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Pozos que aumenten el caudal y la impermeabilización de unos 160 kilómetros desde Carmensa hasta Vinchuqueros, en el límite con La Pampa. El financiamiento seria en un 70% aportes de Nación y el resto entre las dos provincias.
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EL DIARIO digital
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La dirigencia política tomó con bastante calma el histórico fallo que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de cual fijó 3.2 de caudal minimo para el río Atuel en territorio pampeano.
Tanto el gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, como otros funcionarios, festajan el fallo bajo el argumento de que "se determinó un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s de manera gradual, es decir con una serie de obras necesarias para llegar a ese número, tal como había propuesto la provincia y también la Nación en 2018”.
El diario mendocino Los Andes señaló que la propuesta es “intermedia” entre lo que se había propuesto en un primer momento por las provincias (4,5 m3/s exigido por La Pampa; y 1,3 m3/s por Mendoza), el ofrecimiento de la provincia fue en base a esas obras llegar a un mínimo de 2,2 m3/s y luego tener la meta de los 3,2 m3/s.
El fiscal de Estado, Fernando Simón, relató a Los Andes que La Pampa “quería de manera inmediata los 4,5 metros cúbicos, lo que hubiese implicado un grave problema para los productores de la provincia” que alimentan sus cultivos con agua del Atuel (actualmente se abarcan 42.000 hectáreas).
Simón calificó el dictamen de la Corte como una “gran noticia” para Mendoza, teniendo en cuenta cómo se fue dando el conflicto históricamente, y de la misma manera se mostró el Gobierno provincial, ya que el máximo tribunal falló en consonancia con la propuesta local.
Respecto a las obras, Simón detalló que tiene diferentes etapas, pero las principales, con las que se garantizarían los primeros 2,2 metros cúbicos serían con una serie de pozos que aumenten el caudal, regulados por los diques; y también la impermeabilización de unos 160 kilómetros desde Carmensa hasta Vinchuqueros (límite con La Pampa), ya que es una zona de suelo arenoso que implica la filtración actual de agua.
“En un año luego de esos trabajos, se llegaría a los 2,2; y con otras obras que permitan el trato eficiente del agua, se llegará a los 3,2 dictaminados”, declaró el Fiscal de Estado respecto al plan de obras presentado, que en una última etapa propone también el cuestionado trasvase del río Grande al Atuel.
En cuanto al financiamiento de los trabajos, Mendoza plantea que el 70% sea costeado por la Nación; un 15% la provincia y el 15% restante por La Pampa.
