El Estado del lado de la cultura y una violencia bajo la alfombra

Una de cal…

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación dio aprobación por mayoría especial, durante la semana que se fue, a una prórroga que acude en auxilio de los sectores culturales que menos espaldas tienen, pero que sin embargo generan fuentes laborales de manera masiva y que aportan cotidianamente a la configuración de la identidad nacional.

Esa situación tiene impacto en nuestra provincia, donde los desarrollos del cine argentino, el teatro independiente, la música alternativa, las bibliotecas populares y las radios comunitarias también resultan un soplo de aire fresco con el que la población se contacta día a día.

La Pampa fue protagonista en el Congreso, como en todos los debates, porque sus representantes de distintas fuerzas partidarias también fijan posición y aunque a veces propagandizan ese embanderamiento y en otras ocasiones prefieren ocultar o maquillar su voto, siempre lo que hacen o dejan de hacer queda en la historia y aporta a la interpretación de sus trayectorias.

Estas líneas editoriales señalaron en la semana la contradicción que anida en la alianza liberal de derecha, y que confunde especialmente al radicalismo, que juega con discursos y propuestas a ser progresista pero que cuando las papas queman siempre termina haciéndole el juego a su socio macrista y alinéandose con posturas antipopulares.

La decisión del Congreso con el voto mayoritario del oficialismo pero también de otras pertenencias políticas partidarias como la izquierda o bloques federales, lo que reafirma es el rol imprescindible del Estado de sostener con sus recursos aspectos de la vida pública que el gobierno anterior quiso dejar desprotegidos, y que por eso ideó esta normativa en la que los fondos específicos para esos espacios caducaban a fin de año.

La representación peronista pampeana votó en ese sentido y en voz del diputado Hernán Pérez Araujo puso palabras muy claras respecto de los alcances, motivaciones y significados de esa medida.

Los interrogantes se generan, sobre todo, respecto de las abstenciones, que fueron masivas y provinieron del bloque de Juntos por el Cambio: ¿por qué los legisladores eligen no votar? ¿Qué debe suponerse de esa actitud que es una forma de no posicionarse?

¿Cómo se explica que diputados que para salvar a las bibliotecas populares propusieron exactamente ese mecanismo (en todo caso con alguna diferencia en la cantidad de años o en la argumentación) terminen escamoteándole la mano levantada a la iniciativa que supieron fundamentar?

Más aún: ¿los pampeanos y pampeanas que en el Congreso adoptan esa perspectiva ambigua están anticipando cuáles serían sus políticas públicas en caso de que les tocara gobernar el país y la provincia? ¿Sus correligionarios sostendrán en el Senado -cuando se trate el proyecto- esta misma visión, que en la práctica es arrojar a un abismo a la cultura que se ejerce desde abajo, en contacto con el pueblo y las comunidades?

…y una de arena…

A partir de algunos episodios concretos, que alcanzaron visibilidad e impacto, los hechos de violencia en los establecimientos educativos se impusieron como tema central en la agenda local y dispararon especialmente la reacción de la docencia.

La situación no es precisamente una novedad y en todo caso ese proceso no fue atendido como corresponde por los organismos estatales vinculados con la problemática, que desde la desinformación o desde la desidia no solo no alcanzaron a dar respuestas sino que incluso parece que no estuvieran percibiendo esa realidad.

En ese sentido, el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes de alguna manera le había hecho una suerte de favor a las autoridades, dando aviso de ese caldo de cultivo y advirtiendo respecto de algunas circunstancias que se registran de manera cada vez más habitual y más grave en los colegios.

Resulta una obviedad, pero oportuna volver a hacerla notar, que la violencia que se percibe en el sistema educativo no dista de la que tiene lugar o se expresa en otros ámbitos y encuentros sociales, desde la actividad deportiva hasta la mismísima calle, desde los encuentros festivos hasta las redes sociales, desde el discurso político hasta las narraciones mediáticas.

La desintegración social facilitada por un cúmulo de situaciones -en las que se nota especialmente la crisis socioeconómica y la extendida sensación de desesperanza y desaliento- impacta de lleno en las familias y especialmente en adolescencias y juventudes, no solo a partir de cuestiones económicas vinculadas con el poder adquisitivo sino en torno a otros modos de desánimo, agobio y bronca.

Lo peor que se puede hacer frente a esa realidad, que golpea cotidianamente, es negarla, relativizarla o ponerla a rebotar como pelota de trapo de un ámbito a otro, buscando culpables.

De ningún modo corresponde a una sola área estatal abordar esa temática, pero sí puede interpretarse que ya son varios los focos de conflicto en que el Ministerio de Educación aparece involucrado y deja bastante que desear, en un contexto en el que además la cuestión educativa se ha vuelto no solo tema fundamental del interés de la comunidad -como siempre- sino además foco de una disputa política sobre la que se hará base en el próximo proceso electoral.

La cuestión de fondo merece de parte del gobierno provincial y de la totalidad de actores involucrados (trabajadores y trabajadoras, representaciones sindicales, padres y madres, direccione, coordinaciones y un largo etcétera que también llega hasta las áreas de Niñez y de Desarrollo Social en general) un abordaje desde la sensatez y la honestidad intelectual, que saque de abajo de la alfombra algunas situaciones, porque de lo contrario la violencia que se respira en todos los ámbitos, algunos desconciertos generalizados o los bolsones de anomia no solo no van a encontrar solución sino que se van a potenciar y exacerbar.