El sueño del techo propio, la pesadilla de los femicidios

Una de cal…

El acto que se hizo en Santa Rosa para el otorgamiento de más de un centenar de créditos en el marco del nuevo ProCreAr fue el epicentro de una serie de imágenes y emociones que parecían haber desaparecido de la realidad cotidiana: escenas de alegrías en el vínculo entre sectores trabajadores populares y el Estado.

El sueño de la vivienda propia, una tierra y un techo que permitan abrigar nuevas ilusiones, es uno de los más postergados y complejos, también en nuestra provincia, pero especialmente durante los últimos años, en que distintos sectores sociales quedaron cada vez más lejos de esa posibilidad.

La sola mención del nombre de ese programa extraordinario remite a los mejores tiempos para una porción de la población a la que de otro modo se le hace imposible el acceso a una casa: sin una mano a favor del Estado es dificultoso conseguir una vivienda incluso para sectores que tienen trabajo registrado y cuyos salarios no son los peores de la escala.

Distintos espacios políticos y de la comunidad coinciden en señalar que el nuevo Plan ProCreAr quizá no tenga el nivel de facilidades que se daban en "aquellos años felices", pero al menos no se trata de una trampa ni de una cuesta arriba irremontable, como ocurrió cuando en la etapa neoliberal se impuso el UVA para pingües negocios de las entidades financieras en perjuicio de los bolsillos del pueblo.

La diligencia en el avance de los trámites y el otorgamiento de los préstamos, aunque pueda parecer un asunto burocrático, es una cuestión bien política: significa que hay sectores estatales que toman en cuenta la preocupación real, cotidiana y concreta de la comunidad a la que representan.

Esa alegría de acercarse a la casa propia es especialmente bienvenida frente al panorama actual de la economía nacional, y por lo tanto provincial y local, que incluye unos cuantos pesares y problemas: las malas noticias parecen multiplicarse, la inflación sube sin límites, el acceso a los productos básicos se convierte en una frustración cotidiana y conseguir trabajo es una lucha.

El Estado no debe perder de vista, en ninguna de sus jurisdicciones, que mientras algunos números de la macroeconomía parecen ir en tendencia alentadora (mejora la actividad económica, baja el desempleo) hay otras estadísticas de la urgencia que gritan la necesidad de un auxilio inmediato a porciones de la población que ni siquiera se están alimentando como corresponde.

En el país que produce alimentos para 400 millones de personas hay más de la mitad de pibes y pibas bajo la línea de pobreza; en la provincia donde la dirigencia de CARBAP plantea sus quejas corporativas contra cualquier impuesto que se les quiera aplicar, la indigencia se duplica en un año.

Son números, claro, pero que son personas: una estadística que produce bronca, tristeza, vergüenza.

…y una de arena…

Otra dura estadística del dolor y la vergüenza sumó en la semana que se fue: en 72 horas se produjeron dos femicidios en Santa Rosa, con el agravante de que en ambos casos las víctimas fueron asesinadas por las armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad a que pertenecían sus parejas.

Mejor episodio simbólico de la responsabilidad del Estado no hay: fueron las armas gubernamentales las que mataron a esas mujeres, que por alguna razón -desde ya el miedo personal, pero quizá la desconfianza respecto de las propias instituciones- no alcanzaron a formalizar denuncias por episodios anteriores de violencia.

Los crímenes machistas empujaron a las calles, otra vez, a una multitud: las movilizaciones son potentes y aleccionadoras, pero también parecen tornarse un "dejavú" cuando a la postre no se comprueban avances concretos en los aspectos fundamentales y decisivos del asunto.

De ahí que la convocatoria haya sido desde el dolor y desde la rabia, puesto que el movimiento feminista sostiene con convicción y con pruebas que los organismos estatales no están en este tema a la altura de las circunstancias, porque -entre otras cosas- retacean presupuesto y se niegan a una declaración de emergencia.

La función preventiva de los organismos de gobierno se demuestra un fracaso, y en ese contexto funcionarias y funcionarios de distinto nivel que ocupan cargos públicos para dar respuestas y encontrar soluciones limitan su accionar al diagnóstico de lo que pasa y el repudio de los violentos, como si en vez de autoridades públicas fueran cronistas de la realidad o representantes de consultorías.

Estas páginas han ahondado en los últimos días sobre otro costado puesto en evidencia con esta situación: las armas de las fuerzas de seguridad en manos de violentos machistas durante todo el día y en cualquier sitio, y no solo en sus lugares y horarios de trabajo, representan un doble riesgo para las mujeres e incluso para la comunidad en general.

Pese a que hay experiencias positivas en ese sentido, la ley de Seguridad Ciudadana no prevé modificaciones de ese estilo, aunque sí se ha generado en la provincia un cambio paradigmático en el último año, en que les fueron retiradas las armas reglamentarias a 58 efectivos que recibieron denuncias formales por episodios de violencia doméstica, u otros hechos.

El punto central es que llegar al momento concreto de la denuncia oficial no es nada sencillo para las víctimas, sobre todo si el Estado despierta desconfianzas y no encara ni siquiera una campaña clara y contundente que explique cómo y dónde denunciar.

Esa es una de las deudas que tienen las políticas públicas, y que de ningún modo pueden deslindarse a "la sociedad en general", como si los niveles de responsabilidad de quienes ostentan cargos y manejan presupuestos públicos justamente para ocuparse del tema fueran las mismas que las de cualquier habitante común.