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EL DIARIO digital
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Este miércoles comenzó formalmente en Mendoza la discusión legislativa por al aval al proyecto de exploración minera Cerro Amarillo.
El gobierno de Rodolfo Suárez remitió al Senado provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa para que obtenga el visto bueno que exige la legislación provincial.
El oficialismo accedió a dilatar el debate a pedido de la oposición y resaltaron que se avanzará "sin prisa pero sin pausa" hasta su votación.
Desde AMPAR (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) advirtieron que la iniciativa "viola legislaciones ambientales vigentes".
"En la provincia de Mendoza, el Departamento General de Irrigación presentó el informe de Pronóstico de Caudales 2022/2023 anticipando 'sequía severa o extrema en los ríos mendocinos', cuyo caudal estará entre el 40% y el 58% del de un año normal. Sin embargo, la irracionalidad de algunos funcionarios del Gobierno provincial insiste en promover la megaminería hidrotóxica, que podría profundizar la crisis hídrica, afectar la sustentabilidad de la agricultura y provocar un ecocidio de los oasis mendocinos", señalaron en un informe.
"En la zona donde se ubica la concesión minera de Cerro Amarillo, se encuentran los ríos y arroyos que nutren hidrológicamente importantes cuencas hídricas, principalmente la Cuenca del Río Grande, el mayor afluente de la Cuenca del Río Colorado", señalaron.
También en el área del yacimiento se encuentra las nacientes del Arroyo del Deshecho que alimenta el Río Salado, principal afluente de la Cuenca del Río Atuel, según apuntaron.
"Estas cuencas son importantes proveedoras hídricas de las Provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires y podrían ser afectadas por la contaminación del agua, la disminución crítica del caudal hídrico e impactos ambientales irreversibles si se llevara a cabo el proyecto megaminero hidrotóxico 'Cerro Amarillo'", insistieron.
Además, describieron que la iniciativa violaría las siguientes leyes ambientales vigentes: Ley Nacional de Glaciares, Ley Nacional N°25675, Ley Nacional N°25688 (Régimen de Gestión Ambiental De Aguas), Ley Provincial N°7722/07, Decreto Provincial N° 820/2006 – Art.23 (declaración de impacto ambiental del proyecto en cuestión, que debería ser actualizada) y el Acuerdo de Escazú al que Argentina adhiere.
El proyecto de Cerro Amarillo "ha sido presentado por el Ejecutivo provincial en la Legislatura de Mendoza para el tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental sin respetar el derecho a la consulta, el consentimiento previo, libre e informado por parte del pueblo mendocino, acceso a la justicia en asuntos ambientales como lo establece el Acuerdo de Escazú", detallaron.
Finalmente, denunciaron "agresiones, represiones, acoso, judicializaciones, contra militantes y personas defensoras del medio ambiente violando el Acuerdo de Escazú, como el caso de nuestra compañera Nora Moyano (Mendoza), compañero Aldo Flores (Catamarca) y muchísimos militantes más a lo largo y ancho de la República Argentina y el mundo".
(Foto: MDZol)
