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A pesar de la resistencia del sector en todo el país, el Gobierno Nacional decidió la prórroga. Es para contratos por vivienda única.
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EL DIARIO digital
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Cuando todo indica que el Gobierno Nacional hará efectiva la medida la semana próxima, el Colegio de Martilleros de La Pampa salió a pedirle que no extienda el congelamiento de alquileres y la prórroga de contratos que dispuso el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus. Asegura que la "medida generará más dificultades al sector inmobiliario".
El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero.
La norma vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.
De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida como para el pago de deudas.
Rechazo
A través de un comunicado, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de la Provincia de La Pampa advirtió con "mucha preocupación e inquietud la posibilidad que el Gobierno Nacional extienda aún más los plazos de los decretos 320/20 y 766/2020 en relación al congelamiento de alquileres y prórroga de los contratos".
Se opone porque considera que con "dicha medida generará más dificultades al sector inmobiliario, desactivando la oferta de propiedades para alquileres, provocando un grave perjuicio para los propios inquilinos a los que el Estado expresa querer proteger".
"A esto se suma que el mercado de compraventa también se encuentra en estado crítico", aseguró la entidad.
"Además la imposibilidad de efectuar lanzamientos de desalojo por falta de pago de cánones locativos trae aparejado la no libre disponibilidad de inmuebles y acrecentamiento de deuda en perjuicio de todas las partes (locador, locatario, garante)", se quejaron los martilleros.
"Los Corredores de Comercio son profesionales los cuales están facultados y capacitados para lograr acuerdos de conciliación como quedó demostrado durante esta pandemia y alcanzar armonía entre las partes, en pos de beneficios de ambas relaciones; pero para tal cometido deben contar con la respectiva libertad contractual y de mercado", afirmaron.
"Estos decretos provocan una gran intromisión del Estado en los mercados generando distorsiones que dificultan el normal desarrollo de las actividades económicas", concluyeron.
Decisión
Al cierre de esta edición fuentes del Gobierno Nacional hicieron trascender que se tomó la decisión de extender la medida hasta el 31 de marzo.
La resolución sería publicada en el Boletín Oficial la semana próxima.
