La diaria sensación de estar al borde del abismo
Una encuesta oficial convierte en certeza sistemática lo que era una sensación: las víctimas piden fallos e intervenciones judiciales a la altura de las circunstancias.
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La revelación numérica y como consecuencia de una medición sistemática es algo que se percibía de manera menos formal, pero su evidencia estadística convierte en certeza contundente lo que era una sensación: el nivel de incumplimiento de la cuota alimentaria en la provincia es una de las pruebas de la vigencia del patriarcado.
El sondeo que hizo la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades puede no ser un parámetro científico, pero es claramente una muestra muy representativa, puesto que cuenta con más de 500 respuestas válidas de personas de carne y hueso que contaron además su origen social, su modo de vida, su conformación familiar, sus datos personales, laborales y de estudio.
El nivel de incumplimiento es tal que al menos el 76% de quienes intervinieron con sus respuestas en el estudio señalaron algún tipo de transgresión a lo que se supone debe ser una regla que tienda a la equidad.
En casi el 45% de los casos ese incumplimiento es liso y llano: no hay aporte alguno de manera mensual que permita detectar la intención de los padres no convivientes de tener algún tipo de responsabilidad económica sobre la vida de sus hijos e hijas.
En el resto, los incumplimientos son parciales, vinculados por ejemplo con la transgresión de los plazos o con sumas reducidas respecto de lo que se había acordado en algún momento previo.
No es azaroso que casi un porcentaje similar de las mujeres consultadas (superior al 70%) manifieste su descontento con el accionar del Poder Judicial en la materia: la insatisfacción con el proceder de los tribunales es altísima.
Más grave se vuelve ese accionar judicial que no satisface a las víctimas de esa historia puesto que la impunidad de las acciones de los incumplidores facilita y estimula su repetición y su naturalización.
La lucha para que se entienda el fondo de la cuestión no es sencilla y choca con poderes instituidos hace largas épocas, con una cultura machista extendida temporal y geográficamente, con un sentido común afincado en los más diversos ámbitos que toman intervención en el asunto.
No por nada en estas semanas se asiste a un lobby contra la perspectiva de género en el espacio penal: fuerzas corporativas y mediáticas actúan de común acuerdo porque la ruptura del paradigma que se viene desarrollando hace unos años les rompe los esquemas, ataca sus conveniencias e intereses (sus privilegios, en realidad), modifica el estado de las cosas.
Esos avances -que generan molestia en los poderes que pretenden la restauración- se han dado en lo que tiene que ver con la violencia de género y los delitos sexuales, pero es necesario que el Poder Judicial también entienda que en estas cuestiones más cotidianas muchas veces menos visibles -porque lo visible es lo penal- es donde debe intervenir con otro rigor y otra mirada.
La irresponsabilidad de una importante porción de padres no convivientes ya no es solo una generalizada impresión, sino que está medida y un organismo del Estado ha validado con una publicación oficial esa tendencia, ante la que nadie puede fingir distracción: jueces y juezas tienen una excusa menos.
