El Juzgado Federal de Santa Rosa dijo que no encontró pruebas para imputar al ingeniero de Jubete y a otros exfuncionarios del municipio. Tampoco para sobreseerlos.

El juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, dictó la falta de mérito del ex intendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga, de otros exfuncionarios municipales, y del empresario Omar Jubete y el ingeniero de la empresa constructora, en la causa por la denuncia de irregularidades en la obra de renovación de la red cloacal del barrio Butaló de Santa Rosa.

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La denuncia la había presentado la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hace cuatro años atrás y el exintendente radical, Leandro Altolaguirre, al principio de su gestión, decidió que la comuna actuase como querellante.

La concejala del FrePam, Claudia Giorgis, había denunciado públicamente la situación irregular de la obra de cloacas en 2015. Descubrió conexiones que no se hicieron y cañerías que no se cambiaron. Un especialista contratado por el municipio, el ingeniero Néstor Giorgi, había confirmado las deficiencias de la obra.

Ahora Baric firmó la resolución de falta de mérito -a la que accedió El Diario- el pasado 23 de junio. En los hechos, significa que no encontró pruebas para acusar del delito de fraude en la construcción y defraudación al estado en contra de Larrañaga y a los demás. Pero tampoco la investigación le permitió declararlos inocentes. Seguirán ligados a la causa hasta que se agreguen nuevos elementos que le permitan tomar una decisión definitiva.

También resultaron favorecidos por la falta de mérito los ex funcionarios municipales Adolfo Antonio Bruno (inspector), Nicolás Echeverría (director), Daniel Antonio Ucciardello (secretario de OPúblicas) y el ingeniero de la empresa constructora, Mario Daniel Giandón.

Baric manifestó que el 20% de los trabajos no realizados que planteó la denuncia se achicó a un 7% durante la investigación. Y consideró que el inspector municipal, Bruno, y el ingeniero de la empresa, Giandón, fueron los que estuvieron encima de la obra y el intendente, el empresario y los otros funcionarios solo ponían la firma y no tenían conocimiento de lo que sucedía con los trabajos.

Una obra cuestionada

Cabe recordar que al final de la gestión del justicialista Luis Larrañaga –en 2014- se impulsó la refacción de la red cloacal que había colapsado y los derramos y las quejas de los vecinos eran constantes. El gobernador era Oscar Jorge y se consiguió que el gobierno nacional financiara las refacciones. La constructora Jubete realizó muchas obras públicas durante esos años. De hecho, fue la encargada de construir el autódromo provincial.

La empresa Jubete ganó esa licitación por 2,9 millones de pesos. Luego hubo una redeterminación de precios por 300 mil pesos.

El bloque de concejales del FrePam denunció públicamente las irregularidades a partir de descubrir que algunas conexiones a las viviendas no se habían realizado, otras se habían hecho sin respetar el pliego y se habrían pagado adicionales por tareas realizadas dos veces.

cloacas butalo

Una auditoría del ENOHSA avaló la existencia de irregularidades cómo que no se realizaron todos los trabajos (por lo que se pagó de más) y que la puesta en marcha sin completar la red provocó daños. Reclamó al municipio la devolución de recursos.

La FIA presentó la denuncia en la justicia provincial. Pero por considerar que el estado nacional fue el afectado –financió la obra-, el fiscal Máximo Paulucci se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Federal.

Allí fueron llamados a declaración indagatoria todos los imputados. Larrañaga y Jubete se aferraron al silencio. Solo declararon e intentaron deslindar responsabilidades el inspector municipal, Antonio Bruno, y el ingeniero de la empresa, Mario Giandón.

Resolución abierta

En la fundamentación de la falta de mérito, Baric sostuvo que “no se ha superado el mero estado de sospecha que justificara la indagación de los encartados, no es posible avanzar en la hipótesis delictiva planteada”. Aclaró, no obstante, que tampoco le “resulta posible arribar a una conclusión desincriminatoria”.

En primer lugar, el juez señaló que no está claro que le corresponda la competencia porque los fondos nacionales ingresaban a las arcas municipales y luego salían hacia la empresa. Como el ENHOSa reclamó la devolución de los pagos por tareas no realizadas al municipio, el juez sugirió que la parte acusadora revea esta cuestión en los siguientes pasos del expediente porque tal vez sea la justicia provincial la que deba concluir la investigación.

En segundo término, respecto al fondo de la cuestión, que le impide de momento acreditar que hubo delito, el juez recordó que los derrames y la infiltracióin de líquido cloacal en el terreno del barrio era anterior al inicio de la obra y no hay pericia en la causa que certifique que eso se haya agravado como consecuencia de la obra llevada adelante por Jubete.

Además, el juez mencionó que se hicieron menos conexiones domiciliarias que las previstas en la licitación porque en un tramo no existía red porque allí hay una subestación transformadora de la CPE y líneas que alimentan al barrio. Se dedujeron 82 metros de cañería, una disminución del 2,42% del contrato original, según dijeron Bruno y el ingeniero en sus indagatorias y –dice el juez- fue corroborado.

“Surge además de lo informado por el propio Municipio que sólo tres domicilios no fueron conectados en debida forma y en otros quince debió reemplazarse la cañería vieja de asbesto cemento comprometidos en el contrato y no 20 % que se expresa en el informe del ENOHSA”, advirtió el juez.

“Se desconoce en base a qué documentación u observación el auditor del ENOHSA volcó tal afirmación en su informe pero ella no guarda relación con las pruebas colectadas y en particular el informe de la propia municipalidad, antes citado, lo desmiente”, afirmó.

“En orden a los otros ítems contratados en el pliego, surge del informe del municipio que con posterioridad a la recepción de la obra sólo debió reemplazarse una boca de registro en calle Macachín esquina Ferrando; lo que no representa una falla significativa en relación a la envergadura de la obra en cuestión”, agregó.

“Las condiciones de la obra relativas al reemplazo de las cañerías de la red cloacal y reconexión de los domicilios de los vecinos del Barrio Butaló – cuyas viviendas se encuentran habitadas – y la circunstancia de que no se evidenciaran problemas durante la ejecución de la obra – a medida de que eran reconectadas las viviendas – y durante el plazo de garantía de la obra, da en principio la razón a los imputados Giandon y Bruno el sentido de que la obra fue ejecutada conforme a lo contratado”, afirmó.

Y alertó que si no hubieran sido otras “las consecuencias de un barrio completo de la ciudad, con una importante densidad demográfica, desconectado de la red cloacal durante más de un año”.

En definitiva, estimó que “la afirmación de la acusación en relación a las deficiencias de la obra no ha sido debidamente acreditada hasta el momento” y aclaró que no se puede endilgar “mala práxis” porque los delitos que se aluden no admiten su realización en forma culposa.

Otro elemento que valoró el juez fue que los acusados aportaron planos en los que aparece que la obra abarca una zona que está dentro de un área mayor con problemas en el sistema de cloacas, cuyo mal funcionamiento podrían haber afectado a esa parte del barrio.

“Lo apuntado me impide, de momento, concluir en que respecto de la obra pública involucrada en las presentes actuaciones se hubieren configurado los elementos típicos de los delitos atribuidos por la querella y la acusación pública; debiendo profundizarse la investigación en tal sentido”, redondeó.

Larrañaga y Jubete, desconectados

Si bien no los sobreseyó, Baric si consideró que Larrañaga –y los otros funcionarios- y Jubete no estuvieron encima de la obra y los dejó un poco más despegados que al inspector y al ingeniero.

“No se han aportado probanzas que permitan tener por acreditado que los funcionarios actuante hubieran conocido la existencia de irregularidades en la obra. La documentación para solicitar los fondos nacionales se presentó antes de la primera denuncia relativa a la obra”, señaló el juez.
“De la prueba de cargo recolectada sólo puede afirmarse que Giandón y Bruno eran quienes conocían la obra de primera mano ya que, por sus respectivas funciones, debían estar en el terreno”, manifestó.

En el caso de Larrañaga y los demás, indicó Baric, “si bien su firma era necesaria, lo cierto que ello era necesario por sus posiciones funcionales – administrativas y políticas – ya que sin su intervención la obra nunca podría haberse ejecutado, ahora dicha responsabilidad en modo alguno puede trasladarse al plano del derecho penal – cuya atribución es eminentemente personal – en la medida en que no se acredite que hubieren tenido conocimiento de las irregularidades de la obra y, con dicho conocimiento, hubieren igualmente actuado”.

“La prueba reunida no sólo no permite tener por cierto que conocieran que la obra hubiere tenido inconvenientes sino que, por el contrario, la fecha del primer reclamo desvirtúa prima facie tal posibilidad”, completó.

Y agregó que “sucede lo mismo con Jubete que siendo el particular que ejecutó la obra y habiendo presentado las facturas para el cobro de los Certificados de Avance –confeccionados por Giandon y Bruno- vio aprobado el trámite sin objeciones y recibió sus pagos antes de que se verificaran reclamos de los vecinos”.