Viviendas y obra pública: necesidad y reactivación

Una de cal…

Hubo durante la semana que se fue algunas buenas noticias vinculadas con la posibilidad de que se reactiven obras públicas, especialmente de viviendas, que aporten soluciones al déficit habitacional que padece la provincia y que de paso generen una reactivación de la paralizada actividad económica.

La presencia que mostró el Gobierno pampeano al abrir las licitaciones para la construcción de casas que son parte del plan provincial (en varias localidades de importancia, entre ellas Santa Rosa) coincidió con un acuerdo-anuncio con el Gobierno Nacional, que garantizó el financiamiento de 900 viviendas sociales.

Ese trámite fue consecuencia de un encuentro del gobernador Sergio Ziliotto con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, e implicaría el capítulo final de la sequía que en el rubro sufre La Pampa desde hace años, más precisamente desde que asumió el Gobierno macrista y discriminó a nuestra provincia.

Ya está suficientemente dicho en este espacio: ese abandono por parte del Gobierno central -en una provincia que venía habituada a que Nación construyera en promedio unas 1000 viviendas en el territorio- sumado a la ausencia de la Provincia a la hora de la construcción masiva de viviendas generó un incremento notable del déficit habitacional, que se convirtió en uno de los problemas principales de nuestra población.

La otra oportuna y positiva intervención estatal fue en General Acha, donde se anunciaron importantes obras, por un monto cercano a los $500 millones, que permitirían prevenir las inundaciones en esa sureña ciudad.

El emprendimiento era una necesidad planteada en innumerables oportunidades por la dirigencia de la región, que al fin encontraría un alivio con las obras que se iniciarán antes de fin de año, según la expectativa que confesó el intendente achense, Abel Sabarots, quien desde un sector del radicalismo que practica una oposición crítica y en general coherente reconoció la decisión oficial y el trabajo conjunto con la Provincia.

Esa obra también permitirá en Acha que se generen fuentes de trabajo, otra de las acuciantes necesidades en varios puntos de la provincia, donde la pandemia y la cuarentena han generado problemas laborales.

En ese mismo sentido, el comercio recibió con los dos brazos abiertos la decisión estatal de postergar por tres meses el pago de los créditos a tasa cero (que ya representaban un alivio para el sector): "Nos da un poco de aire", resumió Miguel Felice, dirigente de la Cámara de Comercio y referente del sector gastronómico, que la viene pasando especialmente mal desde marzo del año pasado.

…y una de arena…

En los mismos sectores en que durante la semana que se fue aparecieron esas maduras buenas nuevas, también hay algunas verdes.

Una perla negativa que quedó en evidencia estas semanas tras las inundaciones es la necesidad (seria y urgente) de obras de infraestructura en los barrios de la capital pampeana que más sufren las inundaciones, y que de modo sistemático vienen padeciendo esa situación y además la remanida promesa oficial de que "esta será la última vez".

Desfilaron por distintos organismos públicos vecinos y vecinas de Almafuerte, Germinal, Malvinas Argentinas y Villa Elisa, que son las zonas que peor la pasan, sin olvidar a otros sectores que tampoco se la llevan de arriba: es necesario que el Gobierno Municipal, la Provincia y la Nación, pero también otros sectores dirigenciales no oficialistas, se fijen la prioridad de atender esa demanda.

Mientras los más elementales derechos de esas personas son pisoteados, parte de la dirigencia política local parece enfrascada en el microclima politiquero y dedica energías a chicanearse en lugar de aportar incluso un poco de silencio a la causa de las personas que de verdad son víctimas.

El déficit habitacional ya aludido derivó en que se generaran algunos asentamientos que ahora reclaman por sus obvios derechos: el sector de "El Nuevo Salitral" exige contar con los servicios básicos, en una zona donde las personas se instalaron por necesidad y en la que conviven familias numerosas, niños y niñas.

El Estado y las empresas proveedoras de servicios -entre ellas especialmente la Cooperativa Popular de Electricidad- tienen una respuesta que dar, que tome en cuenta no tanto la cuestión burocrática o meramente legal, sino los derechos humanos.

Otro costado del derecho a la vivienda refleja ante la opinión pública la problemática de otro sector social, menos vulnerado: trabajadores y trabajadoras que accedieron a departamentos del ProCreAr en la era macrista quedaron rehenes de un cambio en las reglas de juego que impuso el propio Estado, al aplicar el maldito índice UVA.

Esa herramienta, un negocio para los bancos, se contrapone con la propia existencia de un programa de vivienda que se había caracterizado por su popularidad y su tendencia a la igualdad: algunas de esas 28 familias pampeanas incluso especulan con la conveniencia de abandonar sus viviendas si no hay una solución de fondo.

Esa solución, que desde ya debe involucrar al Estado nacional y al banco involucrado (el Hipotecario) pero también podría requerir de una decisión provincial, no tiene que ser la misma que para el resto de los hipotecados UVA, sino tener en cuenta que en este caso los adjudicatarios no fueron a buscar ese tipo de crédito, sino que fue el propio Estado el que se los impuso, a contramano de lo que preveía el programa original y dejándolos en franca desigualdad con el resto de sus vecinos y vecinas.

Por viviendas idénticas, quienes accedieron a su departamento en las condiciones originales pagan mensualmente $12.000 (a 20 años) y saben cuánto abonarán mes a mes por el resto de los días, en tanto que "los UVA" pagarán en febrero más de $30.000 (a 30 años) y tienen absoluta incertidumbre respecto del devenir de esos montos e intereses.

Ese solo ejemplo, sumado a que otros departamentos que se entregaron posteriormente se adjudicaron en las condiciones del crédito original, debiera ser suficiente para que los organismos involucrados estudien una revisión de lo actuado, que se cae de madura.