Otro paso hacia la Verdad y una realidad que obliga a actuar

Una de cal…

El represor Carlos Reinhardt tuvo que volver a una cárcel común, por decisión del Poder Judicial, que dispuso una revocatoria a la maniobra que le había permitido en los últimos tiempos zafar de esa situación.

Reinhardt es, además, uno de los apenas dos sentados en el banquillo en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa, que hoy será sentenciado por el Tribunal Oral Federal a raíz de sus conductas durante la última de las dictaduras en la zona que era conocida como Subzona 1.4.

La noticia del regreso a la cárcel común fue de alguna manera un aperitivo de lo que ocurrirá en este histórico lunes 2 de mayo, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa y después de un largo proceso en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

El otro de los que quedó bajo acusación es Luis Baraldini, quien ejerció la jefatura policial en los años de plomo y también fue condenado previamente -como Reinhardt- pese a que durante largos años estuvo prófugo y cuando se le facilitó la prisión domiciliaria también la violó.

Las transgresiones, mentiras, manipulaciones y trampas por parte de los acusados por delitos de lesa humanidad han sido una característica de sus procederes mientras duraron las audiencias, tal como señalaron las querellas y las víctimas en el momento de los alegatos y las palabras finales.

La otra circunstancia evidenciada en el hecho de que solo haya dos acusados formales es el paso del tiempo: la prolongación de los trámites y la burocracia ha llevado a que varios represores -del mismo modo que varias víctimas- perdieran la vida o fueran considerados con un estado de salud tal que les impedía ser parte del juicio.

Ese paso del tiempo, como bien se señaló en las últimas audiencias, no es equiparable a unos y otros: las víctimas mueren envueltas en dolor y con miles de preguntas; los represores se van intentando convencer de ese paso de los años es motivo suficiente para no seguir hurgando "en el pasado", pero además se llevan a la tumba todas las respuestas.

En la misma semana, el gobierno provincial comunicó de manera formal y contundente una decisión antipática, que quizá no quede en ese anuncio: el subsecretario de Derechos Humanos Juan Pablo Fasce dijo que "no está en la agenda" oficial una reparación económica a las personas que fueron cesanteadas en la dictadura.

Con esa postura, el decreto que dispuso el propio Ejecutivo para reconocer y brindar una reparación a esas personas, se vuelve una normativa meramente simbólica, que además se dispuso por orden del propio Tribunal Oral Federal.

Como ha ocurrido en otras provincias, es posible que La Pampa tenga que sentarse a discutir alguna opción más a la altura de las circunstancias, para que su intervención en el asunto no quede como una salida políticamente correcta, casi de maquillaje, cuando puede ser una medida más concreta y que marque un camino.

…y una de arena…

Estadísticas surgidas de una encuesta oficial atendible y representativa contribuyeron durante la semana que se fue a poner en la agenda una problemática dañina pero poco visible: la naturalidad con la que una mayoría de padres no convivientes no se hacen cargo de hijos e hijas y gambetean el pago de la correspondiente cuota alimentaria.

El asunto ha sido tratado en estos espacios con rigor y extensión, a partir de la difusión que le dio al tema la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, que bien hace en poner el asunto en debate ante la opinión pública, también para que los distintos ámbitos que tienen algún grado de responsabilidad hagan su autocrítica y se pongan manos a la obra.

Resalta especialmente en esa consulta el nivel de insatisfacción con las decisiones del Poder Judicial, que por lo visto no acuden en protección de las mujeres (y sus hijos e hijas), pero además son consecuencia de un proceso complicado, engorroso, antipático y dificultoso para quienes quedan sometidas a su lógica.

La aparición de esta realidad también constituye una suerte de freno a la oleada corporativa y mediática que se disparó hace un par de semanas, en ataque de la Oficina de la Víctima, de las decisiones de profesionales de la Psicología, de los fallos judiciales con perspectiva de género y en general de cualquier avance que se haya dado en esa materia en los últimos años.

También ese tema ha estado en la agenda de El Diario durante las últimas semanas, y es bienvenido que algunos sectores hayan decidido exponer su posición públicamente, porque de ese modo se contribuye al esclarecimiento de la problemática y a una discusión más seria, actualizada y responsable sobre el asunto.

La aparición de los abogados restauradores con el padrinazgo de una empresa mediática permeó, sin embargo, en la institución corporativa por excelencia: el Colegio de Abogados se plegó a ese discurso y buscó excusas para convocar a un plenario que se alimenta del mismo tono y que constituye una avanzada "peligrosa y mal intencionada" según la advertencia que hizo una profesional piquense.

No se entiende hasta qué punto puede ser saludable o efectivo el silencio de otros sectores que trabajan cotidianamente en la problemática: la teoría de que es el Poder Judicial el que debe hacerse cargo de esa discusión es una verdad muy parcial, puesto que si los ataques conservadores de este tipo no son repelidos aunque más no sea con palabras y argumentos se corre el riesgo de que sean interpretados como mayoritaria verdad revelada.

Los ministerios y otros organismos que dependen de ellos y cumplen cotidianas tareas en este asunto, los operadores de distintos poderes que tienen funciones concretas, las autoridades judiciales de diversos ámbitos y jerarquías, las áreas que coordinan políticas de Género, el Consejo Provincial y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, son espacios que más que el derecho tienen la obligación de tomar la palabra en estos asuntos.

Lo que se avanzó contra serios obstáculos en los últimos años, la deconstrucción de algunas de las peores prácticas institucionales, la morigeración del sentido común patriarcal no pueden retroceder ante la ofensiva de un grupo de poder cuyo pensamiento atrasa e ignora.