Toma en El Foyel: un juez autoriza el desalojo

Una familia de origen mapuche, Gallardo Calfú ingresó a un campo ubicado, que es propiedad de la familia Soriani en el pueblo rionegrino de El Foyel. Afirman que un Gallardo fue estafado en el año 1980 por Soriani. Hubo juicios por el caso, pero la justicia consideró que no hay pruebas de la estafa.

Mientras la gobernadora de Río Negro Arabella Carreras pide que se desaloje el lugar y defiende a los Soriani, la justicia rionegrina lleva adelante diferentes pasos judiciales para el desalojo. Hubo acusaciones cruzadas entre jueces por la lentitud del trámite y las decisiones tomadas.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro presentó un protocolo para llevar a cabo el desalojo.

El protocolo para llevar a cabo el desalojo ya fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y consta de tres etapas.

El juez enfatizó que la medida deberá realizarse “con luz solar y no puede ser llevarse en condiciones climáticas adversas, esto significa lluvia o nieve”.

En la audiencia del viernes pasado, el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, desestimó el pedido de desalojo pero declaró en rebeldía a Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo, ordenando su captura para que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos. Esto no se concretó.

“Hubo un pedido del Ministerio Público Fiscal para realizar la audiencia de formulación de cargos que no se logró concretar en el horario previsto porque se solicitó un cambio de la defensa”, puntualizó el juez y agregó que ese mismo viernes, se programó otra audiencia para que el abogado defensor Manuel Mansilla pudiera participar.

Recordó también que la Fiscalía ofreció trasladar a los imputados en un móvil policial al Juzgado de Paz o bien podían concurrir en un vehículo particular. Pero no fueron.

“Hoy la audiencia debería haber comenzado a las 9. Pero hubo un pedido de recusación de fiscales y al juez por parte del defensor. Fue formalmente notificado pero se negó a participar de esas audiencias que fueron desestimadas por su falta de comparecencia”, puntualizó Alvarez Melinger.

Hizo hincapié en el pedido de la fiscalía de revocar la decisión de Calcagno por “la situación de indefensión de la familia que no puede salir ni entrar, con una pérdida de derechos que exige respuesta rápida de la justicia”.

Finalmente, planteó: “La posesión de la familia Soriani se encuentra comprometida. Se encuentran sitiados lo que afecta su derecho de propiedad, libertad de movimiento y actividad agropecuaria. Por eso, considero que se habilite el inmediato desalojo. Los ocupantes podrán seguir tramitando”.

También consideró que “los pasos sugeridos por el Ministerio Público Fiscal respecto al protocolo a seguir para lograr el desalojo resguardan los derechos de las víctimas y brinda la posibilidad de que se logre un desalojo voluntario por parte de los ocupantes”.

Alvarez Melinger señaló además que notificará sobre la conducta del abogado defensor al Tribunal de ética. “Hubo numerosos llamados a Mansilla para su concurrencia a la audiencia de la que ya estaba notificado. Su incomparecencia injustificada en este expediente será comunicada al Tribunal de ética”, dijo.

Una picada en el bosque

Pablo Maier, cuñado de Martín Soriani, dueño del campo usurpado por una autodenominada comunidad mapuche, contó que aún siguen a la espera de una solución por parte de la Justicia. En diálogo con este medio, indicó que están racionando los víveres para sobrevivir y que cada vez que se acercan a uno de los accesos son amenazados con armas y gritos: “no están garantizados nuestros derechos” aseguró.

Pablo Maier se encuentra en el campo usurpado por una autodenominada comunidad mapuche, acompañanado a su hermana Débora y a su cuñado Martín Soriani. En conversación radial con Antonio Zidar, en el programa “El Expreso Periodístico”, a través de la FM 93.7, radio El Cordillerano, indicó que, aunque “estamos bien” no está garantizada su seguridad de salir y entrar de la propiedad.

De esta forma, Maier contó: “Si nos acercamos a las tranqueras empiezan a salir desde el monte, donde están ocultos, y se avisan a los gritos como en forma de código, nos exhiben armas blancas y palos. Al principio eran alrededor de quince, pero ahora son cerca de treinta, les llegan insumos”.

Según indicó el hombre, están siendo asistidos, fundamentalmente, por vecinos y familiares que generaron una picada para poder acercarles alimentos. “No dejan pasar a los efectivos del COER, en los cambios de guardia pueden ingresar dos por la entrada principal, pero los demás lo hacen escondidos por el monte. Nuestros amigos y familiares hicieron una picada con machete y motosierra, bien alejada de la toma, que tiene una hora y media de caminata aproximadamente, por donde nos pasan alimentos y víveres” relató Maier.

En esta línea, desmintió los dichos de las autoridades según los cuales “está garantizada la seguridad de ingresar y salir de la propiedad”. “Podríamos escaparnos por el monte, pero no podemos dejar abandonada la propiedad, los animales, realmente estamos muy cansados, y está gente no piensa retirarse” sostuvo.

“Nos vienen corriendo el arco con tecnicismo judiciales que desconocemos. Hoy nos llegó temprano un mail del defensor de esta gente que pedía pasar la audiencia para el miércoles porque tenía otros asuntos que atender. Ayer nos dijeron que cuál era el apuro de presentarse un domingo, el Día de la Madre. Necesitamos que hagan algo” concluyó.