La tapa de EL DIARIO de hoy

La Pampa

La Fiduciaria de Viviendas compró los inmuebles al municipio. Serán incorporados al pan de venta de Lotes con servicios, que impulsa el gobierno provincial.

Los transportistas se manifiestan en el cruce de las rutas 1 y 5, cerca de Catriló por la falta de gasoil. También protestan en la zona de Guatraché, General Pico y Eduardo Castex. En todos los lugares, solo permiten la circulación de autos.

En medio de la tensión por la fuerte denuncia pública y el inicio de actuaciones judiciales, los hermanos Adonis y Elián Gómez se presentaron ayer a trabajar en Casa Pueblo.

Son las unidades habitacionales pertenecientes al proyecto urbanístico Caldenia. La entrega estuvo demorada por una deuda con la UTE que dotó de servicios a las viviendas.

El EPRC trabaja para el aprovechamiento sustentable del río Colorado y ampliar las zonas productivas bajo riego en La Pampa.

Palabras de Horacio di Nápoli en la movida del Ejecutivo por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Seguridad Ciudadana: "Tato" González explica que buscan "el mayor consenso posible".

El gobernador Sergio Ziliotto remarcó la necesidad de que la Legislatura provincial avance en la normativa que derogaría normas dictatoriales. El propio oficialismo generó algunas dilaciones.

Las reparticiones públicas donde se produjeron casos ya están informadas y se están realizando los cambios en los legajos personales y se sumarán más nombres al listado oficial de casos antes no contemplados, según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El radicalismo provincial intenta mostrarse movilizado, trabaja pensando en 2023. Hizo una reunión en Trenel.

La posición de los remiseros frente al debate que se da por la transferencia de licencias.

Tanto los primeros denunciantes -los hermanos Gómez, como el testimonio de Carla- revelan que los beneficiarios del plan "Potenciar Trabajo" eran obligados a la compra de productos panificados, cuya recaudación no tenía un fin transparente. También, siempre a esta versión, fue un elemento de presión para los beneficiarios, que terminaban agobiados por deudas.

Una vecina del barrio Santa María de Las Pampas, que cobra ese programa, reveló que los referentes le pedían aportes de dinero y la obligaban -junto a otras compañeras de una "unidad productiva"- a vender otros productos y entregarles el efectivo. También que eran víctimas de malos tratos a partir de los planteos y los cuestionamientos sobre el destino de la plata.

Dijo que trabaja en una desarrolladora en la que cobra 81.000 pesos por mes. "Soy estudiante de arquitectura y con ese sueldo me pago el alquiler y los gastos de la facultad, a obra social, el auto, vivir en definitiva", contó.

La propuesta conflictiva en el marco de la discusión por la nueva ordenanza del servicio público.