentitud de la Justicia, que llega tarde. Hay causas que duran 10 o 15 años”.

En su momento, los ediles opositores Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos denunciaron en el Poder Judicial que la ordenanza avalaba el uso de fondos públicos sin el debido control.

En los casi ocho años que lleva la causa, los concejales que votaron la ordenanza fueron sobreseídos de la imputación inicial de coautores de los delitos investigados. A partir de un fallo del juez de Control Diego Asín de 2018, los concejales Luis Nicanor Romero, Roberto Andrés Molina, José Bernardo Pineda, José María Zapata Fernández y Graciela Liliana Retamales zafaron de la acusación.

El debate oral está programado en dos jornadas: 11 y 12 de noviembre. El Tribunal de Audiencia está conformado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Gastón Boulenaz y Daniel Sáez Zamora. El fiscal es Juan Bautista Méndez.