Avances y paliativos, parálisis y pantanos

Una de cal…

El gobierno provincial cerró una semana que, en medio de las serias complicaciones que sacuden a la economía y a la vida real de pampeanos y pampeanas (como de argentinos y argentinas) le permitió algunos avances en ciertos temas que aparecían empantanados, y sobre los que se depositan expectativas concretas.

Por un lado, con intervención de varios ministerios y otros actores sociales y políticos, se definió la conformación de una comisión que aborde la problemática de la violencia en el sistema educativo, bajo la primera y muy clara definición de que esa violencia no aparece de un repollo en las escuelas, sino que es un caldo de cultivo en distintos ámbitos, desde la falta de recursos para una vida tranquila hasta las redes sociales, pasando por los medios de comunicación porteños.

También durante la semana que se va pudo abrirse la licitación clave y polémica de Pampetrol, en la que esta vez se presentó únicamente la firma Refi Pampa, después de que se diera marcha atrás con lo actuado en el primer proceso, cuando la presentación de una firma de San Luis terminó impugnada y se convirtió en tema de agite de cuestionamientos opositores e incluso internos.

La otra contribución positiva resultó el anuncio de que el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano tendrá a partir de ahora un mayor alcance, en parte gracias a que se demostraron exitosos los resultados del modo en que el plan se fue aplicando en los casos en que se puso en vigencia.

Pequeñas y medianas empresas y cooperativas pampeanas, con el respaldo estatal de esa política pública y recursos económicos concretos, crearon en ese proceso más de 1.200 puestos de trabajo, según los números oficiales, y ahora la ambición es que esas cifras se sostengan e incrementen.

Esa es, en realidad, una de las pocas herramientas que le quedan a un Estado provincial para acudir en auxilio de sectores económicos que están agobiados por las sucesivas crisis: primero el gobierno neoliberal, después la pandemia, más tarde los efectos de la guerra de Ucrania, y en todo ese derrotero una inflación que parece cada vez más inmanejable.

Aunque frente a ese desmadre queden chicas las intervenciones de la política local, siempre son bienvenidas medidas paliativas -que son eso y punto-, desde el crédito para consumo que difunde el Banco de La Pampa hasta el asado barato que gestionó la Municipalidad de Uriburu.

Una solución a los problemas de fondo, obviamente, dependerá más de variables de la política nacional, además amenazadas por la permanente discusión interna del oficialismo y por un Poder Judicial que juega a la política y amenaza con tomar decisiones inconvenientes, y que en otro momento hubieran sido escandalosas pero que ahora gozan de protección mediática.

En ese contexto, la debilidad política del gobierno central tampoco es una buena noticia, porque habilita ofensivas y nuevos frentes a cada rato, y complica seriamente la posibilidad de ponerle coto -por ejemplo- a los oligopolios de la alimentación que con su desmedida ambición de renta complican día a día la vida de la ciudadanía.

…y una de arena…

Lo que no avanza, o no tiene al menos progresos visibles, es la Ley de Seguridad Ciudadana, que por alguna razón no muy clara ni hecha pública continúa empantanada en la Legislatura provincial pese a que tiene un extendido consenso en los sectores más directamente involucrados en su puesta en marcha.

Tal vez por eso mismo el Poder Ejecutivo decidió subir un par de cambios en la difusión de la necesidad de que esa normativa sea ley, y se puso en contacto directo con las Intendencias para la aplicación de algunas de las medidas que están mejor contenidas en el proyecto que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas.

La iniciativa implicó un largo y consciente trabajo de quienes se pusieron esa tarea al hombro, incluyendo consultas con numerosos ámbitos, sectores y personas, pertenecientes al Estado o a organizaciones no gubernamentales, que también armaron sus propios foros y debates para enriquecer esa propuesta.

Las organizaciones de Derechos Humanos, las Intendencias, expertos y expertas de todo el país y autoridades nacionales vieron con buenos ojos la idea y señalaron como vanguardista la posibilidad de una ley que derogue las normativas de la dictadura que siguen vigentes hoy, y que además establezca perspectivas de Derechos Humanos y de Género.

En la Legislatura ya se escucharon varias voces a favor de avanzar de una vez con esas medidas, que distan en varios aspectos del proyecto que se había presentado anteriormente, durante el gobierno de Carlos Verna, y que tenía sobre todo una impronta policial, con alta visibilidad en su promoción del renunciado jefe de la fuerza Roberto Ayala.

Julio "Tato" González, ahora presidente del bloque oficialista, era entonces ministro de Seguridad, y en su rol legislativo fue quien atendió la demanda de los policías retirados, que pusieron reparos ante la nueva ley.

No obstante, el diputado garantizó en las últimas semanas que la expectativa es que el proyecto se convierta en ley antes de fin de año.

El año anterior se escuchó la misma promesa, reprochó públicamente el ministro de Seguridad Horacio di Nápoli, quien fue el que encabezó y articuló todo ese trabajo de consulta, revisión de antecedentes y repaso de ideas-fuerza.

El vínculo dispuesto en la semana para que esa seguridad ciudadana llegue a "tu municipio" constituye también un empujón político para que la Legislatura active el tratamiento y la sanción de una ley que, como bien ha caracterizado el gobierno, es una deuda que el sistema democrático tiene con la ciudadanía.

El hecho de que no haya sido resuelta en los períodos de gobierno anteriores no debe hacer perder el foco real del asunto: las disidencias que puedan existir, las discusiones internas inevitables, incluso las interpretaciones históricas que después puedan hacerse, son pequeños árboles en un bosque que representa la necesidad social de dejar enterradas para siempre las normas jurídicas de facto que siguen rigiendo a ciertas instituciones.