Poder Judicial: machismo al desnudo y mensaje disciplinador

Una de cal…

La denuncia que dos defensoras civiles plantearon contra el modo en que el procurador general Mario Bongianino ejerce su cargo tiene a esta altura el mérito de plantear internamente el debate sobre el maltrato laboral y la violencia de género en el Poder Judicial.

La respuesta de un fallo mayoritario del Superior Tribunal de Justicia no pareció estar a la altura de las circunstancias, ni de la época, puesto que la decisión que terminaron firmando Victoria Fresco, Fabricio Losi y Eduardo Fernández Mendía se parece mucho a un salvavidas para el funcionario y no tanto a garantizar el derecho de quien se sintió víctima.

La defensora Ana Carolina Díaz no se conformó con esa respuesta, y en un acto que no es para nada habitual, desafió los débiles argumentos que expusieron esos magistrados: un recurso de reconsideración plantea la necesidad de ir a las profundidades al abordar el tema, frente al cual otros dos ministros -José Sappa y Hugo Díaz- pidieron al menos el inicio de un sumario para esclarecer situaciones.

Desde el primer momento en que se generó el conflicto, la estrategia de Bongianino fue relativizar la situación, casi ponerla a la altura de una anécdota, y desmerecer los planteos de la defensora, incluso ninguneándola públicamente y poniendo en duda los reclamos que ella hizo y que de algún modo iniciaron este proceso.

Más allá de Bongianino, que es comprensible que se defienda a sí mismo, lo que está bajo la lupa es el rol del STJ, que con su proceder no solo se granjeó el cuestionamiento de la denunciante sino que quedó mal parado frente a la opinión pública y alimenta confusiones hacia el interior del propio Poder Judicial.

La cantidad de tiempo que se tomó para definir la situación es un detalle que no le permite mostrar especial interés en una resolución diligente y oportuna.

Desde hace años son indisimulables los avances que se vienen dando al interior del STJ en lo que hace a la perspectiva de género, al menos en lo que tiene que ver con capacitaciones formales, oficializaciones de protocolos, puesta en marcha de determinadas normativas y creación de organismos específicos.

La gran duda es si toda esa movida sirve y tiene utilidad cuando la convicción de la conducción política no tiene tanto sustento.

Todo eso a la luz de una historia que convierte al Poder Judicial en un coto cerrado, donde el ejercicio del machismo ha sido la norma, con ejemplos muy claros y puntuales a lo largo de los últimos años.

La situación además se produce en forma paralela al debate nacional respecto de la Corte Suprema de Justicia, que como máximo organismo judicial también deja mucho que desear en varios de estos aspectos, y facilita la demanda de sectores políticos (el gobierno nacional y las gobernaciones especialmente) para que se modernice, agilice y se adecúe a los tiempos también en lo referido a la paridad de género.

…y una de arena…

Otra de las novedades que se registraron en el Poder Judicial también generó advertencias respecto del modo en que se atienden (o no) los derechos de las víctimas de los delitos de abuso sexual.

La "Justicia" resolvió que el cura abusador Hugo Pernini puede seguir disfrutando de los beneficios de una prisión domiciliaria, a contramano de la solicitud en contrario que formularan tanto la querella como la Fiscalía.

El juez Gastón Boulenaz dispuso que al menos hasta que quede firme la sentencia ese estado de cosas no se modifique.

El dictamen generó la rápida reacción de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de la Argentina, que es referencia en estas problemáticas y que no solo insistió en que la respuesta judicial debe ser "cárcel común, ni domiciliarias ni pulseritas" sino que planteó los riesgos que significa este alivio de Pernini.

"Ni un solo cura abusador suelto por las calles del país" es una de las consignas que marca el rumbo de esa entidad.

La psicóloga Liliana Rodríguez alertó respecto de que se percibe que el propio Poder Judicial no toma con completa seriedad los abusos eclesiásticos que "son moneda corriente en la provincia": Pernini fue acusado en otras situaciones además de la ya ventilada judicialmente y otros sacerdotes del mismo credo afrontan acusaciones de parecido tenor.

Aunque desde ya que reina en todos los casos el principio de inocencia, también es una realidad que las investigaciones de este tipo encuentran obstáculos que pueden poner los sectores que manejan recursos y poder, y que cuando se ven complicados en los expedientes apelan a chicanas, dilaciones y maniobras que les aproximen a la impunidad.

"Mientras cualquier depredador sexual como Pernini esté libre, es un peligro para la estabilidad emocional y la seguridad de los y las sobrevivientes. También es un mensaje disciplinador para quienes aún no se han animado a hablar, por eso lo repudiamos", sintetizó la profesional al abordar las connotaciones de la decisión judicial.

Además de las situaciones de dolor e inseguridad que pueden atravesar quienes han sido víctimas, de lo que no hay dudas es de que durante muy largos años quienes abusaron de su poder contaron con importantes grados de complicidad y connivencia de sus pares, sus superiores y de las jerarquías y sistemas de los que forman parte.

Frente a ello, e incluso por su propio bien para no caer en la desconfianza general, el Poder Judicial también tiene una respuesta contundente y decisiva que dar.