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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenó hoy allanar la cárcel de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en búsqueda de pruebas para determinar si existió durante el macrismo espionaje político.
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EL DIARIO digital
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Se trata del espionaje a ex funcionarios kirchneristas detenidos en su mayoría por hechos de corrupción.
La orden del juez, que delegó el operativo en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluye la búsqueda de pruebas para comprobar si existió espionaje sobre Lázaro Baez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Oscar Chueco, Víctor Alejandro Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Juan José María Olazagasti, Fabián De Sousa, Rafael Enrique Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Kischner, Gerardo Luis Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio José Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nelson Javier Lazarte, Enrique Omar Suárez, y Rafael Resnik Brenner.
"Las declaraciones de los testigos de identidad reservada permitieron visualizar la posible existencia de un mecanismo de recolección de información relacionada con las personas alojadas en los dispositivos IRIC", sostuvo la fiscal Cecilia Incardona.
Se trata de un nuevo allanamiento en la cárcel de Ezeiza, luego de que en uno anterior se encontraran cámaras, micrófonos, cables y actas que ya están en poder del juez.
Todo se inició a partir de la información secuestrada a ex agentes de la AFI investigados, como ser el celular del imputado Leandro Araque.
Al pedir los nuevos allanamientos, la fiscal evaluó que un testigo de identidad reservada declaró que todo "formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco (ex director del SPF), del cual participaban además Miguel ángel Perrota (jefe de la División asuntos internos) y Cristian Suriano (Jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria)".
"Tanto Suriano como Perrota, se encargaban de la parte logística, es decir, recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos", indicó la funcionaria del Ministerio Público.
Según Incardona, surge de la prueba la existencia de una estructura institucional destinada a la recolección de información conformada, cuanto menos, por la Dirección Nacional, Asuntos internos, la Dirección de Análisis de la Información (Ex – Inteligencia Penitenciaria), todas del Servicio Penitenciario Federal, y a su vez, una relación directa, entre algunos de sus miembros y agentes dependientes de la Agencia Federal de Inteligencia.
En ese sentido, agregó que se verificó la relación entre Cristian Suriano y los imputados, los agentes de la AFI, Jorge Sáez y Alan Ruiz.
"Esta estructura institucional para recolectar información de las personas alojadas en IRIC (Programa de Intervención para la Reducción de índices de Corruptibilidad), fue posible gracias a la creación de programas, en apariencia legítimos como el mencionado, regulados por normas aprobadas por la propia administración penitenciaria", concluyó la fiscal.
Por otra parte, el juez encomendó un nuevo estudio sobre los teléfonos del ex secretario privado de Macri Darío Nieto y de otra ex secretaria, Susana Martinengo, quien fue detenida al comienzo de la investigación y luego liberada.
