Opinion

Editorial: la repartija en discusión y una indagatoria extravagante

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El intendente de Santa Rosa repuso en la agenda el necesario debate por la coparticipación provincial; el juez Baric desempolvó un expediente que criminaliza a militantes políticos por un hecho ocurrido hace cuatro años y medio.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, utilizó el discurso de la inauguración del período ordinario de sesiones legislativas para poner en agenda un tema necesario y profundo: la discusión por el reparto de la coparticipación en la provincia.

El jefe comunal capitalino había hecho algunas advertencias respecto de esa problemática, también advertida por algunos de sus antecesores, pero posiblemente nunca esa exigencia se patentizó tanto como en la semana que se fue: en el discurso formal y tradicional del 1 de marzo y con palabras severas respecto de las implicancias que tienen las leyes actuales.

Desde ya que Di Nápoli planteó el tema en defensa de su interés, o en todo caso del de la capital provincial, que tiene motivos para sentirse perjudicada, al punto tal que denuncia sin medias tintas la existencia de injusticias, distorsiones y asimetrías.

La Cámara de Diputados de la provincia -lo que es decir la dirigencia política en general- se debe una discusión sobre esa materia: por una cosa o por otra, en los últimos años no ha habido la convicción política suficiente como para ir a fondo y tratar de resolver esa cuestión, aun cuando parece haber extendido y transversal reconocimiento de que es una palmaria necesidad.

Los intendentes de otras ciudades grandes, como Abel Sabarots en General Acha y Fernanda Alonso en General Pico, recogieron el guante y plantearon sus propias miradas sobre el asunto, coincidiendo en la inevitable obligación de discutirlo.

Las contribuciones que años atrás hizo la gestión del entonces gobernador Carlos Verna para beneficiar en el reparto de recursos a pueblos y localidades del "interior" que antes podían estar desfavorecidas o invisibilizadas fueron cambiando poco a poco el peso en la balanza de la distribución de recursos: a eso apuntaron el reparto de las regalías petroleras, los frutos de la "descentralización" y el Fondo Complementario Coparticipable (FOCOCO), que data del año 2008.

La oposición política local, que incluso en la semana que se fue denunció al intendente por otros asuntos, en este tema puntual reconoció públicamente sus coincidencias y prometió apoyo para avanzar en ese sentido.

Una renovación legislativa asoma a todas luces como imprescindible, pero la política del día a día tiene razones que el largo plazo no comprende: es otra vez tiempo de miradas preelectorales, lo cual no suele ser un buen momento para meterse a fondo en peleas que siempre dejan ganadores y perdedores, triunfadores y heridos.

Aun cuando de sus palabras pudiera desprenderse una lógica protesta por la actualidad que le toca en la materia, Di Nápoli dijo que en la problemática cuenta con el visto bueno del gobernador Sergio Ziliotto, aunque sin embargo el jefe del Ejecutivo de ningún modo incluyó la discusión sobre la coparticipación como una prioridad al momento de pronunciar su propio discurso ante la Legislatura.

La puesta en debate del tema también es consecuencia de estos años de penurias económicas: los fondos públicos no alcanzan a cubrir las demandas de los distintos ámbitos oficiales, después de los años de macrismo -que encima transcurrieron con una discriminación a la provincia- y de las consecuencias de la pandemia, y encima a las puertas de los efectos del pacto con el FMI.

…y una de arena…

6b

Como un inesperado baldazo de agua fría cayeron las citaciones a declaración indagatoria que hizo el juez federal Juan José Baric a un grupo de militantes populares y referentes de espacios políticos, a los que aparentemente intenta volver a involucrar en los hechos que tuvieron lugar el 12 de octubre de 2017 en Santa Rosa.

Ese día, el presidente Mauricio Macri visitó la capital pampeana y el oficialismo hizo un escándalo a partir de que la delegación oficial fue recibida con insultos y algunos huevazos para hacer tronar el descontento.

La maquinaria macrista puso enseguida en marcha una operación como otras del mismo tipo que desarrolló en diversas circunstancias: ya es un clásico la intervención de servicios de inteligencia, medios corporativos asociados a la alianza neoliberal y soldados que le responden al mismo sector en el Poder Judicial.

Así se conformó una insólita causa por la que el docente Daniel Prina estuvo perseguido y detenido, acusado de tirar huevos, hasta que por fin el expediente llegó a su término y se alivió la situación del profesor.

Pero aunque esa causa terminó, ahora Baric retoma la ofensiva, basándose en una vieja petición formal que dejó el entonces fiscal Leonel Gómez Barbella, que armó un desprendimiento de aquel expediente para imputar por razones muy similares a otras personas que participaron de la manifestación.

La citación aparece desfasada en el tiempo, se parece a una provocación, no encuentra elementos racionales e incluye la gravedad de que pretende sentar en el banquillo de los acusados a un diputado provincial elegido por el voto popular.

La persecución criminal se complementa con el asombroso e infausto detalle de que algunos de los militantes fueron convocados a prestar declaración como sospechosos de haber cometido un delito tan luego el 24 de marzo, que además de ser el Día de la Memoria es feriado nacional.

Otra "curiosidad" -por llamarla de manera benévola- es que la citación incluye una referencia al supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" aunque ninguna de las personas acusadas ocupaba cargos al momento del episodio.

Baric ha quedado en el centro de la escena últimamente justamente a partir del rol que le cupo en el espionaje macrista en la provincia de Buenos Aires, puesto que fue subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Están comprobados durante esa época los aceitados contactos de Baric con agentes de inteligencia antes del cableado de alojamientos penitenciarios donde estaban detenidas figuras opositoras a las que el macrismo -en pleno desarrollo de su "Gestapo"- pretendía perseguir y a la vez espiar y sacarles información.

Desempolvar una causa que investiga hechos ocurridos hace cuatro años y medio, sin que en el medio haya habido ninguna situación que lo justifique (al menos a la luz del día, porque quizá haya habido alguna situación que provenga de los "sótanos de la democracia") resulta por lo menos extravagante, cuando no peligroso.

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