Opinion

Vivienda: soluciones en camino y cuentas pendientes

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Ley de alquileres, viviendas sociales, propuestas para sectores trabajadores y créditos UVA.

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EL DIARIO digital

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La situación habitacional es sin dudas una de las complicaciones de fondo de la comunidad nacional, y pampeana especialmente, fundamentalmente luego de años de desidias, políticas equivocadas y confusas o directamente estafas consumadas en beneficio del sector financiero y en perjuicio de familias trabajadoras.

Por un lado, el déficit de viviendas para atender la demanda de los sectores menos pudientes económicamente, genera situaciones de aprovechamiento y abuso.

Mientras el ritmo de la construcción de barrios de viviendas sociales intenta recuperarse después de la parálisis de la época neoliberal, el negocio inmobiliario -con sus extrañísimas excepciones- actúa sobre las personas inquilinas sin tener en su radar ninguna responsabilidad social y privilegiando el lucro aunque para ello haya que especular e incluso incumplir la legislación vigente.

El nuevo debate sobre la ley de alquileres es en realidad la evidencia del fracaso de los controles del Estado, que tiene la obligación de hacer cumplir una normativa que se propuso de abajo hacia arriba y que generó nuevos derechos a un sector siempre pisoteado por los más fuertes del mercado.

El Estado empezó a dar algunas respuestas vinculadas con la construcción de viviendas para espacios mejor parados económicamente, que lejos de ser millonarios son sectores trabajadores con un ingreso digno que pueden acceder a algún terreno que les permita a su vez adherirse a los créditos del ProCreAr para construir su techo.

En algunos municipios pampeanos los estados locales han tenido activa participación, promoviendo la venta de terrenos a precios accesibles para que esos proyectos puedan hacerse realidad.

Ahora el IPAV lanzó una operatoria de venta de terrenos en algunas de las ciudades más pobladas de la provincia, destinada al mismo universo, puesto que entre los requisitos se incluye un ingreso mensual mínimo superior a los $150 mil.

La Central de Trabajadores Argentinos es otro organismo que se metió en la movida de generar posibilidades de acceso a la vivienda.

Una cuenta pendiente sobre el tema es, sin duda, la de las decenas de miles de personas engañadas por los créditos UVA que el gobierno anterior creó e impulsó para garantizar una sideral rentabilidad de las entidades financieras.

El paso del tiempo no ha posibilitado que el gobierno actual, que adoptó en campaña ese compromiso, encuentre alguna solución concreta y extendida, que no sea un mero parche circunstancial: hay que mirar el problema desde la lógica del derecho a la vivienda, no desde el negocio de los bancos.

A excepción del alivio que han tenido familias adjudicatarias de viviendas de desarrollos urbanísticos del ProCreAr -como el de Santa Rosa- el oficialismo ha dejado a la mayoría de quienes quedaron atrapados en UVA librados a su suerte, clamando por una solución que les cambie la vida pero que no aparece.

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