Rechazan una condena "desproporcionada"

Un puestero fue condenado por el Superior Tribunal de Justicia por intento de homicidio, a 5 años de prisión, y su familia rechaza la condena -que modifica una decisión de Tribunal de Impugnación Penal- a raíz de un episodio que se produjo cuando el campesino resistía la avanzada extractivista por parte de un empresario.

Juan Lara es el puestero sentenciado por un hecho ocurrido en noviembre de 2015. Estuvo con prisión preventiva durante un mes e impedido de volver a su campo por casi dos años.

Su hija, Malén Lara, contó que en realidad se defendió del accionar del empresario minero Alberto Cholino, su hijo y un grupo de trabajadores de su empresa, que lo agredieron en forma patoteril. Lara, según esta versión, iba armado para defenderse de la aparición de pumas en la zona y terminó utilizando el arma en el marco del conflicto que se generó, provocándole heridas leves al empresario.

Durante el proceso, cuando intervino el Tribunal de Impugnación Penal interpretó que no pudo probarse la intencionalidad de matar, que no hubo premeditación, y que Lara se defendió mientras fue agredido y dentro de la estricta necesidad de defensa.

El hecho ocurrió en la zona conocida como “La Mariposa”, distante a unos 45 kilómetros de la ciudad de 25 de Mayo.

Abusos y atropellos

La minera de Cholino “explotó por dos años de manera furtiva una mina”, dijo Malén Lara.

Esa mina tiene diatomita: una roca compuesta por un alga fosilizada, con distinto tamaño de granulación, utilizada entre otras cosas como absorbente en derrames de petróleo. Compuesta por metales pesados como: arsénico, mercurio y plomo. La mujer insistió en que la mina está ubicada en el campo donde vive y trabaja su padre (una tarea iniciada por su abuelo hace más de 45 años): “la empresa nunca realizó consulta, dio aviso, y/o exhibió documentación alguna, como habilitación de la provincia, estudio de impacto ambiental, audiencia pública. No reconocen los derechos de prescripción adquisitiva que le corresponden a mi padre”, acusó en referencia al artículo 3948 del Código Civil.

Así lo expresó el propio empresario en el juicio oral que se hizo 2018. “Por esa razón comete todos sus abusos y atropellos”, acusó Malén Lara.

Relató que desde la precaria vivienda donde vive su padre se observaba el polvo en suspensión desprendiéndose de los camiones de la minera en el traslado del mineral: “los días de viento se formaban enormes nubes de polvo blanco. El material se adhiere a las pasturas de las que se alimentaban los animales de cría vacuna y equina, en esa época se hallaron muertos animales por causas desconocidas (que se las atribuimos al consumo de ese mineral). A esto le sumamos los desmontes que realizan para arribar a la cantera; los abusos y provocaciones por parte de la empresa al utilizar caminos que mi padre había construido para riego de plantación, y abastecimiento de agua a los animales, no solo destruían estos caminos con su maquinaria pesada, sino que también contaminaban todo a su paso, cualquier vecino de la zona puede dar cuenta de esta situación”, explicó.

“Todo esto -insistió- tuvo un impacto en el trabajo y en la vida de mi familia ya que claramente atentaron contra el derecho

al trabajo, a un medioambiente limpio, saludable y seguro para los campesinos/as y su producción”.

Consideró que se trata de “un caso de criminalización, vulneración de derechos humanos y extractivismo. En dos años de extractivismo, nadie supo dar respuestas a mi padre, ni la minera Cholino, ni la justicia, ningún organismo ni provincial ni nacional. Estos abusos por parte de la empresa solo sucedían impunemente”, remarcó la mujer.

Consideró que la situación “va de la mano con los intentos de muchos campesinos pobres en el país, que pretenden regularizar su situación territorial en los juzgados, pero que finalmente quedan allí archivados y olvidados. Situación que los expone y vulnera cada vez que aparece una empresa con estas características en los territorios”.

De lesiones leves a intento de homicidio

La hija de Lara lamentó que la causa judicial se haya “de lesiones leves a intento de homicidio: ¿Cómo es posible responsabilizar a una persona por tentativa de homicidio sino se ha probado inequívocamente que su intención o propósito fuera la de causar la muerte? ¿Como es que una persona con más de 50 años de vida que jamás utilizó un arma para agredir o increpar a alguien, sin antecedentes penales, ese día -3 de noviembre de 2015- no tuvo más opción que disparar contra una persona?”.

“El peligro de muerte en el que se encontraba fue la causa: con cinco hombres hostigándolo, amenazándolo y de manera patoteril intentando abordarlo (luego de que él preguntara que hacían en su campo), detrás de ellos camiones y maquinas, el hijo del empresario corre a la camioneta en busca de “algo”, mi padre atemorizado, solo intenta ahuyentarlos y evitar el ataque”, comentó.

“Jamás quise matar a alguien”, dijo Cholino al juez Gastón Boulenaz. La familia del condenado hizo notar que el informe de la médica forense, Dra. Arratea Sánchez, informó sobre una lesión leve de la víctima, sin riesgo de muerte.

Tras el planteo de la abogada defensora Vanessa Ranocchia Ongaro, los jueces de TIP Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, llegaron a la conclusión de que debía ser juzgado por abuso y tenencia de arma sin la debida autorización, y no por “homicidio en grado de tentativa” por entender que el imputado no tuvo intenciones de matar.

Pero el STJ sostuvo la teoría del intento de homicidio: “la acusación del empresario es desproporcionada e injustificada”, aseveró Malén Lara.

La mujer hizo un llamado a la sociedad y a los organismos de Derechos Humanos y agrupaciones campesinas, porque “el Poder Judicial de La Pampa ha fallado a favor del poder empresarial, mostrándose como instrumento garante de sus intereses y de la desigualdad social y ejecutando un castigo tendiente a disciplinar a las mismas víctimas del sistema económico social y político que les oprime”.