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Será el primer encuentro de las provincias y la Nación para discutir el plan de obras necesario y cumplir con el fallo de la Corte.
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EL DIARIO digital
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La Pampa y Mendoza tienen varios frentes de conflictos abiertos. Uno de ellos es el conflicto de las aguas del río Atuel que, con un reciente fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia fijó un caudal permanente de agua de 3,2 m3 por segundo en el límite entre las jurisdicciones.
Este miércoles se realizará a través de teleconferencia la primera reunión del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) tras este fallo, en el que la provincia insistirá en un plan de obras que asciende los $ 1.000 millones.
En realidad habrá dos encuentros de los "grupos de trabajo". Uno que llevará adelante el denominado "grupo técnico"; y otro representado por el Consejo Ejecutivo, que es el máximo organismo de decisión que tiene la CIAI.
En este último caso, la delegación pampeana llevará a representantes de Ambiente, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Fundación Chadileuvú, de la Asamblea por los Ríos, de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Fiscalía de Estado.
Entre otros, también estarían presentes el secretario general de la Gobernación, José Vanini, y el diputado nacional Hernán Pérez Araujo.
La Pampa y Mendoza tienen 90 días para ponerse de acuerdo y fijar una serie de obras que se financiarán en parte con la Nación, para llegar de los magros 0,5 m3/s hasta los 3,2 fijados por la CSJ. En caso que no haya acuerdos, será la Corte la que decidirá.
El Gobierno mendocino, según sostienen los diarios locales, intentará en estos 90 días no despegarse de la oferta realizada por la Nación a través del Instituto Nacional del Agua (INA), y a la que adhirió Mendoza en noviembre del 2019, cuando se presentó ante la Corte el documento, firmado por el exgobernador, Alfredo Cornejo; el fiscal de Estado, Fernando Simón; y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.
Ese plan de obras había sido presentado por el INA, que depende del Ministerio de Obras Públicas nacional, en octubre del año pasado, cuando aún gobernaba Mauricio Macri.
"Si bien tenía diferencias con la propuesta que había hecho Mendoza, ya que la provincia planteaba trabajos más ambiciosos y con obras que harían más eficiente más la utilización de agua, tenía varios puntos en común, por lo que se decidió apoyar la idea", indicó el diario Los Andes.
“Teníamos el temor que con el cambio de Gobierno nacional, tras la salida de Macri, también mutara la posición que había tenido la Nación hasta el momento en el conflicto del río Atuel. Nos parecía que las obras propuestas por el INA no eran negativas a nuestro entender, por eso nos presentamos ante la Corte y adherimos ese plan de trabajos”, destacó uno de los representantes de Mendoza al mismo periódico.
De esa manera, en Mendoza creen que evitarían lo que finalmente ocurrió con Portezuelo del Viento: el giro político que dio el gobierno de Alberto Fernández a favor de La Pampa, poniendo trabas a la realización de la obra a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
“Creemos que la Nación no va a cambiar su posición, sobre todo teniendo en cuenta que, en su fallo, la Corte pide a las provincias que se ajusten en base al plan presentado por el Gobierno Nacional, y al que se plegó Mendoza”, agregó el mismo interlocutor.
