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Va a juicio el empresario De Franco por el despojo al puestero Albornoz

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El debate y tiene fecha: será el próximo 3 de agosto, a las 8:30 horas. Se trata del caso del puestero Simplicio Policarpo Albornoz, cuyo defensor es el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez.

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Finalmente, se hará Justicia. El próximo 3 de agosto empezará el juicio al empresario bonaerense Antonio Santiago De Franco por el despojo que sufrió de su campo el puestero Simplicio Policarpo Albornoz en el oeste pampeano.

Antonio De Franco está sospechado apropiarse de unas 200.000 hectáreas en el oeste pampeano, entre ellas donde Albornoz residía desde hace décadas. Pero desde la década del ‘90, se ha desalojado a una decena de familias en la zona de Limay Mahuida.

En esta causa en la que será juzgado, puntualmente se le atribuye haber ejercido “actos de turbación de la posesión y alteración de los límites” respecto de la fracción de campo denominada Puesto Albornoz, ubicada dentro del Lote 6 Fracción D Sección XIX del departamento de Limay Mahuida ocupada por Simplicio Albornoz, mediante la instalación de un alambrado de seis hilos a lo largo del sendero que le impidió a su poseedor tener ingreso a través del camino vecinal como así se lo despojó de la aguada existente cercenándole el acceso de sus animales hasta ese lugar.

De Franco habría adquirido las tierras mediante un remate realizado por la Compañía Sudamericana de Financiación y en pleno conocimiento que estaba ocupado por Simplicio Albornoz, su esposa e hijo.

El abogado querellante, José Bibiano Cedrún Gutiérrez, dijo en su momento que los hermanos De Franco hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente reclamaron a la empresa Compañía Sudamericana, que figuraba como titular registral del citado lote 6, que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y, entonces, los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó el embargo del lote 6 y ordenó la subasta que se hizo el 10 de abril de 1999. Los compradores fueron, precisamente, los hermanos De Franco. El Lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

En 2010, los De Franco hicieron nuevos alambrados. Esta vez, empezaron a cortar el paso por caminos vecinales y a una aguada. Cedrún Gutiérrez advirtió que “la adquisición no fue de tan buena fe” y que “cuando lo alambran al Lote 6, sabían que la titular registral, la Compañía Sudamericana, no existía más”.

“Inician un juicio, una demanda, a una compañía fantasma. Sabían que iban a ganar el pleito y lo ganan. Como no logra cobrar, piden y logran la subasta. Y se quedan con ese lote. Se hizo todo en una apariencia de legalidad”, manifestó el abogado.

Acusación

La acusación contra De Franco fue formulada por el fiscal general Guillermo Sancho el 9 de septiembre de 2014. A partir de ahí, el abogado del empresario desplegó una estrategia judicial con la idea de llegar a la “prescripción” de la causa, pero no tuvo suerte.

De Franco y su defensor trataron de argumentar la “prescripción” con dos argumentos: por un lado, que la acusación del fiscal había señalado que la turbación de la posesión había comenzado a finales de 2009, y como la prescripción comienza a correr desde la medianoche en que tuvieron lugar los actos turbatorios, consideraban que la acción se encontraba “ampliamente prescripta”; por el otro, que el plazo de la investigación fiscal “excedió largamente el estipulado por la ley procesal” y que debía dictarse el “sobreseimiento”.

Tanto el Tribunal de Impugnación Penal (en 2015) como el Superior Tribunal de Justicia (en octubre del año pasado) le habían rechazado sus planteos.

Luego de la resolución del máximo tribunal judicial del país, no le quedaba más alternativa que enfrentar el juicio oral y público. La Justicia pampeana tampoco le concedió el beneficio de una "probation".

La indagatoria

Antonio De Franco fue sometido a una “declaración de imputado” bajo la sospecha de “haber ejercido actos de turbación de la posesión y alteración de los límites respecto de la fracción de campo denominado “Puesto Albornoz”, ubicado dentro del Lote 6, Fracción D, Sección XIX, del Departamento de Limay Mahuida (LP), ocupada por el señor Simplicio Albornoz, ello mediante la instalación de un alambrado de seis hilos a lo largo del sendero que le impidió tener ingreso a través del camino vecinal, como así se lo despojó de la aguada existente cercenándole el acceso de sus animales hasta dicho lugar”, según consta en la documentación judicial.

Antes de que hiciera uso de la palabra, a De Franco le hicieron saber que las pruebas existentes en su contra eran: “Denuncia interpuesta por Simplicio Albornoz, constancia remitida por la Receptoría General de Expedientes, copia de recorte periodístico de El Diario de La Pampa de fecha 5 de agosto de 2012, informe del subcomisario Aranda de La Reforma, informe de la Dirección General de Catastro, informes del Registro de la Propiedad Inmueble, declaración de Juan Galván”.

Ante el fiscal general Guillermo Sancho, Antonio De Franco volvió a repetir la misma historia que hasta ahora todavía no pudo acreditar. Que “Albornoz nunca estuvo ni está actualmente en el Lote 6, su casa siempre estuvo y está en el Lote 15, propiedad de Nicanor Daso” (Nótese que la propia descripción del fiscal en la acusación, mencionada más arriba, ubica a Albornoz en el Lote 6. Además, así está asentado en el mapa del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General de Catastro).

El acusado también contó que en el año 2009 hizo un “alambre perimetral por línea de mensura establecida por Catastro de la Provincia de La Pampa”, para la cual había llegado a “un arreglo con Daso para compartir los gastos”.

En la documentación, siempre en relación a la declaración indagatoria de De Franco, se precisa lo siguiente: “Por el Lote 19 entra un camino vecinal que figura como huella, el cual ingresa al Lote 6 y luego para el 15 de Daso, y cuando hizo el alambrado dejó una tranquera de paso para el Lote 15 como corresponde. Más tarde, en julio de 2012 se roban el alambre de casi cuatro mil metros aproximadamente, por lo que habló con Juan Galván para que reponga el alambre sustraído, y de paso rodee el camino vecinal para que quede la huella de acceso directo al Lote 15 lindante, dejando aclarado que, incluso en ese espacio que cedió, quedó una aguada”.

En el mismo escrito se deja constancia que De Franco confeccionó “a mano un croquis con lo expuesto”. Antonio De Franco constituyó el domicilio procesal en la calle Uruguay 312 Primer Piso, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

La queja de los abogados por la fecha del debate

"Lamentablemente no han tenido mejor idea que fijar la fecha en un momento donde este letrado no pueda estar presente", se quejó ayer Cedrún Gutiérrez desde Buenos Aires, donde reside luego de conocida la novedad del inicio del juicio.

"Ni haciendo la cuarentena puedo estar presente...porque tengo casi 84 años y además soy hipertenso desde hace más de 10 años, lo que implica un alto riesgo para mi así como para las personas que pudieren llegar a estar cerca", completó.

Cedrún Gutiérrez también contó que "solicite prontamente la suspensión del debate que fue programado sin consulta alguna con los profesionales, porque no consultaron a los defensores ni a mi...de ahí se aprecia el ínfimo grado de importancia que los letrados tenemos para con el Tribunal", se quejó

Luego argumentó que "si bien es cierto que se avecinan los juicios a distancia, lo cual celebro, lo concreto y real es que este letrado no está aún preparado para esa modalidad. E s decir la posibilidad técnica en condiciones semipresencial o remota -conforme lo así dispuesto por el Acuerdo 3705 Anexo I art. 7 y 13 del Superior Tribunal de Justicia- debió a mi entender consensuarse con las partes y no decidir a su antojo”.

"Yo pedí puntualmente la fijación de otra fecha, en la que la pandemia permita hacer el juicio oral, donde no se aprecia que resulte indispensable que deba materializarse en plena crisis de salud después de haber estado tramitando casi 10 años. La negativa del doctor Andrés Olié no se hizo esperar", dijo en relación al juez de la causa.

"La presencia del querellante y el imputado con sus abogados defensores lo considero de vital importancia, pues el desarrollo de un debate sin la presencia de ellos sin ninguna duda afecta los derechos y garantías constitucionales. Mi colega rival en el proceso, el doctor Luciano Sacco, en coincidencia conmigo, se ha manifestado que se están afectando los derechos de defensa en juicio pilar del debido proceso legal", sostuvo Cedrún Gutiérrez.

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