Semana clave en la causa de los jueces y el fiscal por violar la cuarentena

Comienza una semana clave en la causa judicial por la violación de la cuarentena durante el Día del Amigo que tiene como protagonistas excluyentes a los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge y al fiscal general Guillermo Sancho.

Tal como adelantó a El Diario la semana pasada el fiscal Jorge Amado, a cargo de la investigación, la audiencia será virtual y se notificará a los involucrados que se los investiga por haber infringido el artículo 205 del Código Penal.

En la causa también están acusados el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri; el empresario Carlos Ruiz Pérez; y el abogado santarroseño Marcelo Molín.

Ante una consulta de este diario, Amado aclaró que en el expediente judicial no hubo ninguna presentación buscando una salida alternativa, algo que habilita el nuevo Código Penal, que prevé un resarcimiento económico y el cierre del expediente judicial.

“Se decía de un ofrecimiento de 70.000 pesos, pero eso formalmente no está en el legajo”, aseguró Amado.

A pesar de esto, El Diario pudo saber que ese ofrecimiento de dinero se realizó de forma verbal por parte de la defensa de los acusados. Buscaban el aval de la querella, es decir, del Estado, pero no lo consiguieron. Por eso no avanzaron con la formalización de la propuesta.

En relación a la investigación, Amado contó que “se le corrió vista a los defensores y partes para preguntarles si quieren declarar como imputados. El defensor oficial Pablo De Biasi, que defiende a Pedro Arcuri, contestó que su cliente no iba a declarar; y el abogado del resto de los involucrados, el doctor (Mario) Aguerrido, todavía no contestó”, detalló el fiscal a mediados de la semana pasada.

“El próximo paso a seguir, sea que declaren o no, sería la formalización ante el juez”, agregó Amado. En primer momento dejó abierta la posibilidad de que ese trámite se cumpliera la semana pasada. Pero eso no ocurrió.

El caso

El empresario achense Carlos Ruiz Pérez resultó positivo de coronavirus. Con los datos que brindó en el seguimiento epidemiológico de su caso, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, presentó una denuncia penal ante la sospecha de que los participantes a un encuentro social podrían haber violado la cuarentena. La decisión de Salud fue aislar a los participantes del encuentro (Pablo Balaguer, Guillermo Sancho, Miguel Vagge, Pedro Arcuri y Marcelo Molín) en forma preventiva, aunque luego se comprobó que no resultaron contagiados.

El juez Vagge y Ruiz fueron los únicos que dieron una versión pública del hecho, cuando admitieron que se juntaron a compartir “una picada” y estimaron que se fueron de la casa de Balaguer poco después de las 20, máximo 20:30. El Gobierno Provincial echó a un funcionario que estuvo presente en el encuentro -Pedro Arcuri- y se presentó como querellante en la causa. Los funcionarios judiciales solo pueden ser removidos de sus cargos a través de un jury de enjuiciamiento.

El fiscal Andrés Torino quedó a cargo de la investigación después de que el primer fiscal de la causa, Maximiliano Paulucci, se apartara por la relación de amistad que mantiene con su colega Sancho.

Los jueces Miguel Vagge y Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho, el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín ya habían hecho una oferta de reparación a través del pago de una multa (20.000 pesos). Pero la Fiscalía les respondió que era prematuro resolver esa oferta.

Desde el inicio de la investigación, la defensa de los funcionarios judiciales intentó hacer caer la causa hasta que el Superior Tribunal de Justicia le puso un freno a los recursos.

Aguerrido planteó la nulidad de la causa por entender que la investigación se inició a partir de que el empresario de General Acha Carlos Ruiz Pérez se autoincriminó, después de dar positivo de COVID-19, al contarle a un médico con quiénes había participado en ese encuentro social.

En la causa, el Estado provincial se presentó como querellante, manifestando así un especial interés para que se tome una medida ejemplificadora para que la población respete las medidas preventivas tomadas en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Se tiene, sobre todo, en cuenta la gravedad institucional que tienen los casos”, justificó la fiscala de Estado Romina Schmidt.